Cada amanecer confirma que la crisis del sistema de salud no solo persiste, sino que se profundiza. Seguimos atrapados en el diagnóstico, mientras la experiencia cotidiana de pacientes y familias muestra barreras de acceso, saturación de la red y deterioro en la calidad. En 2025, la Superintendencia Nacional de Salud registró un aumento del 18 % en quejas y reclamos. Esa señal no admite lecturas complacientes.
En los últimos dos años el deterioro se aceleró. Trámites engorrosos, autorizaciones tardías y demoras en diagnósticos y tratamientos se traducen en complicaciones evitables. Reconocer fallas históricas no puede convertirse en excusa para normalizar el retroceso.
El impacto también recae sobre el talento humano en salud. La sobrecarga asistencial, la escasez de recursos, la incertidumbre financiera y las condiciones laborales precarias aceleran el desgaste de equipos clínicos y administrativos, reduciendo la capacidad de respuesta justo cuando más se necesita.
A esta presión se suma la ausencia de una hoja de ruta clara y ejecutable. Persisten vacíos en la operación del sistema y una profunda fragmentación institucional dificulta la coordinación. Sin un plan integral con responsables definidos, cronograma y mecanismos de seguimiento, las medidas seguirán siendo reactivas, parciales y costosas.
El punto de quiebre es evidente en la suspensión o limitación de servicios para enfermedades de alto costo, impulsada por problemas crecientes de liquidez y morosidad. Cuando múltiples decisiones de cierre o restricción ocurren en cortos periodos, deja de ser un hecho aislado para reflejar una falla sistémica, en un escenario donde la deuda con hospitales supera los 25,7 billones de pesos y el 58 % de la cartera está en mora. Esto no solo afecta finanzas, sino que amenaza la continuidad del tratamiento, los resultados clínicos y la confianza pública.
En un contexto preelectoral, la salud debe ser prioridad. Los aspirantes a la Presidencia tienen el deber de presentar propuestas viables sobre flujo de recursos, reglas claras, modernización tecnológica y un modelo centrado en resultados y prevención.
Como ciudadana preocupa que el debate se polarice en lugar de centrarse en soluciones. La salud pública no puede seguir siendo un tema postergable. Requiere decisiones basadas en evidencia, gestión rigurosa y capacidad real para implementarlas. El camino pasa por un diálogo multisectorial que integre a Gobierno, aseguradores, prestadores, pacientes, academia y talento humano. Ese diálogo debe convertirse en un plan con metas, recursos garantizados, indicadores públicos y coordinación efectiva para recuperar oportunidad, calidad y continuidad en la atención.
Este despertar ante la tragedia del sistema de salud no puede seguir siendo una llamada ignorada. La salud exige voluntad política, administración competente y acuerdos que pongan al ciudadano en el centro. Desde asuntos públicos hay mucho por hacer: que este despertar nos guíe, de forma informada y colaborativa, a construir soluciones prontas que estabilicen el sistema y restauren la confianza.
Por: Vanessa Gouzy Arbeláez – Directora de Asuntos Públicos, KREAB Colombia.
