En medio del racionamiento de agua que afecta al país, los precios de los energéticos siguen subiendo.
Colombia enfrenta un panorama energético e hídrico desafiante. A los ya elevados costos de la electricidad (19,51%), según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y del gas natural (3,22%), de acuerdo con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se suman el aumento en el precio del agua (8,88%), también reportado por el DANE, y la escasez del recurso en algunas regiones. Además, se observa un incremento en los precios de la gasolina (6,00%) y el diesel (3,36%).
Esta situación, impulsada por una combinación de factores regulatorios, de mercado y de políticas públicas, generan un impacto significativo en la economía de los colombianos. Sin dejar de lado que, las medidas de racionamiento de agua y la posibilidad de racionamiento en el servicio eléctrico añaden incertidumbre y zozobra a la población.
De acuerdo con Álvaro Josué Yáñez, Socio de CMS Rodríguez-Azuero, los factores regulatorios relacionados con las metodologías tarifarias que duran más de los 5 años reglamentarios sin ser actualizadas, así como las barreras en los procesos regulados de compra y venta de energía para atender la demanda regulada, afectan la disponibilidad y liquidez del mercado energético. Por otro lado, los factores de mercado, como la volatilidad y aumento de los precios de la energía en bolsa causados por fenómenos climáticos extremos como El Niño que reduce el aporte hídrico y aumenta la demanda eléctrica, junto con la escasez de recursos fósiles como el gas natural.
A esto se suman las señales de política pública, como el reciente aumento del precio de la gasolina para contrarrestar déficits fiscales y las restricciones en la exploración y explotación de hidrocarburos, que generan incertidumbre en el abastecimiento y contribuyen a la percepción de escasez, lo que repercute en el alza de precios.
En respuesta, se han implementado diversas medidas regulatorias. El Pacto por la justicia tarifaria, establecido en 2022 modificó el indicador utilizado para actualizar el precio de las tarifas de energía eléctrica, optando por el más favorable entre el IPP y el IPC para controlar la inflación en el servicio. Además, se permitió el aumento de la capacidad de generación mediante la inclusión de plantas no participantes en el despacho diario de energía, como los autogeneradores a gran escala, y se flexibilizó el procedimiento para solicitar ampliación y nueva capacidad de transporte de energía.
Otras medidas incluyen la flexibilización transitoria de las reglas de los procesos centralizados de compras de energía para promover precios más eficientes, promoción del aumento del suministro eléctrico mediante la fijación de una cantidad mínima de energía térmica programada diariamente, y la disminución de las exportaciones de energía.
Sin embargo, existen medidas adicionales que se deben considerar. “Esto incluye realizar reformas estructurales al mercado eléctrico para transitar a una matriz diversificada, que viabilice y fomente la inversión en energías renovables, como la solar y eólica, y así reducir la dependencia hídrica y térmica. Asimismo, es importante implementar programas de largo plazo para el cambio tecnológico y de eficiencia energética en los sectores residencial, comercial e industrial para reducir el consumo de energía. Otras medidas implican promover la explotación y producción de gas natural nacional, así como fortalecer la institucionalidad realizando los nombramientos en propiedad de los comisionados de la CREG.” resaltó Mónica Torres, Counsel de CMS Rodríguez-Azuero.
El panorama de los precios de los energéticos en el país sigue siendo desafiante. A pesar del fin declarado del fenómeno de El Niño por el IDEAM, la disminución en el aporte de los embalses y los niveles mínimos históricos indican un alto riesgo de racionamiento en el suministro eléctrico, aunque no se espera un apagón. Ante esta situación, es crucial considerar medidas adicionales, como el fortalecimiento de los procesos de las consultas previas, para garantizar el aumento de la inversión en energías renovables y en la ampliación de la infraestructura de transmisión, para mitigar los impactos económicos y garantizar un suministro energético sostenible en el largo plazo.
