Una hoja de ruta para los futuros legisladores en materia de regulación digital, inteligencia artificial y economía de plataformas
Por Erick Rincón Cárdenas, miembro de la Alianza por la Innovación Tecnológica, Profesor Asociado y Vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
El 8 de marzo de 2026, los colombianos eligieron el Congreso de la República que gobernará entre 2026 y 2030. Serán cuatro años que, desde una perspectiva tecnológica, podrían convertirse en la ventana legislativa más decisiva de las últimas décadas. No porque el periodo anterior haya sido particularmente prolífico, sino porque la brecha entre la velocidad de la transformación digital y la capacidad de respuesta del Estado se ha convertido en un riesgo sistémico que ya no admite aplazamientos.
Mientras los candidatos recorren plazas y redes sociales hablando de empleo, seguridad y paz, pocos mencionan inteligencia artificial, activos digitales, ciberseguridad o protección de datos. Esa omisión no es marginal: revela que parte de la dirigencia aún no comprende que la economía digital ya no es el futuro, sino el presente que condiciona el bienestar, los derechos y la competitividad del país.
En el marco del trabajo que venimos adelantamos desde la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT), propongo una agenda mínima que el próximo Congreso debería asumir con rigor y visión de largo plazo.
1. Inteligencia artificial: de la euforia al marco normativo
Colombia carece de una política legislativa coherente en inteligencia artificial. Existen lineamientos y documentos de política pública, pero no una arquitectura normativa integral.
El nuevo Congreso debe ocuparse al menos de tres frentes: primero, la regulación del uso de IA en decisiones de alto impacto —crédito, salud, seguridad, justicia—, garantizando la explicabilidad de los algoritmos y el derecho a la no discriminación automatizada. Segundo, el régimen de responsabilidad civil por daños causados por sistemas autónomos, un vacío que ya genera conflictos reales en sectores como el financiero y el asegurador. Tercero, la gobernanza de la IA generativa en el servicio público.
2. Protección de datos personales: actualizar la Ley 1581
La Ley 1581 de 2012 fue pionera. Catorce años después, enfrenta desafíos que no existían al momento de su promulgación: el perfilamiento masivo de usuarios por parte de plataformas globales, el reconocimiento facial en espacios públicos, la minería de datos biométricos, o el tratamiento de datos sensibles en el contexto de la economía de la atención.
Colombia necesita una reforma que incorpore la portabilidad efectiva de datos, el principio de privacidad desde el diseño, reglas claras sobre uso de datos en entornos electorales y mayores capacidades de supervisión para la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Activos digitales y criptoactivos: regular sin asfixiar
El mercado de criptoactivos en Colombia creció en los últimos años. Sin embargo, la regulación vigente sigue fragmentada: Conceptos del Banco de la República y la Superintendencia de Sociedades que no alcanzan a cubrir la diversidad de activos digitales existentes
El próximo Congreso debe promover una ley de activos digitales que establezca con claridad la naturaleza jurídica de los criptoactivos según su función económica, el régimen de licenciamiento para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), los requisitos de AML/CFT adaptados a las características de la tecnología blockchain y los mecanismos de protección al consumidor.
4. Ciberseguridad: de política pública a obligación legal
Los incidentes de ciberseguridad en entidades públicas y privadas evidencian que la seguridad digital es un asunto de Estado. Ataques a hospitales, alcaldías y empresas estratégicas demuestran la vulnerabilidad de infraestructuras críticas.
Sin embargo, Colombia aún no cuenta con una ley marco que establezca estándares mínimos obligatorios, deberes de reporte de incidentes ni responsabilidades claras para operadores de servicios esenciales. El próximo Congreso debe elevar la ciberseguridad al rango de obligación legal, fortalecer la autoridad nacional de respuesta a incidentes y consolidar un sistema coherente de gestión de riesgos digitales.
5. Economía de plataformas y trabajo digital
Millones de colombianos generan ingresos a través de plataformas digitales. La discusión sobre la naturaleza jurídica de su vínculo —relación laboral o prestación independiente— continúa sin una definición legislativa clara, mientras los tribunales producen decisiones contradictorias.
Los congresistas deberán abordar este debate con criterio, evitando tanto asimilar automáticamente toda relación de plataforma a un contrato laboral, lo que puede frenar la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio digitales, como mantener esquemas que no respondan a la dinámica propia de la economía de plataformas. La regulación europea de plataformas de trabajo, con su presunción de laboralidad condicionada, y los modelos híbridos explorados en Chile y España, ofrecen alternativas que pueden servir como referencia.
6. Inclusión financiera digital y regulación fintech
El ecosistema fintech colombiano ha avanzado gracias a instrumentos como las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) y los sandbox regulatorios. No obstante, persisten vacíos relevantes.
El crédito digital no bancario y el crowdlending operan en un terreno de inseguridad jurídica que expone a consumidores y emprendedores. El open finance, aunque en desarrollo normativo, requiere respaldo legal sólido para garantizar interoperabilidad y portabilidad de datos financieros. Además, la educación financiera digital necesita dejar de ser un enunciado programático para convertirse en política pública con soporte legislativo.
El próximo Congreso necesitará congresistas capaces de entender la diferencia entre un token de utilidad y un valor mobiliario, entre un sistema de IA explicable y uno opaco, entre un dato personal sensible y uno anonimizado. No para legislar solos, sino para impulsar un trabajo articulado con reguladores, academia, sector privado y sociedad civil que permita construir marcos normativos viables frente a los retos de la economía digital.
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