Por: Juan José Escobar, editor económico La Nota Económica.
El 8 de abril de 2026, Standard & Poor’s le entregó a Colombia su peor calificación crediticia desde 1993. No fue un accidente: fue la factura de años de irresponsabilidad fiscal del gobierno Petro.
Colombia ya venía en territorio de «bonos basura» desde que perdió el grado de inversión (BBB−). Este nuevo recorte de BB a BB− en moneda extranjera, y de BB+ a BB en moneda local, es un escalón adicional dentro de la categoría especulativa.
Y aunque no lo parezca, eso significa dinero que sale del bolsillo del ciudadano común y del empresario que arriesga su capital todos los días.
El diagnóstico de S&P: nada que no se veía venir
La calificadora identifica tres problemas estructurales que el gobierno del presidente Gustavo Petro agravó durante su mandato:
• Déficits fiscales persistentes y elevados.
• Una carga de deuda creciente con cada vez menos margen de maniobra fiscal.
• Una posición externa débil y expectativas de inflación que se alejan de la meta del 3%.
En lenguaje simple, el Gobierno gasta más de lo que recauda (pese a que ha hecho todo por exprimir al sector productivo), la deuda pública sigue escalando, y los inversionistas internacionales exigen una prima de riesgo más alta para prestarle dinero a Colombia. El resultado es una espiral en la que cada peso de interés pagado es un peso menos para servicios, obras o subsidios.
Esta es la peor nota crediticia soberana de Colombia desde 1993. Que ocurra bajo la administración Petro, cuya irresponsable y demagógica política económica ha estado marcada por la expansión del gasto, la reforma tributaria más alta de la historia reciente del país y la incertidumbre regulatoria, no es coincidencia.
La responsabilidad directa del gobierno Petro
Sería deshonesto presentar este downgrade como un fenómeno externo o heredado. Si bien Colombia arrastra debilidades fiscales estructurales de gobiernos anteriores, la administración Petro tomó decisiones concretas que aceleraron el deterioro como la reforma tributaria de 2022, la más ambiciosa en décadas, diseñada más para redistribuir que para reducir el déficit de forma sostenible. Aunque recaudó más en el corto plazo, no fue acompañada de un recorte equivalente del gasto.
Además, la expansión del gasto no tiene una hoja de ruta fiscal. Los programas sociales del gobierno se multiplicaron sin que hubiera una contraparte creíble de ajuste estructural ni de crecimiento económico que los financiara a largo plazo. Cuentas alegres en servilletas que parecen sacadas de una de las tantas ‘rumbas’ del presidente.
En paralelo a ese desastre, es claro el choque con la inversión privada. Las señales hostiles hacia el sector petrolero, la parálisis en la expedición de licencias ambientales y la incertidumbre regulatoria ahuyentaron inversión extranjera directa en un momento en que el país más la necesitaba. El costo de la ‘dignidat’ (sic) dirán los defensores del Gobierno.
Para cerrar con lo que es la peor era de manejo económico del país, se tiene un debilitamiento de la confianza institucional. Los continuos roces del Ejecutivo con el Banco de la República, en cabeza de la última pataleta del ministro Ávila, así como los choques con el Congreso y los organismos de control generaron una prima de riesgo político que se refleja en el costo de financiarse en los mercados internacionales.
Lo que paga el ciudadano de a pie
Cuando el Gobierno encarece su deuda, el efecto se transmite de inmediato a bancos, empresas y hogares. Así, las tasas de interés de créditos hipotecarios, consumo y tarjetas suben. También la menor confianza presiona el peso hacia la devaluación, lo que terminará por encarecer las importaciones, incluyendo alimentos, insumos y tecnología, con lo que se mantendrá la inflación por encima de la meta. El Banco de la República ha actuado con seriedad, pero S&P advierte que volver al 3% tomará tiempo. Entretanto, la canasta familiar lo nota primero.
Cada punto porcentual adicional que paga el Gobierno en intereses es un peso que no va a una carretera, un hospital o un colegio. Y el ajuste llegará vía impuestos más altos y/o vía recorte de gasto. En ambos casos, el ciudadano carga con la cuenta. Por si fuera poco, un crecimiento económico más débil implica menos contratación, aquí es donde el trabajador informal y el asalariado son los más vulnerables.
Lo que paga el empresario
El sector productivo siente el golpe por múltiples vías. El financiamiento se encarece tanto en los mercados locales como internacionales, dado que las calificaciones de los bancos y grandes empresas colombianas están atadas al techo soberano. Además, los fondos de pensiones globales, los ETF y los grandes institucionales tienen mandatos que limitan o prohíben invertir en países con calificaciones tan bajas, lo que reduce el flujo de inversión extranjera directa en un momento crítico.
Más grave aún es el impacto sobre la planeación a largo plazo. Ningún empresario serio puede comprometer capital a cinco o diez años en un entorno donde el próximo ciclo político puede traer nuevas reformas tributarias, controles de capital o presiones sobre la autoridad monetaria. La parálisis inversionista tiene un costo económico real que se mide en empleos y productividad no creados.
¿Catástrofe o llamada de atención?
Colombia no enfrenta una crisis de pagos inminente. El Banco de la República ha actuado con seriedad y las reservas internacionales ofrecen un colchón razonable. La perspectiva ‘estable’ que acompaña el recorte de S&P indica que la agencia no anticipa una nueva caída inmediata.
Pero eso no minimiza el daño. Cada escalón que se baja en la escala especulativa aleja más al país del grado de inversión que permitiría bajar estructuralmente las tasas de interés y atraer capital de calidad. Recuperar ese terreno toma años de disciplina fiscal creíble y consistente, justo lo que ha faltado en este gobierno.
Sin una corrección fiscal real y sostenida, el costo de ser colombiano ya sea de como persona natural o jurídica, seguirá subiendo. Ese ajuste es el legado de un pésimo gobierno que durante cuatro años priorizó el discurso redistributivo sobre la sostenibilidad fiscal. La pelota está en la cancha del próximo Gobierno, pero la factura ya está en la mesa.
