Gobierno de Corea del Sur bajo cuestionamiento por señalar a una religión y poner en riesgo la libertad religiosa

Que el Gobierno señale a una religión específica y formule afirmaciones categóricas sobre supuestos “daños” y “perjuicios”, promoviendo una respuesta sustentada en el ejercicio del poder público, constituye una afectación grave a la libertad religiosa y al principio de separación entre religión y Estado, consagrados en el artículo 20 de la Constitución de la República de Corea.

El 12 de enero, el presidente coreano Lee Jae-myung, durante un encuentro con líderes religiosos, hizo referencia a una organización religiosa específica, señalando que “se han tolerado durante largo tiempo los daños que causa a la sociedad, lo que ha derivado en perjuicios significativos”. Posteriormente, el día 13, el primer ministro Kim Min-seok, en el marco de una sesión del Consejo de Ministros, utilizó expresiones como “secta” y “herejía”, e instruyó la realización de investigaciones conjuntas y la adopción de medidas de erradicación, partiendo del supuesto de una religión determinada. Estas declaraciones, realizadas antes del inicio formal de cualquier investigación, pueden entenderse como la asunción previa de una conclusión y dar la impresión de que el jefe del Poder Ejecutivo estaría calificando a una religión específica como un problema social.

Resulta especialmente preocupante que, mientras las investigaciones conjuntas dispuestas por el propio Gobierno se encuentran en curso, se sigan empleando expresiones como “secta”, “herejía” o “daño social” en referencia a una religión concreta, como si se tratara de hechos ya establecidos. Ello plantea serias interrogantes desde una perspectiva constitucional: ¿en virtud de qué atribuciones el Gobierno puede definir o juzgar a una religión? ¿Con qué fundamento se formulan directrices de actuación que podrían afectar la independencia de los órganos encargados de la investigación y la administración de justicia?

Desde una perspectiva religiosa, el criterio para distinguir entre ortodoxia y herejía no puede fundarse en relaciones de poder ni en intereses políticos, sino que ese criterio se basa exclusivamente en la Biblia.

El presidente y los actores políticos tienen la responsabilidad de promover una política orientada a la integración y la cohesión social, y no una que convierta a determinados grupos en objeto de estigmatización. El uso de la religión como instrumento de gestión política o la presión sobre minorías religiosas amparándose en mayorías circunstanciales no fortalece ni la democracia ni el desarrollo nacional. El presidente debe ejercer su mandato como representante de la totalidad de la ciudadanía, y el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar que ninguna creencia sea objeto de exclusión o discriminación.

Si hoy una religión es señalada como objetivo, mañana podrían serlo otras denominaciones religiosas o incluso otro sector social. Shincheonji Iglesia de Jesús no permanecerá en silencio ante la vulneración de la libertad religiosa garantizada por la Constitución y, al mismo tiempo, reafirma su compromiso de abordar esta situación dentro del marco de la ley, con apego a la verdad y a la fe. El Gobierno debe fundamentar sus decisiones en hechos comprobables y en el derecho, y reconducir la acción pública hacia una gestión orientada al interés general y al desarrollo del país.

Como ciudadanos de la República de Corea, los miembros de Shincheonji Iglesia de Jesús han colaborado activamente con las políticas públicas, participado en numerosas actividades de voluntariado y promovido iniciativas de donación de sangre para la protección de la vida. Tal como lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos cumpliendo con nuestras responsabilidades como personas de fe que creen en Dios y en Jesucristo, y como ciudadanos comprometidos con esta nación.