Con la Ley de pagos digitales, Colombia se prepara para una revolución en el sistema financiero

En diciembre de 2020, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto que busca reglamentar los pagos digitales en el país. Con este decreto se busca dinamizar un mercado tradicionalmente controlado por unos pocos jugadores y con varias restricciones a nuevas propuestas. Se espera que la nueva reglamentación incremente la oferta de nuevas empresas y medios de pago.

En el país, las empresas que están innovando en sistemas de pago y cobro dependen muchísimo de los bancos tradicionales, de las redes y de un marco legal, lo cual va en contra de la innovación.

El Decreto 1692 del 18 de diciembre de 2020, busca actualizar en alguna medida, el contexto financiero colombiano esperando que esto traiga innovación e inclusión financiera al país. Según funcionarios del Ministerio de Hacienda se busca que en más lugares del país haya más medios de pago para reducir la dependencia del efectivo.

Este surgimiento de “más medios de pago” solo puede darse si los mismos no están limitados a lo que los bancos tradicionales quieran permitir. En el futuro cercano, es probable que las empresas y los comerciantes contraten servicios financieros con terceros y no solo a través de sus bancos como ha sucedido hasta el momento.

Esta transformación ya viene ocurriendo. Empresas como Cajero, Lineru, Mesfix y Rappi ya operan servicios financieros nacidos desde la tecnología y no desde el sector financiero. Cajero, con su red de datáfonos para pequeños comercios; Lineru con su servicio de préstamos ágiles; Mesfix con opciones de cartera, y Rappi la “superapp” colombiana que cada vez se proyecta más como un jugador financiero. El país estaba en deuda de avances regulatorios congruentes con las propuestas de innovación.

Otros países llevan años de avances en regulación financiera. México y Brasil han visto una explosión de empresas llevando servicios al mercado. En Colombia, se estima que menos del 10% de los comercios reciben tarjetas débito y crédito y los avances en servicios financieros en el país siguen rezagados. Para Gerardo Aristizábal, cofundador de Cajero, esto se debe en parte a los atrasos en regulación del país, a la falta de interés del sistema tradicional de permitir nuevos jugadores innovadores, y a marcos legales y tributarios adversos como el impuesto del cuatro por mil.

La nueva regulación permite a estas empresas de tecnología operar con la autorización de la Superintendencia Financiera para temas como sistemas de pago. Esto sin depender de un banco directamente. Los mismos cambios fueron precursores de avances en inclusión y oferta de servicios en México y Brasil. Es de esperarse que en Colombia suceda lo mismo. Queda por atenderse la inconveniencia del impuesto del cuatro por mil (0.4 % de todo el dinero que llega a una cuenta bancaria) que lleva más de 20 años, se propuso como un mecanismo temporal, y es uno de los grandes motivos por los que los colombianos siguen evitando el sistema financiero.

La innovación en los servicios financieros ha sido lenta, pero como dicen algunos, en retrospectiva, era inevitable.