Por Rodolfo Colalongo y Santiago Mariani
El fantasma de la desilusión colectiva recorre la Argentina desde hace un largo tiempo, quizá ya demasiado largo. Esa sensación extendida de desencanto que embarga a millones de argentinos es acaso producto de una acumulación de desencuentros que, durante buena parte del siglo XX, se manifestaron en forma de golpes militares, abusos de derechos humanos, inestabilidad política y económica.
En 1983 parecía que el país finalmente encontraba su punto de inflexión. El 10 de diciembre de ese año regresaba la democracia. Raúl Alfonsín ganaba una elección y encarnaba la esperanza de poder comenzar a navegar una etapa histórica distinta. En sus primeras palabras como presidente, pronunciadas desde el balcón del edificio del Cabildo, invitaba a los argentinos a un compromiso para “…hacer así entre todos, ciertos, esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora están al alcance de nuestras manos…”.
Hechas las sumas y restas podría decirse que, al menos en parte, algunos de esos objetivos fueron logrados. La Argentina ha podido sostener desde entonces el período de alternancia democrática más extenso de su historia, con un sistema político que ha ido consolidando dos coaliciones que integran a los partidos históricos junto con diversas agrupaciones. Las coaliciones en cuestión, que aglutinan en conjunto casi el 80% del total de votos que son emitidos en cada proceso electoral, respetan los resultados que las urnas producen. Es decir, que para dirimir las preferencias ciudadanas la regla de convivencia que se ha normalizado es la celebración de elecciones periódicas y el acatamiento a sus resultados.
Argentina pareciera ir a contramarcha de este momento de crecimiento cuestionando a las reglas de juego de la democracia. La paradoja es que en nombre de la democracia vemos cómo se comienza a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, incluso en democracias más longevas y consolidadas. Basta recordar cómo, a contracorriente de sus mejores tradiciones republicanas, la facción perdedora en las elecciones presidenciales de 2020 encabezada por Donald Trump intentó patear el tablero. Sus partidarios se movilizaron para “defender” el supuesto robo con medidas de fuerza en las calles que terminaron en un asalto al Congreso. El sistema resistió el embate, pero el hecho demostró que los acuerdos implícitos que hacen posible el edificio de una república democrática pueden ser puestos a prueba aún en los países con tradiciones políticas más estables.
La democracia argentina, con un juego electoral en el que el perdedor acepta los resultados, pareciera mantenerse indemne a este otro virus global que amenaza con carcomer al régimen democrático desde adentro. Sin embargo, esa alternancia política que se produce desde 1983 como resultado del respeto a las reglas de juego electorales encuentra su contracara en el plano económico. En esta otra dimensión pareciera flaquear sin poder pasar la prueba ácida de una estabilidad económica que le permita asegurar, del mismo modo que el plano electoral, previsibilidad y estabilidad. En todo caso la regla que se ha convertido en permanente a nivel de su macroeconomía ha sido un ir y venir con descalabros, zozobra e inestabilidad.
En este binomio que combina éxito político y fracaso macroeconómico las coaliciones que vienen gobernando la Argentina no han sido capaces de construir acuerdos mínimos que eviten el descalabro que produce una política económica con altos niveles de emisión, un cuantioso endeudamiento externo, la pérdida del poder adquisitivo, confiscaciones de ahorros y un elevado déficit en las cuentas públicas. La salida de este laberinto a través de un proceso de diálogo político ha sido tantas veces sugerida por los principales actores políticos que la propuesta corre la misma suerte que el peso argentino: una devaluación al extremo.
Esa incapacidad pactista que arrastra la dirigencia política para generar consensos mínimos que permitan estabilizar la economía y darle mayor previsibilidad a la economía no ha tenido, hasta ahora, consecuencias gravosas para la suerte de la estabilidad política. Es difícil aventurar hasta cuándo resistirá esa ecuación de solidez democrática con inestabilidad económica. La evidencia muestra que la estabilidad democrática es resiliente y ha perdurado a pesar de convivir con una inestabilidad económica permanente. Los costos de la inestabilidad vienen incrementando los padecimientos sociales y los efectos perniciosos de una política económica sin mínimos consensos que aseguran un funcionamiento distinto probablemente expliquen esa sensación de desencanto que atraviesa a gran parte de la sociedad argentina.
Las posibilidades de resistencia de un juego democrático que convive al acecho de una situación económica y social en permanente declive podrían debilitarse fuertemente de continuar funcionando de ese modo. Los consensos políticos tácitos en el plano de la competencia electoral, pero sin correlato en la economía podrían encontrar su punto de quiebre.
Las fragilidades estructurales que la pandemia ha desnudado ponen a los padecimientos sociales en otro nivel de la escala. El contexto debería incentivar la construcción de acuerdos tantas veces cacareada, pero el juego de suma cero en los niveles más altos de la representación política sigue detonando la posibilidad de un diálogo que habilite esos consensos mínimos que precisa con urgencia una economía en terapia intensiva. Dios parece ser argentino, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Quizá sea el momento de ser más realistas y pedir lo imposible.
