Gestión pública: un llamado a la transparencia para los nuevos gobernantes

La legislación actual establece que aquellos individuos que colaboran con entidades gubernamentales, ya sea en calidad de asesores, consultores o contratistas, también pueden responder penalmente (con su libertad) o fiscalmente (con su patrimonio).

En un escenario donde la integridad y la transparencia deben ser pilares fundamentales de cualquier administración pública, las revelaciones de irregularidades de los gobernantes sacuden la confianza de los electores, cada día con más fuerza. Casos de corrupción, mal manejo de fondos y prácticas nepotistas (ayuda a familiares y amigos) como diría Octavio Paz, visten de sombra a la gestión pública en Colombia, América Latina y muchos países del mundo.

La crisis de legitimidad que está viviendo el Estado colombiano es resultado de procesos históricos y exige, sin más aplazamientos, cambios estructurales en la manera de gestionar los recursos públicos.

Cifras recopiladas por la Academia de la Gestión Pública, indican que el 62% de los gestores públicos no son abogados, sin embargo, generalmente son abogados quienes elaboran las normas, investigan conductas, juzgan y sancionan.

Acá viene una primera bandera roja para los nuevos gobernantes: el desconocimiento de las normas no los exime de su cumplimiento; es clave que se preparen para asumir el nuevo reto y que conformen equipos con conocimiento y capacidad de decir -no- a cualquier tentación. Los nuevos gobernantes deben saber que 4.320 servidores públicos han sido sancionados disciplinariamente en los últimos 6 años; conocer cuáles son los errores más comunes de los gestores públicos es indispensable para evitarlos. 

Sandra Avellaneda Avendaño, abogada experta en prevención de riesgos penales, fiscales y disciplinarios y Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública (AGP) es enfática en sus planteamientos al asegurar que “Colombia es el único país del mundo en donde se penalizan con privación de la libertad errores administrativos”.

Cifras de la AGP aseguran que de los 1.357 fallos con responsabilidad fiscal emitidos entre 2014 y 2021 por un órgano de control fiscal del país, solo el 3% está relacionado con actos de corrupción probados y 97% restante corresponden a errores administrativos que se derivan en culpa.

Entonces, son más los buenos que los malos; pero los buenos están mal informados y no conocen suficientemente los riesgos que asumen cuando deciden ser gestores públicos.

Esto no quiere decir que no haya corrupción, dice Avellaneda, “por supuesto, la hay, descarada, rampante, perdió el miedo y la vergüenza, y es la semilla de miseria que afecta a nuestro país. Tenemos que investigar de qué se alimenta para matarla de hambre, porque sólo así dejará de mater de hambre a nuestros niños, enfermos, ancianos”.  

Particulares también son gestores públicos

Y es que la gestión pública se ha transformado de manera significativa y por ello es importante reconocer que las responsabilidades derivadas ya no recaen exclusivamente en los funcionarios públicos, “por eso hoy no sólo hablamos de sanciones y penas a servidores públicos; son crecientes las decisiones en las cuales el sector privado es solidariamente responsable cuando se relaciona con el público y cuando gestiona recursos o intereses de esta naturaleza.”  

Precisa Avellaneda Avendaño que “Interventores, supervisores, asesores, consultores, particulares que administran recursos público y contratistas, también comparten la responsabilidad y muchas veces lo ignoran, sin saber que el peor error es el que se desconoce”.

Lo público es sagrado y defenderlo es asunto de todos

La sociedad contemporánea demanda una administración moderna, transparente, responsable y orientada a resultados que se alinee con las necesidades de la comunidad.

Hoy en día el ciudadano no es el objeto del qué hacer del Estado, sino que tiene que ser un actor protagónico, ya que como dice la jurista, “solo a través de un ejercicio constante de ciudadanía informada y participativa se podrá impulsar un cambio significativo en la cultura política, garantizando que la administración pública se base en principios de justicia, igualdad y beneficio colectivo”.

En este escenario de cambio inaplazable otro actor determinante es el periodismo y los medio de comunicación, «… democracias sólidas, han resaltado cómo los medios de comunicación facilitan el flujo de información hacia los votantes sobre los diferentes candidatos, mostrando en general que votantes más informados toman mejores decisiones (…) Además, el acceso a los medios (…) aumenta la rendición de cuentas y reduce la corrupción” (Fergusson y Vargas, 2011).

Sin duda alguna, recalca la directora de la AGP, entre todos tenemos que ser fuente de soluciones que vayan al ritmo al que avanza el mundo; no hay tiempo que perder, porque mientras los problemas que aquejan a los colombianos van en cohete, lo público sigue viviendo en la edad de piedra.    

La abogada hace una invitación generalizada a «ser defensores de lo público y a respaldar entre todos a los hombres y mujeres que con integridad trabajan por Colombia; porque nuestro país no puede avanzar persiguiendo y dejando solos a los colombianos preparados y honestos que vienen al servicio público”; con vehemencia insiste en que “Colombia necesita a los mejores para avanzar, pero las condiciones actuales hacen que los mejores no quieran venir o volver al servicio público, porque ven un terreno fértil para poner en peligro su libertad, patrimonio, tarjeta profesional, reputación y la paz propia y de su familia, mientras el villano de esta historia (la corrupción) es casi intocable”  

Congreso de la Gestión Pública

Esta realidad motiva un encuentro entre el sector público, el privado y la ciudadanía, para unir esfuerzos en torno al fortalecimiento y la seguridad en la gestión pública; con este propósito el II Congreso Nacional de Gestión Pública “Tendencias y desafíos de la gestión pública moderna”, tendrá lugar los próximos 27 y 28 de noviembre, en la sede principal Cámara de Comercio de Bogotá.

En este Congreso se tocarán temas fundamentales, como: los principales riesgos penales, fiscales y en general jurídicos que tiene el sector privado en el relacionamiento con el público, las causas de decisiones contra gerentes públicos y la morfología del cáncer que aqueja a nuestra sociedad: la corrupción; temas que deben ser del interés de todos, más aún ahora que se elegirán los nuevos cargos regionales en Colombia.