El aumento del salario mínimo ya pasa factura a las empresas: estas son algunas de las decisiones que están tomando
El incremento del salario mínimo legal mensual vigente para 2026, que alcanzó los $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, ya empieza a reflejarse en un aumento generalizado de los costos laborales para las empresas en Colombia.
Aunque la medida busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos, sus efectos se extienden a múltiples esquemas de remuneración y modelos de negocio desde el inicio del año.
Uno de los impactos más relevantes se presenta en el salario mínimo integral, una modalidad utilizada para trabajadores con ingresos superiores a diez salarios mínimos. Con el nuevo ajuste, este tipo de salario asciende automáticamente a $22.761.765 mensuales, lo que ha llevado a muchas compañías a revisar su sostenibilidad financiera.
“El incremento del salario mínimo no solo impacta a quienes devengan ese ingreso, sino que tiene un efecto transversal sobre figuras como el salario integral, que incluye prestaciones sociales, recargos, horas extras y otros conceptos, con excepción de las vacaciones”, señala Valeria Martínez, Senior de Servicios Legales de KPMG en Colombia.
De acuerdo con Martínez, el aumento del salario integral está llevando a las empresas a replantear sus estrategias de compensación. En la práctica, se observa una tendencia creciente a trasladar a los trabajadores de esta modalidad hacia esquemas salariales ordinarios, garantizando como mínimo el 70 % del salario integral previamente pactado, mientras que el 30 % restante corresponde al factor prestacional que se reconoce durante la relación laboral. En muchos casos, estos ajustes se acompañan de incrementos adicionales atados al IPC.
El objetivo de estas decisiones es mitigar el crecimiento acelerado de los costos laborales desde enero, sin afectar la estabilidad de los trabajadores ni comprometer la competitividad de las organizaciones. No obstante, estos cambios implican una revisión contractual detallada, ya que modifican las bases de cálculo de prestaciones sociales, recargos, aportes a seguridad social y parafiscales, lo que podría derivar en contingencias si no se gestionan adecuadamente.
Adicionalmente, los trabajadores que permanezcan bajo la modalidad de salario integral enfrentarán una mayor carga tributaria, debido al aumento en la base gravable y a la aplicación de tarifas progresivas en el impuesto sobre la renta y la retención en la fuente.
A este panorama se suma la incertidumbre jurídica frente a una eventual nulidad del decreto que fijó el incremento del salario mínimo. De presentarse este escenario, es probable que sus efectos sean hacia el futuro y no retroactivos, lo que implicaría que los valores ya pagados no podrían ser descontados a los trabajadores ni compensados por los empleadores. Asimismo, las empresas tendrían dificultades para solicitar la devolución de mayores aportes al sistema de seguridad social y parafiscales realizados bajo una norma vigente al momento de su causación.
En conclusión, el incremento del salario mínimo para 2026 ya está generando ajustes inmediatos en los costos laborales y en las políticas salariales de las empresas. Este escenario exige una gestión estratégica y jurídicamente sólida, que permita equilibrar el cumplimiento normativo con la sostenibilidad financiera y la estabilidad laboral.
