Conozca cómo la crisis fiscal del país puede golpear su bolsillo y lastimar las finanzas de las empresas

Pese a conservar el grado de inversión, Colombia avanza sobre una cornisa fiscal preocupante. Un reporte de Crowe Co alerta que el incremento de la deuda, el déficit crónico y la inestabilidad política ya están mermando la economía, encareciendo el crédito, frenando la creación de empleo y presionando el costo de vida. ¡Ojo! a lo que muestran las cifras.

El país atraviesa una compleja situación económica que ya afecta a ciudadanos a pie, empresas y regiones. Según el Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia cerró 2024 con un déficit fiscal del 6,8% del PIB, superando el límite legal del 5,6%. Este desequilibrio se explica por una caída histórica en el recaudo tributario, con una disminución de más de $18,5 billones frente a 2023, así como por un aumento del gasto primario, a pesar de los recortes aplicados a finales del año anterior. A esto se suma un preocupante incremento de la deuda pública, que alcanzó el 61,3% del PIB y que, según proyecciones de la calificadora Fitch, podría superar el 62% en 2026. Estas cifras reflejan una menor capacidad del Estado para invertir, mayores pagos de intereses y una reducción notable en servicios públicos, subsidios y oportunidades de empleo.

De acuerdo con el analista Juan Carlos Arbeláez, socio de impuestos y asuntos legales de Crowe Co, y autor del reporte, estos indicadores están afectando directamente la capacidad del Gobierno para invertir en programas sociales, infraestructura y servicios públicos. “Asimismo, el aumento en los pagos de intereses también está limitando los recursos del Estado, lo que podría reflejarse en recortes de subsidios y empleo afectando considerablemente el bienestar e interés de las familias”, indica.

La preocupación es real y así lo han entendido las tres principales agencias de calificación crediticia —Moody’s, Global Ratings S&P y Fitch— quienes cambiaron la perspectiva de crédito de Colombia de estable a negativa, lo que evidencia un riesgo muy cercano para el país de perder el grado de inversión por primera vez desde 2011, con posibles efectos negativos en cadena para la economía.

“El riesgo de perder el grado de inversión se ha intensificado por lo cual ya no solo es un tema técnico, también afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Sencillo, genera que se suban las tasas de interés impactando desde los créditos hipotecarios y de consumo hasta el financiamiento de las empresas”, agrega Arbeláez.

Si bien el gobierno ha intentado responder a esta situación con recortes al presupuesto (más de $12 billones) y una frustrada reforma tributaria en 2024, estas medidas, según el analista de Crowe Co, han sido insuficientes. “El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que la nación necesita un ajuste fiscal adicional de $46 billones en 2025 para cumplir con la regla fiscal este año, es decir, aproximadamente el 2,6% del PIB nacional”.

El ciudadano de a pie, el más golpeado por esta coyuntura

El impacto de la crisis fiscal ya se refleja con fuerza en los hogares: mayores impuestos, una inflación que no cede al ritmo proyectado y recortes en programas sociales. Aunque los precios han bajado ligeramente, el costo de los alimentos continúa alto, erosionando el poder adquisitivo.

Uno de los casos más notorios fue la suspensión del programa “Mi Casa Ya” a finales de 2024 por falta de liquidez estatal. Aunque se reactivó en marzo de 2025, el daño ya estaba hecho: aproximadamente 40.500 hogares perdieron el acceso a la cobertura de tasa de interés, lo que elevó sus cuotas hipotecarias hasta en un 30%. Además, cerca de 49.000 familias adicionales podrían desistir de comprar vivienda este año debido a la reducción de subsidios, generando un fuerte impacto en el sector de la construcción.

El panorama educativo también se resiente. El Icetex redujo en una cifra cercana a los 40.000 los cupos de crédito educativo frente a 2024, tras una disminución del 33% en su presupuesto (de $1,2 billones a $859.036 millones). También eliminó los subsidios a tasas de interés para estudiantes de poblaciones vulnerables, lo que encareció los pagos de los créditos en un 17% promedio.

Por otro lado, el costo del crédito se dispara. La tasa de usura, que marca el límite legal para el interés en tarjetas de crédito y préstamos de libre inversión, hoy se ubica en 25,97%, dificultando aún más el acceso a financiación para las familias. Mientras tanto, el gobierno busca equilibrar las finanzas recortando en frentes sensibles como salud, educación y programas sociales.

“El país necesita una reforma fiscal estructural que controle el gasto, pero también que amplíe la base tributaria, elimine exenciones injustificadas y enfrente con firmeza la evasión”, concluye Arbeláez.

Pymes bajo presión: más impuestos, menos crédito y pagos retrasados

Estas compañías actualmente enfrentan una mayor carga tributaria desde la última reforma aprobada en el año 2022 que, no solo incrementó los impuestos a sus dividendos, sino que también estableció una tasa mínima de tributación para las sociedades del 15% sobre la utilidad financiera depurada, esto sumado a una inflación persistente, tasas de interés elevadas, y mayores anticipos y retenciones en la fuente.

Además, las pequeñas y medianas empresas han tenido restricciones crecientes en el acceso al crédito y una menor inversión estatal. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el presupuesto de inversión pública se redujo un 33% en 2025, de $105,8 billones en 2024, pasó a $70 billones, afectando sectores clave como agricultura, vivienda, inclusión social y educación, con recortes de hasta el 73%. Por su parte, la Contraloría General reporta un recorte del 17,4% en inversión, pasando de $100 a $82,5 billones, con un impacto directo en la construcción, especialmente de viviendas nuevas.

“El gobierno ha absorbido más crédito del mercado para cubrir su déficit, encareciendo el acceso a recursos para las empresas. La alta tasa de intervención del Banco de la República (9,25%) y los atrasos en algunos pagos a cargo del Estado, están llevando a muchas Pymes al borde de la insolvencia y a contratistas del Estado a tener dificultades en la atención de sus obligaciones financieras”, advierte Arbeláez.

De acuerdo con el reporte de Crowe Co, estos factores están asfixiando la economía y la inversión de las pequeñas y medianas compañías, reduciendo su liquidez, aumentando su riesgo de insolvencia y frenando su contratación formal. De hecho, hoy la informalidad laboral supera el 57%, lo que evidencia que esta figura está funcionando como válvula de escape ante un mercado estancado.

Otra señal de alarma: La inversión extranjera directa (IED) también muestra señales de debilitamiento, cayendo un 15,2% en 2024 respecto a 2023, mientras la desconfianza institucional por cambios constantes en la política económica y la percepción de falta de rumbo alejan nuevos capitales. Moody’s mantiene la calificación de Colombia en grado de inversión (Baa2), pero con revisión negativa.

“El aumento del gasto público sin una estrategia clara de financiamiento ha generado un desequilibrio que mantiene en alerta a inversionistas y agencias calificadoras. Ya no se discute si la crisis fiscal existe, sino cuánto más estamos dispuestos a esperar para corregirla”, puntualiza Arbeláez.