El costo del gota a gota en Colombia: su tasa de interés del 382 % anual hunde a los más vulnerables

En el evento ‘El costo de la exclusión económica: el impacto de la tasa de usura sobre la inclusión financiera’, organizado por Colombia Fintech y el Centro de Estudios Económicos ANIF, se presentó un análisis sobre los efectos de la regulación de la tasa de usura en el acceso al crédito con propuestas para dinamizar el mercado crediticio y fomentar el desarrollo sostenible: expertos en fintech debatieron sobre cómo construir un sistema financiero más inclusivo en Colombia.

El análisis principal giró en torno a los cambios metodológicos en la regulación de la tasa de usura y cómo esta ha influido en el acceso al crédito, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

El informe presentado destacó que, aunque Colombia ha avanzado en la inclusión financiera, persisten desafíos significativos para garantizar el acceso equitativo al crédito formal. 

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, señaló que el problema no radica en la demanda, sino en las limitaciones de la oferta. Según él, “cuando en Colombia una persona sale a pedir un crédito y esa persona es rechazada, no se queda sin crédito. Se desplaza a mecanismos de financiación informales y perversos”.

En Colombia, el acceso limitado al crédito formal ha llevado a que miles de personas recurren  al gota a gota, un sistema de financiación informal con tasas de interés que alcanzan el 382 % anual, y hasta un 666 % en promedio para las MiPymes. Según el análisis de Colombia Fintech y ANIF, esta problemática no solo refleja un fracaso del modelo de tasa de usura, sino que perpetúa la exclusión económica, atrapando a las familias en ciclos de endeudamiento insostenible.

El evento incluyó dos paneles clave. En el primero, titulado ‘El desafío de la inclusión: regulación y mercado de crédito en un entorno competitivo’, participaron líderes como César Ferrari, superintendente financiero de Colombia; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia; y José Vélez, CEO de Bold. Este panel abordó los retos de equilibrar la protección al consumidor con la apertura de oportunidades en el sistema financiero.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, fue enfático al afirmar que “en Colombia la tasa de usura fracasó. El modelo de acceso al crédito fracasó; se convirtió en un mecanismo de exclusión”. Estas afirmaciones abrieron el espacio para un análisis sobre la relación entre regulación y exclusión económica.

El segundo panel, ‘Brechas de inclusión financiera: ¿qué hemos aprendido hasta ahora y qué tan lejos estamos de generar oportunidades para el desarrollo económico en el país?’, contó con la participación de Julien Robert, director de Cooperación SECO; Viviana Araque, presidenta de Bancamía; Felipe Llano, COO de Sempli; y Daniel Vallejo, cofundador de Addi. Moderado por Ana Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de la Competitividad, el espacio reflexionó sobre las barreras persistentes en el acceso financiero.

Entre los puntos destacados, el informe presentó cuatro propuestas para dinamizar el mercado de crédito en Colombia desde una perspectiva de política pública. Estas incluyeron incentivos para la adopción de tecnología financiera, flexibilización de regulaciones, educación financiera y una revisión estructural de la política de tasas.

El papel de las fintech fue uno de los ejes centrales de la discusión, subrayando su capacidad para ampliar la oferta de crédito y atender a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero. Pero coincidieron en que los avances deben estar acompañados de una mayor articulación entre regulación y competencia.

Es necesario replantear las políticas actuales para evitar que quienes buscan crédito formal terminen atrapados en mecanismos informales y costosos. La inclusión financiera no solo es clave para el desarrollo sostenible, sino que también puede convertirse en el motor de una economía más equitativa y competitiva en Colombia.