¿Están las empresas preparadas legalmente para 2026? Estos son los cambios a los que deberán adaptarse para el próximo año
La falta de protocolos legales claros expone a más de un millón de pymes a contingencias laborales y tributarias que se intensificarán con la entrada en vigor de la Reforma Laboral 2466 de 2025, obligando a las empresas a reorganizar su estructura contractual y fiscal antes de que finalice el año.
La estabilidad y el crecimiento de las más de un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia están condicionados a una estructuración legal inmediata. Expertos en derecho corporativo de Grupo Soluciones Legales advierten que el blindaje jurídico, un proceso que incluye desde la planeación fiscal hasta la estructura societaria, es un camino largo y complejo que puede tomar hasta un año. Este periodo se convierte en un desafío crítico ante la intensificación del marco normativo previsto para 2026, impulsado por nuevas legislaciones como la Ley 2466 de 2025.
El proceso integral de organización es lento, pues además de la complejidad de la legislación, la principal razón radica en que las empresas carecen de protocolos claros para estandarizar sus procesos legales. Esto deja a las empresas expuestas a los errores jurídicos comunes, que son la fuente principal de las contingencias legales.
“El principal desafío de las pymes colombianas de cara al 2026 es la persistente informalidad contractual y laboral. Las empresas incurren en graves riesgos al utilizar contratos de prestación de servicios para personal que opera bajo subordinación, una práctica que configura una relación laboral y expone a la empresa a litigios millonarios. A esto se suma la vulnerabilidad generada por contratos verbales o la desactualización de documentos importantes”, explica Alexander Grajales, gerente general del Grupo Soluciones Legales.
Una de las principales fuentes de presión normativa para las pequeñas y medianas empresas para el próximo año proviene de la Ley de Reforma Laboral 2466 de 2025. Esta legislación introduce una serie de cambios que tienen efectos tanto inmediatos como graduales, redefiniendo aspectos fundamentales de la relación entre empleadores y trabajadores. En esencia, la ley impacta de forma directa la contratación, la estructura de las jornadas laborales, el manejo de licencias, el cálculo de recargos nocturnos y dominicales, y los procedimientos disciplinarios internos.
Esto exige a las empresas una revisión exhaustiva de sus manuales de recursos humanos y sus modelos contractuales para evitar sanciones costosas. Aquellas que necesiten orientación rápida y precisa pueden acceder a asesoría especializada en Soluciones Legales, donde encontrarán acompañamiento para ajustar procesos y reducir riesgos.
El desorden jurídico impacta directamente la continuidad del negocio al generar riesgo laboral y tributario. La omisión en el pago correcto de la seguridad social sobre el devengado real del trabajador y la desactualización tributaria son focos de sanciones y demandas costosas que pueden llegar a cifras millonarias. Además, el incumplimiento de los procedimientos, vinculaciones y pagos conforme a la normatividad, que es la contingencia legal más frecuente, puede derivar en la pérdida de clientes estratégicos o el colapso por litigios.
Por esta razón, la auditoría y actualización del área laboral y tributaria se convierte en el aspecto mínimo e indispensable que toda empresa debe tener en regla para operar con seguridad en 2026. El directivo del Grupo Soluciones Legales recomienda actuar de forma activa antes de que finalice el año, pues recalca que el empresario colombiano carece de una cultura preventiva, acudiendo a servicios jurídicos solo cuando la demanda ya está en curso.
Por el contrario, una empresa jurídicamente organizada mitiga riesgos, evita costosos pagos de sanciones y no incurre en costos adicionales por demandas, lo que en última instancia contribuye directamente a su crecimiento y protege su reputación. De esta forma, el apoyo jurídico deja de ser un gasto opcional para convertirse en una inversión esencial que garantiza la supervivencia y la capacidad de las Pymes colombianas para competir en el mercado.
