La inflación anual en Colombia llegó al 5,56% en marzo de 2026. Es el dato más alto desde septiembre de 2024, supera las expectativas del mercado, que anticipaba un 5,4%, y marca una aceleración frente al 5,29% registrado en febrero. La variación mensual fue del 0,78%, impulsada principalmente por alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios públicos domiciliarios y combustibles.
Los sectores que más presionaron los precios al alza fueron restaurantes y hoteles, con un incremento anual del 9,92%; salud, con 7,87%; y educación, con 7,54%. En la canasta básica, productos como el tomate subieron un 13,58% mensual y las frutas frescas un 8,66%, golpeando directamente el presupuesto de las familias colombianas.
Un repunte que no sorprende
El alza desproporcionada del salario mínimo, que superó el 23%, ya está trasladándose a los precios en todos los sectores intensivos en mano de obra. El propio Ministerio de Hacienda tuvo que reconocerlo en su Plan Financiero 2026, donde elevó su proyección de inflación anual de un fantasioso 3,2% a un más realista 5,8%, que ahora suena optimista. Esa corrección es el resultado de admitir que las políticas del gobierno Petro tienen un costo sobre los precios que ya no puede ocultarse.
El Gobierno ha intentado presentar cada episodio inflacionario como consecuencia de factores climáticos o externos. Pero cuando la inflación básica, la que excluye alimentos y energía, también se mantiene elevada y persistente, ese argumento pierde sustento.
Colombia está pagando el precio de decisiones de política económica que priorizaron el impacto político de corto plazo sobre la estabilidad de los precios.
Quiénes pagan la cuenta
Los principales afectados son los trabajadores informales y los pensionados. La inflación funciona como un impuesto silencioso que afecta con mayor dureza a quienes menos tienen.
El 70% de los colombianos, entre informales, independientes y pensionados, no recibió el ajuste del salario mínimo, pero sí enfrenta el encarecimiento de la canasta familiar. Los alimentos y los servicios públicos suben más rápido que los ingresos reales de estos hogares.
El resultado es una pérdida de poder adquisitivo que el Gobierno trata de encubrir, pero que se siente en cada mercado e ida a la tienda de barrio.
En paralelo, el problema inflacionario también lo sufren las empresas y el crédito. El Banco de la República mantiene su tasa de intervención en niveles altos ante la persistencia inflacionaria. Eso se traduce en crédito más caro para empresas y hogares. La inversión se frena, las pymes postergan contrataciones o cierran, y el desempleo estructural se agrava. El propio Gobierno proyecta un crecimiento del 2,6% para 2026, una cifra que en el contexto actual equivale a estancamiento.
De otro lado, los inversionistas internacionales observan a Colombia con una combinación de preocupación y escepticismo, como ya se vio con la rebaja en la calificación crediticia de S&P. Las reformas laborales que encarecen la contratación formal, el discurso sistemáticamente antiempresarial del Gobierno y la presión constante sobre la independencia del Banco de la República desincentivan la llegada de capital productivo. Menos inversión extranjera directa significa menos proyectos, menos tecnología y, en última instancia, menos empleo formal.
El riesgo de la estanflación
La combinación de inflación elevada con crecimiento económico débil se llama estanflación y es algo los economistas conocen bien (al menos la mayoría, salvo el que está en la Casa de Nariño). Colombia no ha llegado a ese escenario, pero las condiciones están presentes. Una economía que crece al 2,6% mientras los precios suben al 5,56% implica que la mayoría de los hogares pierde terreno en términos reales, aunque el gobierno trate de ocultaro.
Esto es bien conocido en la historia latinoamericana. Aumentos salariales decretados por encima de la productividad, expansión del gasto público financiada con deuda y una narrativa de redistribución que no va acompañada de una base productiva sólida generan exactamente este tipo de resultado. Como resultado, los sectores vulnerables, a los que el gobierno dice proteger, terminan siendo los más golpeados por la inflación.
Lo que viene
El Ministerio de Hacienda proyecta que la inflación cerrará 2026 en torno al 5,8%. Esa cifra, si se cumple, significará otro año en que los precios superan la meta del 3% fijada por el Banco de la República.
Para el ciudadano de a pie, implica otro año de erosión del poder de compra. Para las empresas, otro año de incertidumbre en la planeación de costos y precios. Para el próximo gobierno, una herencia económica que requerirá disciplina fiscal y credibilidad institucional sostenida para revertir.
La inflación se controla con política fiscal responsable, certidumbre regulatoria y respeto a las instituciones encargadas de preservar la estabilidad de los precios. En esos tres frentes, el balance del gobierno Petro es de lo peor que ha visto el país.
