A más de dos años del inicio del COVID-19, las cifras de capital productivo siguen estando un 20% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Se necesitan nuevas políticas para ayudar a las empresas a impulsar la inversión y el crecimiento, según un nuevo informe.
Un nuevo estudio realizado por el Center for Global Development y el Banco Interamericano de Desarrollo concluye que muchas empresas de América Latina y el Caribe sobrevivieron la pandemia recortando la inversión, pero que esta reducción amenaza ahora con limitar la recuperación económica de la región.
Para revertir la situación y evitar que lleve a una especie de «COVID económico de larga duración», donde un sector privado débil no consigue crear puestos de trabajo ni estimular el crecimiento económico, los gobiernos de la región deberían aplicar activamente una serie de políticas para ayudar a las empresas a impulsar la inversión y contratar nuevos empleados.
Estas son algunas de las principales conclusiones del nuevo informe, que analizó las hojas de balance de un gran número de empresas de toda la región y descubrió que, a pesar de una recuperación económica en 2020 y 2021, los niveles de capital de las empresas siguen siendo un 20% más bajos que antes de la pandemia.
«Aunque es una buena noticia que relativamente pocas empresas grandes hayan fracasado, la caída de su capital productivo implica una cicatriz importante y amenaza el crecimiento económico de la región», dijo Andrew Powell.
«Recuperar el capital es esencial para las empresas después de la pandemia. Pero con el aumento de las tasas de interés a nivel mundial y local y la gran incertidumbre en los mercados internacionales de capitales, es evidente que las empresas tendrán dificultades para obtener el financiamiento necesario para la inversión», afirmó Liliana Rojas-Suarez.
El estudio se elaboró como resultado de las deliberaciones de un grupo de expertos compuesto por economistas y abogados de alto nivel de la región y dirigido por Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del BID, y Liliana Rojas-Suarez, directora de la Iniciativa para América Latina e investigadora principal del Center for Global Development (CGD).
El estudio recogió una muestra de las hojas de balance de las empresas más grandes de toda la región y encontró que la inversión cayó bruscamente, mientras que los niveles de endeudamiento siguen siendo elevados, particularmente en los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19. Además, la demanda de trabajadores formales disminuyó y el empleo informal aumentó considerablemente durante la recuperación.
El informe analiza empresas de una amplia gama de sectores económicos de la región. Aunque los ingresos de las empresas de sectores como la explotación forestal, la minería y otras industrias extractivas se han recuperado en su mayor parte, en muchos sectores -como la construcción, el comercio minorista y la mayoría de las profesiones no manuales- los ingresos siguen siendo muy bajos.
Las pequeñas empresas, que a menudo tienen un acceso limitado al crédito, fueron las más castigadas por la crisis. El informe concluye que las empresas más pequeñas siguen enfrentándose a más problemas financieros y son más propensas a retrasarse en los pagos de la deuda, por lo que una parte importante cierra.
Aunque el crecimiento económico general se ha recuperado de forma significativa en muchos países de la región, el estancamiento de la recuperación de las empresas en sectores clave ha tenido efectos en los trabajadores, sobre todo en las mujeres y los jóvenes. El número de trabajadores en empresas informales ha aumentado respecto a los niveles ya muy elevados de antes de la pandemia. El aumento de la informalidad, advierten los investigadores, limitará aún más la productividad y el crecimiento de la región, sobre todo porque estas empresas formales suelen ser mucho menos productivas.
El informe conjunto del CGD y el BID recomienda varias formas en que los gobiernos podrían impulsar la inversión y la recuperación económica de las empresas de la región:
- La creación de una nueva institución público-privada independiente y de carácter transitorio con el mandato de identificar y apoyar a las empresas que sufrieron durante la pandemia pero que aún son viables y necesitan inversiones. Esta institución debe contar con personal del sector privado para evitar interferencias políticas.
- La promoción de estrategias de digitalización en cada país, con un enfoque en políticas costo-efectivas y que fomenten el crecimiento, como la priorización de la inversión en infraestructura digital.
- Políticas para impulsar e incubar empresas jóvenes y prometedoras y mejorar el acceso al capital de riesgo, tanto a través de las redes internacionales como de los mercados locales.
- Procedimientos legales más sencillos, transparentes y eficientes que permitan a las empresas reorganizarse o declararse en quiebra de forma más eficaz. Una mayor flexibilidad de los tribunales, mejores marcos de insolvencia y un foro internacional de asistencia a las quiebras ayudarían a las empresas fracasadas a reformarse o a concluir sus actividades.
