ACOSET expresa su preocupación frente al borrador del decreto emitido por el Gobierno Nacional, el cual introduce restricciones que afectarían directamente la operación de las Empresas de Servicios Temporales (EST) y, con ello, la generación de empleo formal en el país.
El gremio rechazó, además, que desde algunos sectores del Gobierno se insinúe que las EST operan de manera ilegal o abusiva.
“Es un irrespeto que se pretenda señalar como ilegales a empresas que cumplen estrictamente la normatividad, que aportan al sistema de seguridad social y que generan empleo formal con todas las garantías de ley”, afirmó Miguel Pérez García, presidente de ACOSET.
Pérez agregó que el borrador de decreto desconoce los avances regulatorios del país.
“La tercerización laboral en Colombia no solo es legal, sino que, según el último estudio de la OCDE, es la mejor regulada en el mundo junto con Turquía con pleno respeto de los derechos de los trabajadores, y cuenta con el respaldo del convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló.
Respuesta al Ministro del Trabajo
ACOSET también lamentó las declaraciones del Ministro del Trabajo en las que cuestionó públicamente los comunicados del gremio en un tono ofensivo.
El gremio aclaró que todas sus comunicaciones han sido respetuosas, técnicas y basadas en evidencia, y que su propósito es advertir sobre los impactos reales del borrador de decreto.
“Las críticas no pueden convertirse en descalificaciones personales o institucionales. Nuestra responsabilidad es defender un modelo laboral legal y formalizador, y lo seguiremos haciendo con argumentos, no con agravios”, enfatizó Pérez.
Impactos del borrador del decreto
Entre los puntos más preocupantes del borrador se encuentran:
- El tope del 10% por dependencia, que desconoce las dinámicas productivas y reduce la capacidad de respuesta a los picos de demanda.
- La prohibición de rotación sucesiva, que afecta sectores con procesos continuos y abre la puerta a soluciones informales.
- La ampliación de sanciones, que genera incertidumbre jurídica sobre una figura laboral plenamente legal y supervisada.
ACOSET reiteró que su posición no es política, sino técnica y sustentada en evidencia. Limitar un modelo formal, regulado y altamente vigilado por el Estado no disminuye la precariedad laboral: la aumenta.
El gremio manifestó su disposición a un diálogo constructivo con el Ministerio de Trabajo para revisar los ajustes necesarios y garantizar una regulación que proteja a los trabajadores sin sacrificar la competitividad, la productividad ni la formalización laboral.