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Impuesto negativo a los ingresos es una política novedosa basada en evidencia

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Categoría: Opinión
DAVID-PEREZ

Por: David Perez-Reyna

Colombia está en medio de su peor crisis económica desde la guerra de los mil días. Éste es el momento para tomar medidas novedosas, pero basadas en lo que sabemos de economía. Un impuesto al ingreso que sea creciente en el ingreso y que empiece siendo negativo (un subsidio) es un ejemplo de una política para la que la evidencia sugiere que puede aumentar el bienestar.

El Estado debería garantizar una malla social robusta. Pero esa garantía debe tener en cuenta incentivos. Las personas de mayores ingresos deben pagar mayores tasas de impuestos, pero no se debe desincentivar tener mayores ingresos. A la sociedad como un todo le conviene que todos queramos tener mayores ingresos. Un impuesto a los ingresos que sea creciente en los ingresos y que empiece siendo negativo, como lo propuesto por Friedman (ver Linke, 2018) satisface esas propiedades. Una renta básica universal también tiene incentivos para querer tener mayores ingresos, pero poder financiar una renta para todo el mundo tiene costos tan altos, que no compensa los beneficios, como encuentra Luduvice (2019). Una razón es que el costo fiscal es importante. La historia nos ha enseñado que tener déficits fiscales altos son una fuente de volatilidad macroeconómica, que resultan en menor crecimiento, sobre todo cuando son financiados con emisión monetaria. El proyecto sobre la historia de la política monetaria y fiscal de Latinoamérica muestra eso.

Por otro lado, una renta básica garantizada tiene menores costos fiscales, pero genera incentivos hacia no querer tener ingresos mayores a la renta. Para entender por qué, comparemos las tres políticas, suponiendo, para facilidad de exposición, que la renta considerada es 100. Bajo una renta universal, todo el mundo recibe 100. En este caso hay incentivos para tener mayores ingresos porque nadie dejará de recibir los 100, pero el Estado necesita suficientes recursos para poder costear esta renta.

Bajo una renta garantizada, todas las personas con ingresos menores a 100 reciben la diferencia entre su ingreso y 100, garantizando que el ingreso mínimo de todo el mundo sea 100. Así, si alguien tiene ingresos de 80, el estado le transfiere 20. Si tiene ingresos de 99, el estado le transfiere 1. Si tiene ingresos por encima de 100, el estado no transfiere recursos. Como no se necesita pagarle a todo el mundo, y a los que se les transfiere sólo se hace en la diferencia para llegar a 100, el costo fiscal es menor. Lo negativo de este esquema es si yo tengo un ingreso menor a 100, no hay incentivos para que mi ingreso sea mayor. Por ejemplo, consideremos una persona que tiene un ingreso de 99. Con la renta básica garantizada, el Estado gira lo que falta para completar un ingreso de 100; en este caso, el Estado gira 1. Pero si la persona aumentara su ingreso a 100, el ingreso total de la persona seguiría siendo 100. Es decir, eso sería equivalente a como si la persona tuviera un impuesto de 100% sobre ese peso, y por lo tanto no habría incentivos para que esta persona ganara ese peso adicional.

En cambio, consideremos la siguiente alternativa: un hogar gana 99 y es beneficiario de un subsidio de 1 peso (un subsidio de 1,01%), y con eso su ingreso total es 100. Si la persona pasa ahora a ganar 100, el subsidio baja a 0,5%, y lo tanto su ingreso total es de 100,5. En este caso, es como si el peso adicional que la persona gana estuviera sujeta a un impuesto de 50%: gana un peso más, pero el ingreso total solo aumenta 0,5 pesos, que en este caso ocurren porque el subsidio disminuye. Eso hace que la persona esté mejor ganando 100 pesos que 99. Esto no ocurre cuando hay una renta básica garantizada. A medida que los ingresos aumentan más, la persona dejaría de recibir un subsidio y empezaría a pagar impuestos, pero lo haría de manera tal que siempre estaría mejor teniendo más ingresos.

El gobierno nacional y los gobiernos locales tuvieron la valentía de tomar medidas restrictivas sin tener evidencia disponible cuando empezó la pandemia. Esos mismos gobiernos han sido cobardes para tomar medidas como abrir colegios, a pesar de la creciente evidencia. Ojalá no sean cobardes para tomar medidas económicas, cuando la evidencia disponible sugiere que aumentarían el bienestar. Ojalá también se abstengan de tomar medidas que la historia ha demostrado que va en detrimento del bienestar, como programas de sustitución de importaciones para proteger empleos en Colombia, que ya se ensayó en América Latina en los 70 y resultó en caídas importantes en la productividad que después se tradujeron en salarios más bajos.

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