Colombia, a un paso del apagón: cifras del sector energético encienden las alarmas
Un informe que presentará Jorge Valencia, exdirector de la CREG y referente del sector, en el Energy Master Summit, advierte que el retraso del 55 % en los proyectos de transmisión y la caída del 5,6 % en la producción de gas amenazan la estabilidad energética del país, situación que podría derivar en racionamientos con pérdidas de hasta $200.000 millones por hora para la industria si no se actúa de inmediato.
El riesgo de un apagón como el de los años 90 ya no es una hipótesis lejana. Un par de decisiones equivocadas —o la falta de acción— podrían llevar al país a un racionamiento con efectos inmediatos para las finanzas de las empresas y el bolsillo de los ciudadanos. Así lo advierte Jorge Valencia, exdirector de la CREG y actual gerente de Asproen, en un informe que expondrá en detalle el deterioro de la seguridad energética nacional, es decir, la capacidad que tiene la nación para asegurar un suministro constante de energía de forma sostenible en lo económico y lo ambiental.
El documento, que se presentará en la próxima edición del Energy Master Summit 2025, el próximo jueves 21 de agosto en Bogotá, revela que Colombia atraviesa una crisis estructural acumulada de más de una década que hoy amenaza de forma preocupante la operación de las empresas y la economía de las familias. ¿Por qué? Según Valencia, “las obras estratégicas llevan años sin ejecutarse, las señales para atraer inversión son ambiguas y algunas decisiones recientes podrían acelerar el desabastecimiento. La consecuencia: un sistema eléctrico con márgenes cada vez más estrechos, incapaz de absorber choques sin afectar a usuarios y empresas”.
Si bien las lluvias recientes han dado un respiro temporal, la estabilidad del sistema sigue comprometida. Las cifras son contundentes y hablan por sí solas. De acuerdo con el operador XM, en agosto —último dato oficial— los embalses hidroeléctricos alcanzaron el 81,8 % de su capacidad útil, por encima del promedio histórico cercano al 70 %. Sin embargo, la recuperación ha sido desigual: en algunas regiones los niveles siguen rezagados, lo que mantiene el riesgo latente para un país cuya generación es 89 % renovable, en su mayoría hidráulica (entre 80 % y 83 %).
La infraestructura tampoco ofrece garantías. XM confirma que el 55 % de los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional y Regional (STN y STR) presentan retrasos frente a su fecha prevista de entrada en operación, un porcentaje superior al registrado en años anteriores por la UPME. “Solo el 28 % de la nueva capacidad de generación avanza sin trabas; el resto enfrenta cuellos de botella por licencias ambientales o conflictos sociales”, asegura Valencia.
El riesgo no es solo técnico. Estimaciones recientes de la industria, indican que una hora de racionamiento eléctrico podría costar hasta $200.000 millones, dependiendo de su alcance y del sector afectado. Proyectado a varios días, representaría pérdidas multimillonarias para la industria, el comercio y el empleo, con un impacto que también alcanzaría al PIB del segundo semestre y podría detener la tendencia a la baja de la inflación.
Dependencia hídrica y retroceso en el gas
Aunque en 2024, según la UPME, se invirtieron más de $9 billones en energías renovables no convencionales y en 2025 se espera sumar entre 640 MW y 1 GW adicionales (con solo 59 MW ejecutados al segundo trimestre), la mayoría proviene de proyectos solares, dependientes del clima y sin generación nocturna. Para Valencia, confiar en una sola fuente es un error que ya ha pasado factura en otros países.
Asimismo, el gas, llamado a ser un respaldo estratégico, tampoco ofrece un panorama alentador. De acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la inversión en exploración y producción alcanzará US$ 4.680 millones en 2025, pero la producción de este recurso caerá un 5,6 %, pasando de 959 a 905 millones de pies cúbicos diarios. Este déficit obligaría a incrementar las importaciones a precios más altos, encareciendo tarifas y afectando la competitividad industrial. A su vez gremios como Naturgas ya han advertido que una reforma tarifaria mal diseñada podría desalentar inversiones justo cuando más se necesitan.
Para Valencia, esta coyuntura podría afectar y frenar la inversión en sectores estratégicos como el minero-energético, la manufactura y las energías renovables, si prevalece la incapacidad del Gobierno para enviar señales regulatorias y fiscales claras antes que finalice el año y que logren tranquilizar a los mercados.
Decisiones urgentes para un reloj que corre rápido
El informe plantea un plan de acción en seis frentes:
- Destrabar proyectos de generación y transmisión
- Definir una política energética de Estado que no cambie cada cuatro años.
- Diversificar la matriz con hidráulica, térmica, renovables y almacenamiento.
- Asegurar el suministro de gas, ajustar tarifas y hacer una mayor regulación para proteger la inversión y a los usuarios.
- Reforzar la institucionalidad junto con una educación en uso eficiente de energía.
Si bien algunos pasos ya están en marcha, aun resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío. Ecopetrol adquirió en 2025 el parque eólico Windpeshi, en La Guajira, por US$ 50 millones, y proyecta invertir US$ 350 millones adicionales entre 2025 y 2027 para aportar 205 MW de capacidad, cubrir entre 8 % y 9 % de su demanda interna y evitar la emisión de 4,8 millones de toneladas de CO₂ durante su vida útil. Por su parte, el Gobierno presentó un portafolio de inversión climática de US$ 40.000 millones con el objetivo de convertirlo en política de Estado; no obstante, a la fecha no cuenta con cierres financieros asegurados ni un avance claro en su ejecución.
Para el sector energético, los próximos meses serán decisivos y entre los indicadores a monitorear están:
- Embalses por debajo del 60 %.
- Retrasos en la entrada en operación de proyectos clave.
- Aumentos abruptos en el precio de la energía.
- Caída sostenida en la producción de gas sin un plan claro de reemplazo.
