Por: Rodolfo Colalongo
A diferencia de lo que muchos piensan, las manifestaciones ocurridas en Colombia durante estos días no fueron producto de la reforma tributaria planteada por el gobierno nacional; proyecto que murió en el intento, sino del cúmulo de una cantidad de demandas insatisfechas profundizadas por la pandemia. En palabras de Laclau (2005), lo que estamos presenciando es una lógica política, un modo de construir lo político, de formar las identidades colectivas, es decir, la formación del pueblo como actor político-histórico.
Esta formación del pueblo como actor político-histórico surge con la articulación de la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia, y para ilustrar sus significados recurre a un ejemplo muy sencillo que lo adaptaré al contexto del paro nacional.
La reforma tributaria convirtió al tema impositivo en un problema social de la clase media al querer gravar con nuevos impuestos los ingresos brutos de los asalariados, provocando así una demanda por parte de los trabajadores.
Ahora bien, como dicha demanda no fue satisfecha oportunamente, las clases menos favorecidas se dieron cuenta que dicha reforma también los afectaba como grupo social, ya que ampliaba la base gravable del IVA. En algunos casos incrementaba el impuesto y en otros, se los imponía a productos básicos que estaban exentos, alentando, nuevamente, el surgimiento de una nueva demanda que el gobierno no supo o no quiso atender oportunamente.
A las dos demandas surgidas del intento de reforma tributaria planteada por el poder nacional, se le fueron sumando otras (trabajo, alimentación, mejores salarios, derechos humanos, entre otros) como consecuencia de la grave crisis económica-social que esta dejando el paso del Covid-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. Al ser una multitud de demandas insatisfechas, el gobierno se ve imposibilitado de darles una respuesta institucional de manera diferencial, permitiendo así, una equivalencia entre las demandas.
El resultado final, plantea el autor, bien podría ser un abismo cada vez mayor que separe al sistema institucional del pueblo, y es justamente lo que esta sucediendo en Colombia. Las declaraciones del ahora, exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fueron un claro ejemplo de esta separación abismal, al sostener que una docena de huevos costaba $1.800 cuando cualquier ciudadano sabe que cuestan mucho más. Incluso, redobló la apuesta y dijo que nunca se fijaba cuánto costaba el mercado, un dicho muy desafortunado en un país en donde muchos colombianos solo comen una o dos veces al día.
A ello se le suma la propia desconexión del presidente Duque, que no escuchó las alarmas que le advertían que no era el momento oportuno para presentar una reforma tributaria, como tampoco atendió el llamado del todo el arco político que le advertía que esto culminaría en protestas sociales, o al propio empresariado colombiano que expresó públicamente a través de un comunicado que estaba dispuesto a rescindir parte de los privilegios fiscales del que gozaba, para que el gobierno recaude lo necesario para reducir el déficit fiscal.
La tesis central de Laclau es que esa separación cada vez mayor entre el gobierno y el pueblo permite la formación de este último como un actor político-histórico dando origen al surgimiento de los movimientos populistas, solo hará falta un líder carismático capaz de canalizar las demandas sociales para terminar de completar el ciclo.
Sin embargo, no es en el surgimiento de los movimientos populistas donde me quiero detener, sino en cómo la ausencia de una institucionalidad colectiva permite el surgimiento de movimientos sociales no organizados u organizados de manera horizontal que buscan canalizar sus demandas insatisfechas a través de las protestas sociales que, en este caso y en un contexto de baja institucionalidad, terminan en violencia política.
La institucionalidad no solo abarca a los poderes públicos sino también a los emanados del pueblo como lo son los partidos políticos y los sindicatos. Su función principal es, justamente, servir de vasos comunicantes entre las demandas sociales y las instituciones políticas. Tanto los primeros como los segundos se vuelven necesarios dentro de una democracia para garantizar su buen funcionamiento y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
Los partidos políticos cumplen la función social de estar en contacto con la gente, de escuchar sus problemas, de contenerlos y canalizarlos por vías institucionalizadas mediante las cuales los gobernantes se hacen eco de ellas.
También funcionan como una especie de primera línea de contención social, ya que, en muchos casos, con solo escuchar las demandas del pueblo alcanza para desactivar una insatisfacción y, por otro lado, de filtro que solo permite que escalen aquellas situaciones que pueden derivar en protestas sociales.
Pero también tienen la función de ser canales de protestas sociales organizadas cuando ocupan el rol de opositores políticos, en este caso, viabilizan las demandas, las organizan y las vuelcan a la calle de manera orgánica y con un objetivo: que el gobierno de turna cumpla con las claras y concisas exigencias sociales. En este caso, la propia estructura del partido se encarga de diagramar la protesta y no permitir desmanes, infiltraciones ni provocaciones. Apartando así la posibilidad de un enfrentamiento con la fuerza pública.
