En no pocas oportunidades hemos visto y leído múltiples intervenciones, textos y contenido relacionados con el cierre de la brecha digital en Colombia.
Desde el MinTIC constantemente se habla – con hechos y con cifras– de las medidas de política pública que se han implementado para garantizar la reducción de esa brecha de conectividad y usabilidad, y de la intención firme del Gobierno Nacional de superar el reto de ampliar la cobertura y garantizar acceso a la conectividad en más del 85% de la población nacional. También se menciona a los diferentes actores del sector, públicos y privados, quienes desde su respectiva orilla defienden sus aportes en la vía de permitir que la mayor parte de la ciudadanía cuente con conectividad total y de buena calidad.
Con lo anterior como telón de fondo, la reciente noticia de que de que el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que declara de utilidad pública e interés social el tendido, construcción y operación de redes TIC, significa un paso significativo en el fortalecimiento y modernización de las redes de comunicación en el país.
Esta norma no sólo es un eje facilitador para que las autoridades – locales y nacionales – simplifiquen los trámites para construcción, instalación y operación de redes para la prestación de servicios de telecomunicaciones, también busca fomentar el aprovechamiento íntegro de la infraestructura ya instalada y su despliegue ordenado, eficiente y, sobre todo, con criterio de estricta necesidad, promoviendo un uso inteligente y eficiente de los recursos tecnológicos e inversiones con que cuenta la industria, para optimizar el acceso a conectividad de los no conectados y posibilitar la transformación digital.
Es un gran avance que haya sido aprobada esta norma, que acompañada de la reciente declaratoria del servicio de internet como servicio público esencial y la reglamentación de un procedimiento único para el despliegue de infraestructura que está próxima a ser emitida por el MinTIC, desarrollan un marco normativo general que apunta a garantizar un crecimiento ordenado y eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones – evitando la duplicidad innecesaria – pero que además genere estandarización y simplificación de los trámites para el despliegue y el levantamiento de las barreras para que esa labor sea rápida y eficiente.
“Pocas cosas generan mayor consenso social y son más importantes para el crecimiento económico y la competitividad de un país, que la conectividad, lo que nos enfrenta al reto de promover ambientes regulatorios locales más equitativos y transparentes, desprovistos de cargas excesivas y barreras burocráticas innecesarias, con la mira en favorecer la inversión, la competencia y la innovación en el sector de las telecomunicaciones, y que todo eso nos permita sentir que nos acercamos cada día más a nuestro destino de conectividad y cierre de brecha digital, para poder decir muy pronto, con total tranquilidad”, concluye José Roberto Soto, Gerente de Asuntos Públicos ATC en Colombia.