Mujeres en la reactivación económica: endeudadas, sobrecargadas y lejos del trabajo digno

Por: Daniela Mora y Catalina Suárez.*

Las respuestas políticas que consideran salir de las crisis recargando a las clases trabajadoras y medias, sin que empresas y personas poseedoras de grandes fortunas aporten con recursos, son pretextos sociales perversos. También lo son aquellas que consideran sacar ventaja de la situación de injusticia económica de las mujeres empujándolas a tomar deuda con la argumentación de contribuir a sus emprendimientos, bajo la argucia de crear la “gran oportunidad” para la autonomía económica y el cierre de brechas de género en la sociedad.

La situación de desventaja socioeconómica derivada de la desigualdad estructural de género es de conocimiento público y parece estar sobre diagnosticada, pero carece de respuestas estructurales y específicas por parte del agente social con mayor capacidad de brindar y coordinar soluciones de esta índole: el Gobierno Nacional. Reiterando que, esta desigualdad es fruto de la división sexual y social del trabajo que separa las actividades al interior de la familia entre actividades “productivas/de mercado” y “reproductivas/ del hogar” con una asociación a roles de género que no es neutral ni natural sino económica y política^[1]

Las cifras son claras al mostrar que los choques estructurales de este sistema económico crean estímulos de mercado elevando las desigualdades, donde las mujeres son las más afectadas económicamente. En la ocupación de trabajos remunerados, los datos correspondientes a julio 2019 y julio 2020 evidenciaron una tasa de desempleo para las mujeres de 26,2% con resultado de una brecha de género de 10 puntos porcentuales y de 37,7% para mujeres jóvenes, mayor aniquilación de puestos de trabajo participando con el 62% del total de puestos destruidos y, de acuerdo a los datos del Observatorio Colombiano de las Mujeres, se estima que de 15.088.290 personas ocupadas que se verán afectadas por la crisis el 65% serán mujeres, es decir, 6.000.557. En cuanto a la carga laboral, ya las colombianas teníamos dos horas más de trabajo global antes de la crisis, por lo que es de suponer que, en la crisis, aunque hayamos perdido el trabajo remunerado las jornadas globales no hayan disminuido porque el trabajo en la casa y de cuidados ha aumentado de manera relevante: el cuidado de los niños que ya no van al colegio, de los enfermos para no sobrecargar el sistema de salud y de los tele trabajadores que ahora tienen el puesto de trabajo en casa.

En ese marco, de nuevo manipulando la realidad estructural de la inequidad y desigualdad de las mujeres, el gobierno nacional creó mediante el decreto 810 de 2020 -principal herramienta de la reactivación económica con enfoque de género en Colombia- un Patrimonio Autónomo direccionado desde la Vicepresidencia de la República a través de la Consejería para la Equidad de la Mujer y con apoyo del Ministerio de Hacienda, con el cual busca “promover, financiar y apoyar de manera exclusiva emprendimientos, formalización y fortalecimiento empresarial de las mujeres colombianas”. Se trata de una fiducia de manejo público y con recursos de diversas fuentes para otorgar crédito focalizado en mujeres, que hasta la fecha no tiene información precisa sobre su avance.

¿Pero si antes de la crisis el emprendimiento no había dado los resultados esperados por las dificultades en el entorno de negocios, por qué lo habría de hacer ahora? La solución “mágica” del gobierno parece desconocer que también existen brechas de género en emprendimientos y propiedad de negocios. De acuerdo con el DANE para 2019 el 62,6% de los micro negocios fue de hombres, mientras que el 37,4% fue de mujeres y de éstas el 92,3% de propietarias fueron trabajadoras por cuenta propia y apenas 7,7% patronas o empleadoras. Adicionalmente, el 49,3% de los micronegocios de las mujeres se ubicó al interior de la vivienda y el 18,3% en servicios puerta a puerta y una mayor participación en las ventas ambulantes con respecto de los hombres. Desde lo que muestra la dinámica de los micro negocios en Colombia se encuentra que las mujeres “emprendedoras” en Colombia se concentran en actividades de bajo valor agregado, mayor informalidad y con ingresos mensuales por ventas que están por debajo del promedio nacional.^[2]

