Esta semana el Congreso hundió la Ley de Financiamiento del Gobierno Petro: 16,3 billones de pesos que no entrarán al presupuesto de 2026. No es un detalle técnico. Es la segunda reforma tributaria que se cae.
Con esto, el Gobierno tiene que recortar gasto, endeudarse o buscar atajos institucionales. Desafortunadamente, no son excluyentes y la administración Petro es experta en estos tres caminos.
El plan B ya está sobre la mesa gracias a la posibilidad de decretar la emergencia económica. Así, se abriría la puerta para ajustar cuentas vía decretos.
La desfinanciación del presupuesto no es nueva ni inesperada. Esto ya se conocía desde el diseño mismo del PGN. Por eso el debate no es solo fiscal, es institucional. Usar una emergencia para resolver un problema previsible tensiona la regla de juego y pone nerviosos a mercados, empresas y calificadoras.
Tanto que presiona el Gobierno por bajar tasas de interés y es él mismo quien las termina impulsando.
Ahora, el problema de fondo es un Estado con gasto rígido, ingresos frágiles y cero consensos políticos. Hundir la ley no arregla eso, pero pone algo de sensatez (tardía eso sí).
Por el otro lado, declarar una emergencia económica no ayuda en nada. Solo compra tiempo, y caro.
La pregunta no es si el Gobierno tiene la razón o si el Congreso actuó por cálculo político. La pregunta es ¿quién está pensando en la sostenibilidad fiscal de 2026?
