De acuerdo con un reciente informe de la OCDE, el conflicto en el Medio Oriente no figura entre las preocupaciones inmediatas de la mayoría de los colombianos. Pero sus efectos ya están viéndose a través de canales que van desde el precio del arroz hasta la posibilidad del Banco de la República para bajar tasas. Entender esos mecanismos de transmisión es clave para anticipar lo que viene en los próximos trimestres.
El canal más directo: los fertilizantes
Colombia importa prácticamente la totalidad de los fertilizantes que consume. Su tasa de dependencia de urea y amoniaco se aproxima a 1,0, una cifra que, en el lenguaje técnico, significa que no hay producción doméstica relevante que sirva como amortiguador. Entonces, cuando el Golfo Pérsico, que concentra más del 30% de las exportaciones mundiales de estos insumos, entra en un ciclo de incertidumbre, Colombia queda expuesta de forma casi inmediata.
La menor disponibilidad o mayor precio de fertilizantes eleva los costos de producción agrícola, lo que se traslada al precio de los alimentos en pocas semanas. Y en una canasta básica donde los alimentos tienen un peso determinante para los hogares de ingresos bajos y medios, ese efecto no es menor, de hecho, es una de las variables que más rápido transmite la inflación importada hacia el consumo interno.
En episodios anteriores de volatilidad en los mercados de fertilizantes, como el que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022, Colombia registró presiones inflacionarias en la cadena agroalimentaria que tardaron varios trimestres en disiparse. La diferencia ahora es que el punto de partida en términos de tasas de interés y espacio fiscal es más estrecho.
El asunto es que la inflación de alimentos no afecta a todos los colombianos por igual. Los hogares en los deciles de ingreso más bajos destinan una proporción significativamente mayor de su gasto a la canasta alimentaria, lo que los hace estructuralmente más vulnerables a cualquier presión sobre los precios agrícolas.
Así las cosas, la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables se convierte en una variable de política pública (que es explotada hábilmente en periodo electoral). Eso implica que los instrumentos de focalización del gasto social como subsidios, transferencias, y programas de estabilización de precios empezarán a ganar relevancia mediática y populista.
La política monetaria entre las espadas y la pared
El Banco de la República fue uno de los primeros bancos centrales de América Latina en iniciar el ciclo de recortes de tasas, comenzando en 2024. Esa decisión respondía a una lectura correcta en donde la inflación local cedía y el costo del crédito seguía siendo un freno para la actividad económica. El problema es que ese ciclo enfrenta un entorno externo que empuja en dirección contraria y una política fiscal irresponsablemente expansiva.
Si el conflicto en el Medio Oriente se prolonga y los efectos de segunda ronda de la inflación por costos se generalizan, los mayores precios de energía e insumos se trasladarán precios de los servicios, por lo que el Banco de la República enfrenta una economía que necesita tasas más bajas para crecer y una inflación que no termina de converger hacia la meta.
Es por esto que la pausa en los recortes y hasta su reversión, es una decisión técnica necesaria. Obviamente eso tiene consecuencias concretas para el crédito hipotecario, el consumo de bienes durables y la inversión empresarial, sectores que ya mostraban señales mixtas antes del choque externo.
El alivio arancelario que no alcanza
En el frente comercial, Colombia registró una reducción en los aranceles efectivos aplicados por Estados Unidos, su principal socio comercial. En condiciones normales, ese sería un dato para celebrar pues un menor costo de acceso al mercado más grande del hemisferio pondría al país en mejor posición competitiva frente a otros exportadores y leva su potencial de expansión para sectores como el agroindustrial, el manufacturero liviano y los servicios.
El problema es que ese beneficio llega con un escenario de endurecimiento de las condiciones financieras globales y encarecimiento de la deuda colombiana. Esto es un contrapeso que opaca esa ventaja arancelaria. Las empresas exportadoras colombianas que podrían beneficiarse de ese acceso están, al mismo tiempo, absorbiendo mayores costos de insumos, energía y financiamiento. El saldo neto es, en el mejor caso, neutro.
Lo que puede hacer Colombia
La posición de Colombia frente a este choque externo no es de indefensión, pero tampoco es cómoda. El país tiene margen de maniobra en algunos frentes y restricciones estructurales en otros.
Lo que puede hacer es mantener la credibilidad de la política monetaria como ancla de expectativas, focalizar los apoyos fiscales hacia los sectores y hogares más expuestos, y avanzar en la diversificación de proveedores de insumos agrícolas, algo que existe en el papel desde hace años pero que el choque actual vuelve urgente.
Ahora bien, la dependencia de importaciones en insumos críticos y la fragilidad del espacio fiscal conforman un triángulo de exposición que el conflicto en el Medio Oriente no creó, pero sí activó.
Lo que es claro es que Colombia no puede evitar el impacto externo. La tarea es ahora para las instituciones económicas que deberán dar respuesta para amortiguar el golpe sobre los más vulnerables y preservar las condiciones para retomar el crecimiento cuando el entorno externo se estabilice. El problema es que con la actual administración la ortodoxia está bajo ataque.
