Por Claudia Navas, analista de Control Risks
La cuarta y quinta generación de concesiones
El gobierno del presidente Iván Duque continúa priorizando el desarrollo del sector de infraestructura en Colombia, lo que genera importantes oportunidades de negocios. Duque continúa con la implementación del programa de infraestructura vial de Cuarta Generación (4G) elaborado por su antecesor. Mientras tanto, desde octubre de 2018, el gobierno también ha estado trabajando en un nuevo programa de concesiones de Quinta Generación (5G) que abarca 24 proyectos, incluyendo carreteras, aeropuertos y puertos marítimos (el gobierno proyecta una inversión de USD 4.8 mil millones en el programa). El gobierno tiene previsto adjudicar a lo largo de 2021 un total de 12 proyectos (de los 15 proyectos que componen la «primera ola» de contratos de concesión 5G).
Los planes de infraestructura de Duque sin duda enfrentarán dificultades por las dinámicas políticas, económicas, sociales y de seguridad. El impacto económico y fiscal de la pandemia de COVID-19, así como el inicio de la temporada electoral de cara a las elecciones generales de 2022 (donde los partidos y movimientos políticos de izquierda y centroizquierda aspiran a llegar a la presidencia y ganar más escaños en el Congreso), afectarán el ya complejo entorno político y social. La débil implementación del acuerdo de paz de 2016, que llevó a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la persistencia de las economías ilegales reavivarán las amenazas a la seguridad que muchas personas esperaban erróneamente terminaran como resultado del acuerdo.
Colombia es y seguirá siendo un destino de inversión prominente en el sector de infraestructura en la región, dada su estabilidad política, sistema democrático, instituciones sólidas y apertura a la inversión extranjera. Sin embargo, los inversores necesitarán una comprensión y gestión adecuadas del entorno de riesgo para garantizar el éxito y resiliencia de sus inversiones.
El programa 5G
Los principales objetivos del programa 5G son garantizar una mayor adhesión a la Gobernanza,
El panorama de la seguridad y su impacto en el negocio
Colombia ha experimentado un deterioro de la seguridad en los últimos tres años, y es poco probable que la situación mejore en el futuro próximo. Las fuerzas de seguridad del Estado enfrentan un entorno de seguridad más complejo desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. Esto se debe a la fragmentación de las FARC en varios grupos disidentes, el fortalecimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Grupos Armados Organizados (GAOs
La probabilidad de que los disidentes del ELN o las FARC ataquen directamente proyectos de infraestructura a gran escala sigue siendo marginal. En términos generales, estos grupos evitarán atraer la atención del gobierno con acciones significativas que podrían desencadenar operaciones en su contra por parte de las fuerzas de seguridad. Aunque las GAO (o el ELN) generalmente evitan extorsionar o amenazar a los concesionarios de carreteras, los contratistas locales y su personal continuarán enfrentando un alto riesgo de extorsión (lo que posteriormente plantea riesgos legales y de reputación para los inversionistas). Las carreteras en zonas remotas del país seguirán expuestas a ataques esporádicos por parte de estos grupos, por ejemplo, como tácticas de distracción relacionadas con el tráfico de drogas. Según cifras del Ministerio de Defensa, en 2020 se produjo un aumento significativo de los ataques contra infraestructuras vial (principalmente carreteras terciarias), con un total de 93 incidentes registrados frente a los cinco de 2019.
Aunque es poco probable que el entorno de seguridad mejore en el futuro próximo, los riesgos de seguridad no son un obstáculo inmanejable para los negocios. El gobierno proporcionará seguridad para los proyectos 4G y eventualmente los proyectos 5G;,
El entorno social y operacional
La obtención de licencias ambientales, en particular, es y seguirá siendo extremadamente lenta y costosa. Las entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y local tienden a ofrecer orientación contradictoria con respecto a la obtención de los permisos requeridos. La lentitud de la presupuestación gubernamental y otras formas de burocracia también causarán retrasos en los proyectos de infraestructura. Por último, los procesos de consultas previas con las comunidades étnicas que están mal gestionadas pueden conducir en última instancia al incumplimiento, sembrar la desconfianza en las comunidades y provocar la oposición social en el futuro.
El sector de las infraestructuras enfrentará crecientes presiones sociales ante el deterioro económico provocado por el COVID-19. El activismo ambiental, la persistencia de la corrupción, la movilidad social limitada y la polarización política seguirán alimentando la protesta social. La reciente ola de manifestaciones que tuvo lugar en todo el país sugiere una creciente demanda social y sentimiento antigubernamental, especialmente entre los jóvenes. En ausencia de respuestas efectivas e inmediatas del gobierno, es probable que estas presiones sociales se dirijan hacia el sector privado. Los agentes sociales esperarán un papel más activo del sector privado en el fomento de la creación de empleo y la provisión de garantías laborales y protocolos de gestión ambiental apropiados, así como prácticas empresariales transparentes y socialmente responsables.
Riesgos de integridad en un entorno cambiante
La corrupción ha tenido efectos significativos en el sector de infraestructura y transporte, en particular las consecuencias de las investigaciones de corrupción que envuelven al conglomerado brasileño de la construcción Odebrecht, que se han extendido por toda América Latina. Odebrecht presuntamente sobornó a funcionarios con USD 27 millones para ganar el contrato de construcción de la Ruta del Sol. Aunque el contrato no formaba parte de la agenda 4G, su anulación creó una amplia incertidumbre jurídica con respecto a los valores de contratación y liquidación en caso de corrupción. Esto ha llevado a la suspensión de proyectos a gran escala, que cuestan tanto a los inversores privados como a los contribuyentes.
La corrupción seguirá siendo un riesgo clave para las empresas de infraestructura y los inversores, de manera más prominente durante los procesos de licitación y contratación. Los sobornos, el tráfico de influencias y los sobrecostos son las prácticas corruptas más comunes, y el riesgo de sobornos aumenta durante los períodos electorales, ya que los políticos a menudo financian sus campañas políticas exigiendo comisiones a cambio de la adjudicación de contratos. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, que evalúa y clasifica a 15 países latinoamericanos en función de la eficacia con la que pueden combatir la corrupción, ubica a Colombia en el séptimo lugar, con un puntaje general que cayó un 10% de 2019 a 2021. Casi todos los conductores dentro de la categoría de capacidad legal disminuyeron, lo que refleja la percepción de que Duque ha colocado a figuras menos independientes en puestos clave, como el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Inspector General.
Perspectiva
A pesar de que los planes de infraestructura de Colombia sin duda enfrentarán dificultades por las dinámicas políticas, económicas, sociales y de seguridad, el país seguirá siendo un destino de inversión destacado en el sector de infraestructura. Los inversores necesitarán una comprensión y una gestión adecuadas del entorno de riesgo para garantizar la resiliencia y el éxito de sus inversiones. Esto puede incluir una rigurosa diligencia, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos, la comprensión de las comunidades locales y sus expectativas, temores y necesidades; la identificación en participación de los asociados correctos para encontrar un terreno común, así como la garantía de que la protección de los activos físicos y el personal se incorpore adecuadamente en las estrategias generales de gestión de riesgos.
