Tras años de tropiezos, recientemente los ministros de finanzas del G-20 lograron consenso para respaldar el plan que busca garantizar que las empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos dondequiera que estas operen. Con el acuerdo se espera que el pacto defendido por los países de la OCDE establezca, entre otras medidas, una tasa impositiva corporativa global mínima del 15%.
Esto implicaría reformar el sistema fiscal global para adecuarlo a la era digital y diversas compañías multinacionales se tendrían que adaptar a estas nuevas condiciones, las cuales se espera que sean ratificadas tras un acuerdo oficial que se daría en una cumbre en octubre de este año que se celebrará en Roma y entraría en vigor a partir del 2023.
La medida pondría bajo la lupa la práctica de transferencia de beneficios, la cual es utilizada por algunas empresas multinacionales para pagar menos impuestos de lo que deberían. Las corporaciones hacen esto trasladando las ganancias que obtienen en los principales mercados, como el Reino Unido, donde fabrican productos o venden bienes o servicios, a países con impuestos bajos como Irlanda y jurisdicciones en el Caribe.
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