Los sindicatos, contrario a lo que piensan en Colombia, también cumplen una misión social de contención y canalización de demandas insatisfechas, pero de los afiliados a los que representan.
En este sentido, la función social de los sindicatos es más limitada que la de los partidos políticos, pero no por ello menos importante y efectiva. Las uniones de trabajadores son especialistas en organizar protestas sociales y contener sus demandas y, muy necesarias en contextos de alta insatisfacción social como la esta viviendo el país.
En la Colombia actual tanto los partidos políticos como los sindicatos brillan por su ausencia, lo que tenemos es un conjunto formal de partidos políticos que representan los intereses individuales de sus líderes o, dicho de otro modo, fueron los propios líderes quienes formaron partidos a su imagen y semejanza donde cumplen la única función de canalizar sus demandas políticas y aglutinar tras de si una serie de seguidores, pero no funcionan como puentes entre el pueblo y el gobierno. Con los pocos sindicatos que aún sobreviven en el país la situación es aún peor porque cuentan con una escasa legitimidad social, son perseguidos políticamente y no funcionan como red de apoyo a las bases, en consecuencia, no contienen ni a sus pocos afiliados. En este sentido, solo los indígenas cuentan con una organización tal capaz de cumplir con estas funciones, no nos olvidemos que la MINGA organizo una marcha multitudinaria que llegó en caravana a la capital del país en plena pandemia y no hubo un solo vidrio roto, incluso limpiaron la ciudad antes de retirarse. A su vez, dicha organización llegó a Cali para participar de la protesta social pero antes de hacerlo se reunieron en el anfiteatro de la Universidad de Cali para debatir las acciones a seguir. Las imágenes eran claras, unos mil integrantes del colectivo perfectamente identificables, sentados debatiendo y su líder parado enfrente escuchando, luego de las deliberaciones del caso, el cabecilla del grupo se acercó a la prensa y expreso que la decisión era apoyar las manifestaciones sociales.
Cuidado, claro que existen colectivos organizados que están participando de las marchas como los estudiantes, por ejemplo, sin embargo ellos mismos se definen como organizaciones horizontales en donde se toma la decisión de marchar, pero sin un objetivo claro ni una demanda concreta, incluso la vocería del grupo cambia constantemente.
Es decir, que la organización sea horizontal no significa necesariamente ausencia de liderazgo o vocería, lo que quiere decir es que las decisiones se toman por consensos y acuerdos entre sus miembros pero debe haber alguien o algunos que las expresen y pongan en práctica.
A esta falta de institucionalidad político-social expresada en la ausencia de partidos políticos, sindicatos y colectivos organizados que funcionen como amortiguadores sociales, se le suman dos factores más. El primero tiene que ver con la ausencia de una fuerza pública con capacidades para enfrentar este tipo de situaciones sociales, una policía nacional militarizada que fue diseñada para combatir al narcotráfico y darles apoyo logístico-militar a las fuerzas armadas en su lucha contra guerrillera, pero nunca fueron pensadas para contener protestas sociales, en todo caso, lo fueron para operar en contextos de alta violencia política y de paros armados organizados por los grupos al margen de la ley. Por esta razón, su reacción fue de una violencia inusitada que llevó, incluso, al uso de la fuerza letal. En este sentido, a Colombia le urge la creación de una nueva policía, de origen civil, que no dependa del ministerio de defensa y que este capacitada en el manejo de protestas sociales en contextos urbanos.
El otro factor no menos importante que fortalece la separación entre el pueblo y el gobierno, es la asunción de un grupo de políticos que no tienen una conexión real con la situación que vive el país. El gobierno de turno demostró no estar a la altura del entorno nacional, ni su ministro de hacienda ni el presidente de la república parecen estar al corriente de la vida de los colombianos y esto se da, desde mi punto de vista, por una ineptitud política muy propia de burócratas que consideran que al Estado no se lo gobierna sino que se lo administra como si fuera una empresa y esto genera una serie de problemas irresueltos que no encuentran lugar en la “administración nacional” porque la respuesta gubernamental es técnica y no política. La técnica resuelve problemas técnicos y la política problemas políticos.
Toda esta situación desemboca en una radicalización de la democracia colombiana en la cual los actores involucrados al no encontrar canales adecuados de comunicación para resolver sus demandas optan por profundizar el conflicto social y llevarlo a sus extremos. Así lo confirma las declaraciones de los principales referentes políticos del país, tanto de un lado como del otro arco político que, en lugar de llamar al diálogo y al consenso, optaron por redoblar la apuesta y hablar de infiltraciones guerrilleras, desestabilizaciones provocadas por la izquierda y del castro-chavismo asomando sus narices en Colombia; por el otro lado, de represiones asesinas, de infiltraciones de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre otras. No es momento de seguir echando leña al fuego sino de llamar al diálogo y al consenso. ¿Estará el sistema democrático colombiano en condiciones de hacerlo?, veremos.
