Comunidades y licencias sociales frenan 2.400 MW de energías renovables en Colombia. Las pérdidas superan los US$18 millones mensuales: alertan gremios
Colombia avanza en su transición energética con avances técnicos importantes, pero también con señales de alerta que amenazan con frenar este ritmo. Según el Ministerio de Minas y Energía y la UPME, el país ya supera los 3.000 MW de capacidad limpia conectada a la red, un hito en la diversificación de la matriz eléctrica.
Sin embargo, en La Guajira, epicentro del desarrollo renovable, 2.400 MW de proyectos eólicos y solares están paralizados por licencias sin resolver, conflictos territoriales y falta de acuerdos con comunidades. La cifra equivale al consumo anual de 1,5 millones de hogares y duplica la capacidad eólica instalada por Chile en 2024.
Mientras tanto, XM reportó que en julio el precio promedio de la energía en bolsa llegó a 138,36 COP/kWh, un 22,6 % más que en junio y 52 % por encima del año anterior. Las tarifas más altas golpean a hogares e industrias y restan competitividad frente a países como Brasil y México, que aumentaron su capacidad renovable en 18 % y 21 % en el último año, gracias a protocolos sociales claros y financiamiento atado a métricas ambientales.
El panorama del gas tampoco es el mejor: la UPME proyecta un déficit del 5 % para 2025 y de hasta 20 % para 2026. Aunque este año se anunciaron US$ 1.100 millones en inversiones gasíferas, un 34 % más que en 2024, varias cuencas del Caribe ya enfrentan tensiones sociales que podrían frenar obras clave si no hay acuerdos previos.
De hecho, el propio Ministerio de Minas y Energía reconoce que la transición no es solo técnica o financiera: es política, comunitaria y reputacional. Por eso, la CREG y la UPME exigen que todos los nuevos proyectos —incluida la convocatoria para 2029–2030— cuenten con licencia social garantizada para evitar demoras, sobrecostos y pérdida de confianza de los inversionistas.
Frente a este escenario de proyectos renovables detenidos, tarifas en alza y un déficit de gas que podría dispararse en 2026, en Bogotá el próximo 17 de octubre se realizará el primer Foro de Gestión Social en el Sector Energético, organizado por Disava Group, donde los principales gremios y líderes de la industria del sector energético presentarán un informe que evidencia cómo las comunidades y las licencias sociales estancadas tienen en jaque la generación de más de 2.400 MW de energías renovables, causando pérdidas hasta por US$18 millones mensuales a la economía y poniendo en riegos el futuro energético del país.
El evento reunirá a los más altos directivos de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET) y el Ministerio de Minas y Energía, entre otros actores.
El Foro buscará convertir las discusiones en compromisos verificables, con hojas de ruta que incluyan métricas ESG, protocolos ambientales y trazabilidad social. Entre las herramientas más relevantes que se presentarán en el encuentro estarán el Simulador de Problemas Sociales, que permitirá modelar escenarios de conflictividad antes de que escalen; sistemas de inteligencia artificial para análisis de sentimientos y verificación de información; y la adopción de estándares internacionales como los protocolos ESG y ODS para evaluar la efectividad de la inversión comunitaria y los acuerdos sociales.
El objetivo es claro: pasar del debate a resultados medibles, blindando los proyectos estratégicos frente a riesgos sociales y fortaleciendo la confianza con las comunidades.
