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La judicialización de la política

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Categoría: Opinión
Rodolfo-Colalongo-27-de-abril

Por: Rodolfo Colalongo.

La judicialización de la política se presenta cuando se intenta, mediante la vía jurídica, quitar y/o eliminar “políticamente” a un adversario político, entendiendo que dicho contrincante se puede transformar o se transformó en un rival electoral que compite de par a par o con ventaja por un cargo de elección popular.

Dicha situación, se presenta frecuentemente en las elecciones presidenciales en donde la apuesta política es tan alta que justifica el uso de todos los medios disponibles para eliminar y/o disminuir políticamente al principal competidor.

Incluso, se pueden dar en casos en donde uno de los candidatos representa el centro (Sergio Fajardo, en el caso colombiano) entre los candidatos presentes, volviéndose así, una amenaza política para los extremos (Álvaro Uribe y Gustavo Petro, también en el caso colombiano).

La judicialización de la política comienza por la legitimización de un hecho político como delito y, para ello, necesita de la participación de la rama judicial; lo que demanda un elemento primario, la convivencia, coordinación o captación del poder judicial por parte del poder político, ya sea de manera parcial o total. Dicho evento constitutivo es fundamental para la realización de la judicialización del candidato político debido a que se vuelve necesaria, al menos, el procesamiento del candidato antes de las elecciones o, incluso, la condena en primera instancia para eliminarlo políticamente de la contienda. Además, debe ser exprés, mediático y altamente debatido para lograr la muerte electoral del rival político.

El “proceso judicial” comienza con una denuncia, en la mayoría de los casos por supuestos “hechos de corrupción”, aunque también son comunes los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “alta traición” o “desfalco a la administración pública”, entre otros.

Luego, el fiscal junto con el juez o jueces, le dan vida y forma jurídica al delito en cuestión violando, incluso, el debido proceso o, más grave aún, haciendo punibles conductas o acciones políticas que no están tipificadas como delitos en el código penal.

Una vez el proceso “jurídico-político” se mediatiza con la ayuda de los principales medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y se viraliza en las redes sociales a través de los bots (programas informáticos que se dedican a posicionar cosas e ideas en las redes), el aparato jurídico-político-mediático tiene la “legitimidad social y política” para darle vía libre al proceso judicial, con una diligencia y celeridad pocas veces vista, que permite que en pocos meses se resuelva una causa que en situaciones normales tardaría años.

La sentencia condenatoria es un hecho pactado desde el principio y el opositor político será condenado independientemente de lo que suceda dando como resultado su desaparición del escenario electoral.

Mediante la judicialización política, muchos políticos allanan su camino electoral sin mayores problemas y logran ocupar un cargo público importante, como la presidencia de su país o la alcaldía de su ciudad, que bajo una situación de normalidad política y sin intromisión del poder judicial, tendrían pocas oportunidades de ganar.

La eliminación de los rivales político-electorales es una práctica política de larga data y muy expandida en todo el mundo, aunque muy propia de los sistemas democráticos (las dictaduras no necesitan de este tipo de prácticas políticas porque no hay elecciones o si las hay, no son libres).

En este sentido, la judicialización de la política podría ser el primer síntoma de que nos encontramos frente a una democracia plena con elecciones libres, caso contrario, ¿qué necesidad habría de poner en práctica este tipo de acciones si las elecciones son contraladas por el gobierno? Se practican porque no se controla el escenario electoral. Por otro lado, no en todos los escenarios democráticos se utilizan las mismas prácticas políticas de eliminación política del candidato.

En las democracias más consolidadas, la judicialización de la política es bastante difícil porque cuentan con instituciones robustas e independientes entre si, además de un sistema de pesos y contrapesos que no les permite a los políticos tener la capacidad de influencia sobre otra rama del poder público. Por lo tanto, se decantan por una eliminación política mediante la “denuncia mediática” del contrincante electoral y/o una “denuncia en las redes sociales”, recurriendo, incluso, a la divulgación de noticias falsas (el fin justifica los medios).

Ahora bien, en democracias menos consolidadas, como la mayoría de las democracias de la región latinoamericana, donde la institucionalidad aún está en proceso de fortalecimiento, existen ciertos personajes políticos que logran influir en otros poderes del Estado para favorecer sus candidaturas. En el fondo, el problema no radica en la judicialización de la política sino en la consolidación del régimen democrático. A mayor consolidación democrática, menor riesgo de judicialización política y viceversa.

Sin embargo y contrario a lo que se piensa, la judicialización de la política representa un avance respecto a las prácticas anteriores de eliminación política. Hasta hace muy poco y, particularmente en nuestra región, la eliminación política iba de la mano con la eliminación física del contendiente. En esta lógica política del “fin justifica los medios”, el asesinato político de los rivales electorales era una práctica algo común entre los diferentes contendientes.

En el caso particular de Colombia, dicha práctica política aún hoy es algo recurrente, en especial en zonas alejadas de los principales centros urbanos donde las instituciones del Estado apenas llegan y las contiendas electorales locales (miembros del consejo y alcaldías), son cuestiones de vida o muerte.

En el resto de la región, seguramente con algunas excepciones, dicha práctica se fue extinguiendo en los años ’50 y ’60 del siglo pasado, dando paso a otra práctica que duró poco pero fue ampliamente practicada, la “amenaza política” de revelar algún secreto bien guardado del contrincante político-electoral, generalmente, actos personales (amantes, su orientación sexual o de algún familiar) o, con menor frecuencia, actos públicos (hechos de corrupción, favoritismos políticos, etc.) obligándolo a retirarse en plena campaña política o directamente no presentarse a las elecciones como candidato. Dicha práctica aún persiste, pero su efectividad es prácticamente nula, ya nadie se lo cree o le parece normal.

La amenaza política fue el punto medio que separó definitivamente la eliminación política de la física, permitiendo una evolución de la práctica política. Ya no tenían necesidad de matarlo, solo bastaba “amenazarlo” con revelar sus secretos más íntimos y así evitar que se presentara a las elecciones.

En la actualidad, la judicialización de la política es la práctica política más utilizada en las democracias poco consolidadas o como algunos les gusta decir, en vías de consolidación. Ejemplos para ilustrar la argumentación hay varios: Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Sergio Fajardo en Colombia, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile, Andrés Manuel López Obrador en México, Henrique Capriles y otros en Venezuela, hacen parte o fueron víctimas de esta forma de hacer política.

La política como su práctica es un proceso dinámico que va evolucionando y, seguramente, la judicialización de la política vaya en esa dirección y termine cambiando. Sin embargo y a pesar de ser evidentemente mejor que sus antecesoras, tiene un punto débil y es que pone en duda todo el sistema político porque arremete contra la confianza en las instituciones democráticas, y sin confianza en el sistema político nada puede funcionar correctamente porque toda decisión judicial o política puede ser enmarcada bajo esta lógica.

Bajo este contexto, la judicialización de la política tiende a convertirse en un círculo vicioso de difícil salida, ya que, sus víctimas, muy posiblemente, recurran a la misma práctica como mecanismo de venganza. O, más grave todavía, se busque debilitar institucionalmente al poder judicial para que no interfiera en las otras ramas del poder público.  En cualquier caso, el escenario es poco prometedor.

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