El Gobierno de Colombia anunció que el salario mínimo para 2025 será de $1.423.500. Esto representa un incremento del 9.54% con respecto al año anterior. Además, a este aumento se le suma un ajuste al auxilio de transporte, que sube a $200.000 (+23.45 %).
Con esta medida el Gobierno busca un beneficio directo para los trabajadores del país. Sin embargo, en un entorno económico complejo con una inflación proyectada del 5.1%, una productividad estancada en promedio de 1.75 %, altas tasas de interés y un índice de informalidad laboral superior al 60%, el panorama se torna más oscuro.
Aunque el ajuste salarial es necesario para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, está poniendo una presión adicional sobre las empresas, que son el principal motor productivo del país.
De poco sirven decretos salariales exagerados si se asfixian las empresas responsables de pagarlos. Sin un ecosistema empresarial saludable no puede haber empleo formal de calidad ni crecimiento económico sostenible.
Así, el Gobierno debería complementar los aumentos salariales con políticas de apoyo a las empresas que promuevan la productividad, la competitividad y la formalización.
Por si fuera poco, flaco favor le hace el presidente Gustavo Petro al país cuando pone en esquinas diferentes a colaboradores y empresarios. El balance entre los intereses de unos y otros debería ser es el punto de partida para encontrar soluciones.
Dejar de pensar en el mercado laboral como un juego donde lo que gana uno lo pierde otro es fundamental. Este es el verdadero camino hacia una economía sostenible que impulse el bienestar de todos los colombianos. Es importante que el Gobierno no solo mire una cara de la moneda, sino que decrete leyes en beneficio de todos.
La Nota Económica
EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango – HI – llegan a acuerdo conciliatorio que favorece la protección del patrimonio público y la estabilidad energética del país
