Columna de opinión escrita por Juan Carlos Gómez, CEO de CNR-Patria Energética.
La historia de la minería de carbón en el Cesar puede contarse a través de la tenacidad, resiliencia y optimismo de quienes hemos participado de ella durante todos los altibajos que ha tenido. En algunos casos, las empresas tuvieron que afrontar los retos de un sector que apenas comenzaba, con todas las complejidades derivadas de ser los primeros; en otros, por condiciones específicas de los proyectos. Este último es el caso de las minas La Francia y El Hatillo en La Loma, Cesar, cuya historia desde finales de los 90 incluye más bajos que altos. Sin embargo, el caso de estas minas no deja de ser un relato sobre cómo, contra todas las posibilidades, el carbón se mantiene como la actividad que permite el acceso a trabajo digno, seguridad social, bienes y servicios públicos y además el funcionamiento de las administraciones locales en los municipios del corredor minero del Cesar.
Más allá de contar la historia de estas minas, lo que quiero destacar es: la tenacidad con la que CNR ha salido adelante ante diversas y recurrentes adversidades. Por una parte, porque el sector del carbón no ha recibido apoyo alguno para mantenerse a flote durante los cíclos de precios bajos, como de pronto si lo han recibido otros sectores que, en muchos casos, no tienen compromisos en materia ambiental y social como el minero. Si bien el Conpes 3762 del 2013 incluye a La Francia y El Hatillo como Proyectos de Interés Nacional Estratégico -PINES- y se debieron haber promovido acciones que facilitaran la ejecución eficiente y oportuna de estos y otros proyectos, esto tampoco ocurrió.
En este orden de ideas, la ausencia de acompañamiento gubernamental no sólo se ha dado a nivel de la falta de apoyo en las épocas de vacas flacas asociadas a los precios internacionales; también se ha dado por falta de intervención oportuna en situaciones de bloqueos ilegales y vías de hecho que suspendieron las operaciones de CNR por mas de ocho meses en 2013. También a través del constante incremento de obligaciones, sobrepasando las originadas en las concesiones mineras y en los permisos ambientales.
Por otra parte, en momentos de precios altos, cuando más recursos se entregan a los gobiernos nacional y locales, y se aumentan los compromisos sociales, también se nos castiga aumentando el govenment take (el porcentaje de la producción con el que se queda el Estado) para este tipo de operaciones.
Como todos los sectores, la pandemia también nos afectó aunque éramos uno de los sectores excluídos para operar durante las cuarentenas. Tuvimos operaciones suspendidas, y aún así subsistimos en el territorio, mantuvimos una operación deficitaria para cumplir con el suministro a térmicas en Córdoba y la Guajira y conservamos los puestos de trabajo necesarios para una reactivación completamente incierta. Esto, recurriendo a la protección de la Ley de reorganización empresarial y sin recibir ningún tipo de asistencia, ni renunciar a nuestras obligaciones.
En 2021, un grupo de empresarios colombianos adquirió CNR, que durante dos décadas pasó por las manos de corporaciones mineras multinacionales y bancas de inversión extranjeras, y con los nuevos propietarios llegó el impulso para reactivar la producción de carbón. Un año después, habiendo reactivado las operaciones ya estamos en el proceso de salir de Ley 1116. Un nuevo testimonio de resiliencia.
Los nuevos dueños también trajeron una nueva visión para la minería: la de Patria Energética, en la que la producción responsable de carbón apalanca un proceso de transición energética justa a través de la diversificación de actividades económicas a partir de los activos con los que ya cuenta CNR. En otras palabras, una reconversión de activos mineros para promover negocios distintos al carbón y asegurar la permanencia no sólo de la compañía sino de los puestos de trabajo y encadenamientos en la región.
Insisto en que no somos ajenos al proceso de transición energética, todo lo contrario, ahora hace parte de nuestro modelo de negocio a partir de una transición justa con los trabajdores y comunidades. La reactivación de las operaciones en 2021 permitió recuperar cerca de 800 empleos directos y un volumen similiar de empleos indirectos. Es de resaltar que esto no es sólo la reactivación de la actividad minera, pues Patria Energética también trabajará en la línea de negocios agroambientales y de energías renovables.
A pesar del optimismo con el que iniciamos esta nueva etapa para La Francia y El Hatillo, nuestra visión de transición energética justa se encuentra en riesgo. La coyuntura de precios altos nuevamente promueve que se castiguen los ingresos adicionales para el carbón vía impuestos y otras contribuciones. Esto, sin tener en cuenta los esfuerzos de CNR para salir adelante, ahora con un propósito superior más allá de la minería.
Quiero llamar la atención del Gobierno Nacional sobre el esfuerzo que estamos haciendo desde Patria Energética para reactivar el empleo, la inversión social y la dignidad del territorio, bastante afectado ya tras la renuncia de una de las grandes mineras a sus títulos. Que como Estado no se permita que ocurra en La Loma, Cesar, lo que ya ocurrió en La La Jagua y podría pasar también en La Guajira.
Estamos ante una coyuntura en la que hay oportunidades para que el carbón sea protagonista del desarrollo de la región, gracias a la resiliencia de las compañías y su gente. Desde Patria Energética reafirmamos nuestro compromiso con una transición energética justa con nuestros trabajadores y comunidades, y por supuesto con el ecosistema que rodea nuestras operaciones.