La creación de empleo como el emprendimiento deben apalancar la generación de recursos propios para las mujeres sin generar más distorsiones frente al fomento del trabajo digno y decente, pero lo que plantea el decreto no es una solución de política pública para la reactivación económica de mujeres sino de mitigación de impactos, lo que configura otra respuesta fallida porque: 1) responsabiliza a las mujeres de la conciliación familiar y de que en su mejor escenario haya una inserción laboral marginal 2) desconoce que en el “emprendimiento” se reafirman los roles de género que perpetúan las brechas porque las mujeres se ubican en negocios que las mantienen en su hogar y 3) no garantiza que los apoyos se focalicen en iniciativas productivas sostenibles, por lo que puede profundizar el emprendimiento por necesidad caracterizado por informalidad laboral, autoempleo y desprotección social.

Un gobierno comprometido con abordar la crisis desde un enfoque de género respondería con acciones sobre los desequilibrios del mercado laboral y para la redistribución de las cargas del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Por un lado; acelerando la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidado bajo una perspectiva de derecho, corresponsabilidad y no de lucro; impulsando la creación de empleos a través de estrategias donde el sector público en concertación con el sector privado permita la inserción laboral de mujeres en jerarquías laborales y en sectores sostenibles que tradicionalmente nos han excluido, irrigando los recursos del FOME a pequeñas y medianas empresas, especialmente en los sectores feminizados incidiendo para que se cree o mantenga un número importante de puestos para las mujeres; ofertando capacitaciones diversas para que no se pierda capital humano en el mediano plazo; reglamentando en las contrataciones estatales criterios que cierren las brechas laborales.

Igualmente, debe pensar en medidas específicas en el corto plazo para trabajadoras remuneradas más afectadas; como en el caso de las empleadas domésticas, que registran una pérdida de 286 mil puestos de trabajo en el segundo trimestre del 2020, sea mediante subsidios extraordinarios con énfasis en jefas de hogar (incluso mediante una Renta Básica Universal) o con incentivos a la oferta donde el Estado cubra la seguridad social. Y también reorganizar el crédito, pero no solo dando acceso focalizado y acompañamiento financiero sino haciendo distinción entre tamaños de empresas y creando oportunidades de contrataciones para los más pequeños o de madres cabeza de familia, abriendo mercados productivos y economía solidaria, incentivando mejoras de productividad y planeando formas de asociación para compartir socialmente el riesgo y la seguridad social de los cuenta propia o los micronegocios.

Buscar la autonomía económica de las mujeres es central para superar situaciones de vulnerabilidad social, mayor incidencia de pobreza, dependencia y agudización de violencias, esto se logra en gran medida con su acceso a la propiedad, el control de la tierra, los bienes y servicios financieros. Pero como lo plantea el gobierno colombiano en cabeza de Martha Lucía Ramírez, el camino a tomar sigue lejos de posibilitar progreso para las mujeres en su conjunto. El Decreto 810 de 2020 se suma al paquete de medidas que no responden de forma contundente a la crisis porque no propende por reactivar el empleo o garantizar un verdadero piso de protección social, asunto estructural y no individual. En una crisis que es implacable con las mujeres, el emprendimiento como solución mágica ofrecida por el gobierno es solo un quite a la garantía del derecho al trabajo digno y un elogio al cuentapropismo como base de la “reactivación” económica.

* Investigadoras en mercado laboral y género. Daniela Mora es politóloga especialista en finanzas públicas. Catalina Suárez es economista magister en sociología del trabajo.

^[1] Esto trae efectos perversos en la participación de las mujeres en el mercado laboral, su subvaloración productiva y sobrecarga de trabajos no remunerados y de cuidados. Lo que pasa no solo en Colombia sino en todo el mundo e incluyendo los países más ricos que sostienen sus menores brechas actuales ocultando la nefasta organización de las Cadenas Globales de Cuidado.

^[2] De acuerdo con la Encuesta de Micronegocios del DANE, para el año 2019: Las ventas mensuales de mujeres en micronegocios son en promedio de $1.613.559, mientras el promedio nacional fue de $2.402.119.