El 94% de las empresas tiene políticas de sostenibilidad, pero solo una de cada tres evalúa el impacto real de sus iniciativas
• Menos de una tercera parte aprovecha incentivos tributarios para proyectos sociales, solo el 15,7% utiliza metodologías especializadas para medir resultados y la biodiversidad sigue rezagada en las agendas empresariales.
• Los resultados y el ranking del IISAE se conocerán en la Cumbre de Inversión Social y Ambiental Empresarial que se realizará el 23 y el 24 de julio.
La sostenibilidad dejó de ser un asunto marginal dentro de las empresas colombianas y hoy forma parte de la manera como se toman decisiones estratégicas, se gestionan riesgos y se construyen relaciones con los territorios. Sin embargo, demostrar que esas inversiones generan transformaciones reales sigue siendo una tarea pendiente.
Esa es una de las principales conclusiones del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) 2026, considerado el estudio más amplio realizado hasta ahora sobre sostenibilidad corporativa en el país. La medición recopiló información de 318 empresas, la cifra más alta en los diez años de historia del índice.
Los resultados muestran avances importantes. Más del 94% de las compañías consultadas cuenta con políticas de inversión social, planes institucionales para ejecutarlas y mecanismos de seguimiento. Además, ocho de cada diez ya tienen áreas especializadas de sostenibilidad y políticas ambientales formalmente adoptadas.
No obstante, el estudio encontró una brecha significativa entre gestionar la sostenibilidad y demostrar sus resultados. Apenas el 36,5% de las empresas realiza evaluaciones de impacto y solo el 15,7% utiliza metodologías como el Retorno Social de la Inversión (SROI), una de las herramientas más reconocidas para establecer qué beneficios concretos generan los recursos destinados a proyectos sociales y ambientales.
«La sostenibilidad empresarial en Colombia está entrando en una nueva etapa. El desafío ya no consiste únicamente en invertir más o reportar mejor, sino en demostrar con evidencia qué transformaciones están produciendo esas inversiones en las personas, los territorios y el ambiente», afirmó Jaime Arteaga de Brigard, director de Arteaga Latam.
La radiografía también muestra cuáles son las prioridades de la inversión privada. En el frente social, los recursos se concentran principalmente en educación, desarrollo socioeconómico y programas dirigidos a niños, jóvenes, mujeres en condición de vulnerabilidad y comunidades rurales. En contraste, poblaciones como migrantes, personas cuidadoras, población LGBTIQ+ y personas en proceso de reincorporación continúan teniendo una presencia mucho menor dentro de las estrategias empresariales.
En materia ambiental, las empresas reportan avances en acciones relacionadas con cambio climático, gestión del agua y reducción de emisiones. Sin embargo, el informe identifica un rezago en biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza, un hallazgo llamativo para un país reconocido entre los más biodiversos del planeta.
Otro resultado que llamó la atención de los investigadores es el bajo uso de mecanismos creados por el Estado para impulsar la inversión privada en proyectos de desarrollo. Menos de una tercera parte de las compañías reportó utilizar incentivos como Obras por Impuestos o CoCrea, lo que sugiere que existe un amplio margen para movilizar mayores recursos hacia las regiones y las comunidades.
