Por: Mario Posada García-Peña; Rector, Universidad de América
Mientras el país concentra buena parte del debate público en el crecimiento económico, la seguridad, la sostenibilidad fiscal y las prioridades del nuevo Gobierno, existe una discusión que avanza silenciosamente y que será determinante para el futuro de Colombia: cómo garantizar un modelo sostenible para financiar la educación superior.
No se trata únicamente de asegurar recursos para las universidades. Se trata de decidir qué tipo de país queremos construir y qué capacidad tendremos para formar el talento que demandan la inteligencia artificial, la transición energética, la transformación digital y los nuevos sectores productivos.
La educación superior es hoy uno de los principales motores de la competitividad. Ninguna economía logra aumentar su productividad, atraer inversión, fortalecer su capacidad científica o generar innovación sin universidades sólidas que formen profesionales, desarrollen investigación y transfieran conocimiento a la sociedad y a las empresas.
En este propósito, Colombia cuenta con una fortaleza que pocas veces se reconoce en toda su dimensión: un sistema de educación superior mixto, donde universidades públicas y privadas cumplen un papel complementario. Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, cerca de la mitad de los estudiantes del país se forman en instituciones privadas, lo que demuestra que estas hacen parte esencial de la capacidad nacional para ampliar el acceso y responder a las necesidades de formación del talento humano.
En este contexto, resultan alentadoras las recientes declaraciones de la ministra de Educación, Viviane Morales, quien ha manifestado su intención de fortalecer el sistema mixto de educación superior, reconociendo el papel complementario que desempeñan las instituciones públicas y privadas para ampliar el acceso, preservar la libertad de elección de los estudiantes y responder a las distintas necesidades del país. Este enfoque representa una oportunidad para construir consensos que permitan consolidar un modelo de financiación equilibrado, capaz de fortalecer a las universidades públicas sin desconocer el aporte estratégico que realizan las instituciones no oficiales al desarrollo nacional.
Sin embargo, el modelo enfrenta desafíos cada vez más complejos. Las universidades públicas continúan reclamando una actualización de sus esquemas de financiación, mientras que las instituciones privadas afrontan presiones derivadas del menor crecimiento demográfico, las dificultades económicas de las familias, el incremento de los costos operativos y las crecientes exigencias regulatorias y de calidad.
A ello se suma un reto aún mayor: preparar al país para una economía basada en el conocimiento. La irrupción de la inteligencia artificial y la acelerada transformación del mercado laboral obligan a repensar la educación como un proceso permanente. Las universidades ya no solo forman profesionales; también deben acompañar la actualización continua de competencias, impulsar la investigación aplicada y acelerar la innovación que requieren las organizaciones para mantenerse competitivas.
Por eso, el debate no puede limitarse a quién financia las universidades. La verdadera discusión debe incluir cómo ampliar el acceso de los estudiantes, cómo fortalecer la investigación, cómo incentivar la transferencia tecnológica y cómo consolidar una alianza efectiva entre Estado, universidad y sector productivo para impulsar el desarrollo del país.
En Colombia, la inversión en investigación y desarrollo continúa siendo insuficiente frente a las economías más avanzadas. Superar esta brecha exige políticas públicas estables, incentivos para la innovación y un compromiso compartido entre los diferentes actores del sistema de educación superior. La sostenibilidad financiera de las universidades no constituye un interés exclusivamente institucional; representa una condición indispensable para el crecimiento económico y el bienestar social.
El nuevo Gobierno tendrá que tomar decisiones trascendentales sobre productividad, empleo y competitividad. Todas ellas tienen un denominador común: el talento humano. Podremos desarrollar nuevos sectores económicos, atraer inversión o acelerar la transformación digital, pero ninguna de esas apuestas será sostenible sin personas preparadas para liderarlas.
El momento que vive Colombia exige construir acuerdos, no profundizar divisiones. Fortalecer el sistema mixto de educación superior, garantizando la sostenibilidad tanto de las universidades públicas como de las privadas, no constituye una discusión ideológica, sino una decisión estratégica para el desarrollo del país. Invertir en educación superior es invertir en innovación, productividad, competitividad y oportunidades para millones de colombianos.
La verdadera pregunta, entonces, no es cuánto cuesta invertir en educación superior. La pregunta es cuánto le costaría a Colombia dejar de hacerlo. Porque las universidades no solo forman profesionales; forman la capacidad del país para innovar, emprender, resolver problemas y competir en un mundo donde el conocimiento se ha convertido en el principal motor del desarrollo.
