Medidas para preparar la reforma agraria probablemente ampliaran los problemas de gestión de la tierra
El gobierno anunció el 8 de octubre la compra de 3 millones de hectáreas de tierra cultivable para su redistribución
De acuerdo con los analistas de Control Risks, “ Es probable que las empresas en áreas rurales enfrenten riesgos operativos y de seguridad derivados del activismo agrario y la implementación de la reforma”.
El presidente Gustavo Petro y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, firmaron formalmente el convenio el pasado 8 de octubre. Estableció que el gobierno compraría 3 millones de hectáreas de tierra cultivable de grandes terratenientes para redistribuirlas entre las víctimas del conflicto armado. La ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo el mismo día que se tardaría al menos seis años en asegurar la compra de tierras para los campesinos privados de sus propiedades durante el conflicto armado interno.
El acuerdo fue inesperado. El sector privado no previó que Fedegan llegaría a tal acuerdo con un gobierno de izquierda en el que aseguraba no confiar. Sin embargo, este arreglo anticipó el temor del gremio a la expropiación o invasión de tierras, como ha estado ocurriendo durante los últimos dos meses, y encontró una solución práctica que probablemente beneficie a ambas partes.
La Reforma Agraria (RA) en Colombia es un tema estratégico que formó parte de la campaña presidencial de Petro y se ha presentado como la solución a los problemas que afectan al país desde hace años. Estos incluyen la violencia rural, el desplazamiento forzado, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico. Esta reforma también formó parte del acuerdo de paz que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-18) alcanzó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Invasiones de tierra
Las invasiones de tierras han estado ocurriendo en todo el país desde que Petro asumió el cargo en agosto, particularmente en los departamentos de Magdalena y Cauca. Las ocupaciones están siendo dirigidas por agricultores empobrecidos, muchos de los cuales han interpretado las promesas de Petro como un permiso para llevarlas a cabo, a pesar de su insistencia en que las reformas se llevarán a cabo de acuerdo con el estado de derecho.
La presión del activismo por la tierra está creciendo en medio del deterioro de la situación económica (especialmente el aumento de los precios de los alimentos y la alta inflación). Esto ha agregado otro elemento de agitación social a la ya complicada situación social y aumenta los riesgos de nueva violencia y disturbios civiles.
Implicaciones comerciales
La adquisición de tierras cultivables y la incautación de parcelas obtenidas ilegalmente deberían permitir que muchas de estas víctimas regresen a sus hogares o retomen su forma de vida como agricultores. Sin embargo, llevará mucho tiempo implementar la solución y es poco probable que la presión social disminuya en los próximos seis meses, lo que eleva los riesgos operativos y de seguridad para las empresas en las zonas rurales.
La mayoría de las ocupaciones de tierras tienen como objetivo tierras cultivables ociosas en lugares remotos propiedad de propietarios ausentes, pero es probable que las empresas en áreas rurales donde el activismo de los sin tierra es fuerte tomen las medidas de precaución adecuadas para hacer frente a la invasión y prepararse para la implementación de la reforma rural, que aumenta los riesgos operativos y de seguridad.
Este es particularmente el caso de sectores como la agroindustria, la biotecnología, la silvicultura, la minería, el petróleo y el gas. Además, es probable que persistan los riesgos del activismo por la tierra, que a menudo se vuelve violento, afirmaron desde Control Risks.
