“El mundo necesita más oro responsable y Colombia tiene los recursos para producirlo”

El directivo reconoce los desafíos territoriales que enfrentan y destaca una oportunidad histórica: nuestro país puede ocupar una posición de liderazgo en la producción sostenible de oro. En contraste, la extracción ilícita persiste como el mayor riesgo estructural para la competitividad y la credibilidad del sector.

La Nota Económica. ¿Cómo entienden la sostenibilidad en Mineros?

Daniel Henao. La sostenibilidad no es para nosotros un capítulo del informe anual, es la condición de entrada para operar. La estructuramos en seis ejes: social, ambiental, clima, económico, salud y seguridad, y derechos humanos. En la práctica, esto significa que cuando entramos a un territorio, la pregunta no es solo si el proyecto es rentable, sino si podemos operarlo con licencia social genuina, con estándares ambientales verificables y con beneficios reales para las comunidades. Somos la única minera en Colombia con operaciones certificadas bajo ISO 45001, tanto en Colombia como en Nicaragua. Pero, más allá de los certificados, la prueba es el largo plazo: llevamos más de 50 años operando, los territorios donde estamos nos conocen y saben de nuestra gestión responsable.

LNE. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella ambientales, sociales o institucionales que frenan nuevos proyectos?

DH. Los tres existen, pero el institucional es el más subestimado. Los tiempos de licenciamiento ambiental en Colombia son impredecibles y la incertidumbre es tan dañina como un rechazo. El cuello social es real pero manejable, si se trabaja con honestidad desde el principio; el problema es que muchas empresas llegan a consultar cuando ya tomaron las decisiones. Y el ambiental, paradójicamente, no siempre está donde uno lo espera: a veces el mayor impacto lo genera la minería ilegal y eso afecta la reputación del sector entero.

LNE. ¿Cómo leen la volatilidad del oro actualmente y a dónde va el metal que sale de Colombia?

DH. El precio del oro ha superado los US$4,500/oz en 2026, niveles históricamente inéditos. Lo leemos como una confluencia de factores estructurales: tensiones geopolíticas, debilitamiento del dólar, demanda de bancos centrales que no cede. Eso no es volatilidad pasajera; hay fundamentos de fondo. En cuanto al destino: el oro de Mineros sale a refinerías y brokers internacionales. En 2025 tuvimos un precio promedio de US$3,474/oz, lo que explica, en buena parte, por qué tuvimos ingresos récord de US$800 millones.

LNE. ¿Cómo se construye legitimidad en territorios donde históricamente ha habido tensiones con la minería?

DH. Con hechos tangibles. En Nicaragua desarrollamos el Modelo Asociativo Bonanza desde 2011: más de 1.500 colectivos de mineros artesanales formalizados, todos con seguro de vida y accidentes, pagados al precio internacional de oro del día. No es filantropía, es gobernanza compartida. Hay una Comisión Municipal de Minería Artesanal que supervisa, arbitra y le da legitimidad al modelo ante las autoridades locales. 

En Colombia, el desafío es distinto pero la lógica es la misma: presencia antes de que lleguen los problemas, no después. La primera pregunta no es cuánto vale el recurso geológico, sino cómo reconstruimos la relación con las comunidades donde operamos.

Nos emocionan proyectos como el que anunciamos hace pocos días, la construcción de un colegio moderno en el Bajo Cauca antioqueño, con capacidad para más de mil estudiantes. Son esos los hechos que pueden transformar las oportunidades para nuestras comunidades y generar impactos generacionales.

LNE. ¿Estamos lejos de regular la actividad aurífera o es mejor que funcione con libertad de mercados?

DH. Ni lo uno ni lo otro. El problema de Colombia no es exceso ni escasez de regulación, es inconsistencia e imprevisibilidad. Tenemos normas ambientales rigurosas que, en papel, son comparables a estándares internacionales, pero su aplicación es desigual. La empresa formal cumple todo y paga todos los costos; la extracción ilícita es perjudicial y hay que generar caminos para que quien quiera hacer las cosas bien, se pueda formalizar y abandone la ilegalidad. 

LNE.  ¿Cómo evitar que la minería profundice desigualdades en los territorios?

DH. Contratando y comprando localmente, y asegurando que la riqueza que genera el subsuelo se quede en nuestra gente. Las compras a proveedores locales alcanzaron USD 215,57 millones en 2025, de los cuales cerca del 80 % se originó en los países donde opera la compañía, dinamizando las economías regionales.

Tenemos 2.487 empleados directos y más de 6.000 indirectos. Hemos invertido decenas de millones de dólares en proyectos sociales como escuelas, agua potable, mejoramiento vial. Pero igual de importante que el dinero es el modelo: si la minería llega a operar en un enclave aislado del territorio, sin conectarse con la economía local, genera desigualdad aunque pague impuestos. La integración territorial no es opcional, es lo que determina que la operación deje un legado positivo en el territorio.

LNE. Si tuviera que proyectar la minería colombiana a 10 años, ¿qué escenario le preocupa y cuál le entusiasma?

DH. Me preocupa el escenario donde Colombia sigue perdiendo el control de sus proyectos a manos de grupos ilegales y avanza la depredación ambiental de nuestros territorios, por la no viabilización de los proyectos que quieren hacer las cosas bien hechas. El mundo necesita más oro responsable y Colombia tiene los recursos para producirlo. Si el entorno regulatorio no mejora, esa oportunidad histórica se va a desperdiciar y pasará a ser un motor más del crimen y la destrucción ambiental.

Me entusiasma el escenario donde Colombia aproveche su potencial, como lo hacen los países europeos, norteamericanos y asiáticos. Si logramos combinar esos recursos con comunidades verdaderamente comprometidas, estándares ambientales de clase mundial y un Estado que funcione como aliado para el desarrollo, el potencial es enorme. No es un sueño, es una decisión política y empresarial.

LNE. La minería ilegal sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento de grupos armados. ¿Cómo enfrenta la industria formal este fenómeno?

DH. Con dos herramientas: trazabilidad y presencia. En nuestra operación de Nicaragua, todos los minerales que compran nuestros aliados mineros formalizados tienen trazabilidad completa desde el punto de extracción hasta la refinería internacional. Eso no es solo cumplimiento, es diferenciación de mercado. Un comprador europeo o norteamericano hoy exige saber de dónde viene el oro que compra.

En Colombia, el problema es más complejo, porque la geografía y la debilidad institucional crean espacios donde la minería ilegal florece. La industria formal no puede sustituir al Estado en el control territorial, pero sí puede ser una voz consistente que promueva la coexistencia con quienes quieren evolucionar a hacer las cosas bien. Abandonar territorios por miedo no es la respuesta, eso los deja a disposición de quienes no tienen ningún estándar. Nuestra apuesta es ocupar esos espacios con legalidad, con empleo formal y con relaciones comunitarias que generen verdaderas oportunidades de desarrollo en el territorio. 

LNE. ¿Qué legado le gustaría dejar en la industria minera colombiana más allá de los resultados financieros?

DH. Que se pueda recordar a Mineros como la empresa que demostró que se puede hacer minería a escala industrial en Colombia con licencia social real, bien ganada. El activo más escaso en minería hoy no es el oro en el subsuelo: es la confianza de las comunidades que viven en él. Si logramos que eso quede demostrado con hechos verificables y replicables, habremos contribuido en algo que va mucho más allá de los resultados financieros.