Gremios, expertos y operadores del mercado coinciden en que el riesgo es real, el margen se estrecha y la inacción tiene un precio mayor que las medidas preventivas.
Colombia lleva semanas escuchando la misma advertencia desde frentes distintos. El 29 de mayo, el Consejo Gremial Nacional lanzó una alerta formal sobre riesgo real de desabastecimiento eléctrico. Días después, analistas de Fedesarrollo, el operador del mercado XM y los gremios del sector energético, Acolgen, Andesco y Andeg, reiteraron el diagnóstico.
Un sistema más frágil que en los noventa
El punto de referencia es el racionamiento de 1992-1993, cuando apagones diarios provocaron una contracción notable del PIB y pérdidas que se medían en billones de pesos. Hoy el sistema tiene más capacidad instalada, pero también más vulnerabilidades estructurales.
Los embalses se ubican entre el 64% y el 67% de su capacidad, por debajo del umbral del 80% que XM considera óptimo. La energía firme, ya registra un déficit con proyecciones de entre menos 2% y menos 3,5% para 2026-2027. Las plantas térmicas, que deberían compensar la menor generación hídrica durante El Niño, operan con pérdidas y acumulan deudas. Solo Air-e tiene obligaciones de entre 2 y 2,7 billones de pesos con los generadores. A esto se suma que varios proyectos clave, incluyendo iniciativas en La Guajira, acumulan retrasos que el sector energético lleva meses señalando.
Mayo de 2026 registró un récord histórico de consumo eléctrico, impulsado por olas de calor que elevaron la demanda residencial y comercial en un momento en que los embalses ya mostraban señales de alerta. Esa combinación de mayor demanda, menor oferta firme y deudas acumuladas es la que tiene a los expertos encendiendo todas las alarmas.
Lo que costaría un racionamiento
Fedesarrollo y el Banco de Bogotá estiman pérdidas de entre 175.000 y 204.000 millones de pesos por cada hora de racionamiento. Otras proyecciones van hasta 280.000 millones por hora, dependiendo de los sectores afectados y el efecto en cadenas de suministro.
Por día, las pérdidas podrían superar los 600.000 millones de pesos en industria, comercio, logística y servicios. En un escenario prolongado comparable al de los noventa, el impacto podría restar entre 1,5 y 1,7 puntos porcentuales del PIB, lo que en la economía colombiana de 2026 equivale a alrededor de 25 a 28 billones de pesos.
Los sectores más expuestos son los intensivos en energía, como manufactura, minería, agroindustria y logística refrigerada. Pero el impacto va más allá de lo productivo. Un racionamiento sostenido presionaría al alza las tarifas eléctricas, con incrementos del 30% al 40%, justo en un momento en el que la inflación se resiste a ceder. Eso complicaría aún más la tarea del Banco de la República y golpearía el poder adquisitivo de los hogares.
Ahora bien, también hay un costo financiero menos visible pero igualmente grave. Las deudas acumuladas en el sector suman alrededor de 9,2 billones de pesos entre subsidios y obligaciones pendientes. Un racionamiento agravaría la situación de generadoras que ya operan al límite, dificultaría la atracción de los cerca de 40 billones en inversión que el sistema necesita en la próxima década y podría requerir recursos fiscales adicionales para evitar insolvencias en cadena.
El diagnóstico de los expertos
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y uno de los analistas más activos en este debate, ha advertido que Colombia está «ad-portas de un nuevo apagón» y propone medidas concretas. Entre ellas, modificar jornadas laborales para redistribuir la demanda en horas pico, crear incentivos tarifarios para el ahorro ciudadano y acelerar cambios regulatorios que destraben la generación térmica.
Natalia Gutiérrez, de Acolgen, sostuvo que «Si nos hace falta energía, ponemos realmente en riesgo la economía de un país.» Alejandro Castañeda, de Andeg, ha señalado el déficit de energía firme y que las plantas térmicas no podrán compensar si El Niño se intensifica como algunos modelos anticipan.
El consenso del sector privado estima el riesgo de problemas a fin de año en un rango del 60 % al 70 %, condicionado a la evolución del fenómeno climático y a las decisiones que tome el gobierno en las próximas semanas.
Lo que aún puede hacerse
Los gremios y analistas insisten en que Colombia todavía tiene tiempo para actuar, aunque ese tiempo se agota. Las medidas más urgentes incluyen el pago inmediato de las deudas con generadoras térmicas, la garantía de suministro de combustibles para esas plantas, campañas de ahorro con incentivos reales como el programa «Apagar Paga» y la aceleración de proyectos de transmisión y generación que hoy están represados.
Algunas propuestas más disruptivas, como adelantar la hora oficial, también han vuelto al debate. En los noventa esa medida ayudó a reducir el consumo en horas pico. Su viabilidad política es distinta hoy, pero el hecho de que esté sobre la mesa refleja la urgencia que percibe el sector.
El costo de no actuar es mayor que el de cualquier medida preventiva. Un racionamiento erosionaría la confianza de inversionistas, presionaría las finanzas públicas y retrasaría años de avances en la transición energética. Colombia ya vivió ese capítulo, ojalá no toque repetirlo.
