Nueva ley pone en cintura a empresas de consultoría en seguridad, para evitar fraudes y delitos de cuello blanco
De acuerdo a un estudio denominado ‘Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019’, en donde se realizó una encuesta a más de 1.554 empresarios de 18 países de Latinoamérica se reveló que las empresas pierden anualmente un promedio de 1,5 millones de dólares por temas de corrupción y fraude
A finales de 2021 el Gobierno Nacional firmó el proyecto de Ley 2181, por medio del cual estableció las normas para garantizar la seguridad de la cadena logística y prevenir los delitos trasnacionales, y le exigió a quienes prestan los servicios de consultoría en seguridad tener el aval de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia). De esta manera, se busca que también haya un mayor control en la prevención de fraudes y delitos de cuello blanco.
Hay que tener en cuenta que el flagelo de la corrupción y los fraudes no es un asunto de poca monta en el ámbito empresarial y corporativo, ya que cada año genera graves afectaciones económicas. Por lo menos, así quedó demostrado en el estudio denominado ‘Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019’, en donde se encuestó a 1.554 empresarios de 18 países de Latinoamérica y reveló que las empresas pierden anualmente en promedio 1,5 millones de dólares debido a este tema.
Adicionalmente, otra encuesta realizada por la consultora Kroll, destacó que en el caso colombiano 80% de sus encuestados consideraba que el impacto de la corrupción es muy grande para sus organizaciones. Mientras un 47% aseguró que en los casos en que hay programas de cumplimiento y lucha contra el fraude y la corrupción no suelen ser eficientes.
Bajo este panorama el Congreso reguló una ley que tiene como fin el adoptar las buenas prácticas promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) regulando los procesos que requieren una adecuada evaluación y análisis de riesgos, en cualquier tipo de certificación pública o privada.
“Esta Ley es fundamental porque cierra el “vacío legal” que había en el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, puesto que regula a las entidades que desarrollan procesos de consultoría, asesoría e investigación en seguridad dentro de las organizaciones. Además, el hecho promueve procesos más óptimpos de diagnóstico, evaluación, implementación y monitoreo, alineados a las exigencias de los entes y autoridades gubernamentales” explicó experto en gestión de riesgo Raúl Muriel y CEO de Cosinte, consultora experta en seguridad en Colombia”
Y agregó que en Colombia, todos los servicios de vigilancia y seguridad privada ya estaban regulados por el Estado a través de un decreto de ley que es el 356 del año 94. “Pero ese estatuto de seguridad estaba orientado únicamente a los servicios de vigilancia y había dejado el vacío jurídico en temas de consultoría, asesoría e investigación en seguridad. Ahora, con la Ley 2181, solo las empresas que están avaladas por la Supervigilancia, pueden prestar estos servicios”.
En ese sentido, las empresas que quieran hacer o implementar una evaluación de riesgos, hacer estudios de confiabilidad o de seguridad para la selección del personal, entre otras cosas, están en la obligación de verificar que las consultoras quienes les están prestando los servicios se encuentran con la autorización vigente de la Supervigilancia.
Aquellas que no la tengan y realicen estos servicios, deberán ser sancionados con multas que oscilarán entre los 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la Resolución 2946 de 2010.
Además, el artículo quinto de dicha regulación define que las investigaciones administrativas bien sean en entes públicos o privados, buscan prevenir el fraude o cualquier otro riesgo que atente contra los intereses patrimoniales de la entidad, buscando también disminuir delitos como el de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado, entre otras conductas punibles.
Según lo confirmó la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, para junio de 2021 el lavado de activos había generado 6,2 billones de pesos, siendo los delitos de narcotráfico, minería ilegal y corrupción los que más habían promovido el blanqueado de dinero.
El rol que van a jugar las consultoras de seguridad en Colombia, quienes al ser vigiladas por la Supervigilancia, están determinadas a cumplir con procesos más exigentes en la materia y esto permitirá a las organizaciones que estén menos propensas a sufrir de este tipo de delitos.
