Gobierno y organizaciones sindicales lograron acuerdo laboral para beneficiar al sector público
El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, anunció que junto con 20 organizaciones sindicales lograron llegar a una negociación colectiva que beneficiará a 1 millón 275 mil servidores públicos del país.
La negociación tuvo una duración de 39 días hábiles y evalúo un pliego compuesto por 1276 solicitudes.
Entre los principales acuerdos alcanzados, está el incremento salarial a servidores públicos que representará para este 2021 un incremento total de 2.61 %, retroactivo al primero de enero del 2021. Para el año 2022 se acordó un aumento salarial correspondiente al crecimiento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total en el año 2021, certificado por el DANE a 31 de diciembre, más 1.64 puntos porcentuales, el cual regirá a partir del 1 de enero del 2022.
Igualmente, se acordó crear una comisión para estudiar la reducción de la jornada laboral de los servidores públicos, la cual estará conformada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo.
Un tercer punto se centra en la implementación de Mesas Técnicas para el pago de obligaciones de las Empresas Sociales del Estado y del nuevo régimen de carrera administrativa, que se basará en la caracterización de las deudas y de los mecanismos de reconocimiento y pago de las obligaciones.
De igual modo, el Gobierno Nacional expedirá una directriz para las entidades del orden nacional, territorial y órganos de control, para implementar jornadas flexibles, dentro del marco legal establecido en la ley para la jornada laboral, con el fin de generar conciliación entre la vida laboral y personal para garantizar la salud mental y física de los empleados públicos.
Por su parte, las mesas sectoriales se comprometieron a comenzar de manera presencial la educación inicial, preescolar, básica y media a partir del segundo semestre de 2021 y el Ministerio de Educación convocará de manera permanente a las Secretarías de Educación para efectuar seguimiento a la implementación de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas para mitigar el riesgo de contagio por COVID-19.
El Ministerio de Educación Nacional se comprometió a convocar un espacio de amplia participación con distintos sectores para generar debates y presentar propuestas que alimenten las discusiones relacionadas con el estatuto docente, evaluación docente y del desempeño con la calidad de la educación.
Por último, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer propondrá ante el comité de seguimiento de la Ley 1257 de 2008, recibir en calidad de invitadas a las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo, cuando deseen exponer una temática particular sobre violencia en los lugares del trabajo para ser presentada ante el comité.
