En el vasto paisaje de las obras púbicas en Colombia un fenómeno frecuente, persistente y desalentador arroja su sombra sobre el país: las obras inconclusas. Estas estructuras a medio terminar, ya sean carreteras sin pavimentar, hospitales sin equipar, escuelas en las que llueve más por dentro que por fuera, acueductos a medio hacer y puentes, no solo son un recordatorio visual de la ineficiencia y la corrupción que debilitan y deslegitiman al Estado, sino también un obstáculo tangible para el progreso y el bienestar de nuestra sociedad.
Mil setecientas cincuenta y tres (1753) obras inconclusas (entre obras inconclusas y proyectos críticos) no se pueden convertir en parte del paisaje, cada una de esas obras es nuestra y como nuestra debemos apropiarnos y hacer un frente común para impulsar, en lo posible, su terminación.
Es hora de hacer un balance de cumplimiento y eficacia de lo ordenado por la Ley 2020 de 2020, por medio de la cual se creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas que está compuesto por los reportes de cada entidad y por la información obtenida por la Contraloría General de la República -CGR- sobre el particular (art. 3 L.2020/20).
Este balance debe reflejar si se ha tomado en serio lo ordenado en la Ley 2020, lo cual implica verificar como mínimo:
- Si todas las entidades estatales están registradas y reportan en el Registro de Obras Inconclusas
- Si lo actualizan cada mes, tal como lo dispuso la Contraloría General de la Republica en la Resolución 064 de 2023;
- Si el Registro de Obras Inconclusas disponible al público está actualizado.
- Si los jefes de entidad han emitido el acto administrativo que ordena la Ley frente a cada obra inconclusa a su cargo, en el que disponga terminar o demoler la obra (siendo esto último lo menos deseable), con la debida justificación y evidencias.
- Sí existe un plan de acción para cumplir lo que disponga el acto administrativo de terminación de la obra inconclusa (o de demolición).
- Y sobre todo, si se ha cumplido dicho plan de acción.
Los primeros llamados a verificar si han cumplido este mandato legal son los jefes de cada entidad estatal y sus equipos quienes deben ser conscientes que, de no cumplir con los puntos anteriores, pueden ser objeto de procesos administrativos sancionatorios fiscales, ya que incumplir la Ley 2020 es una clara obstrucción al control fiscal, además de los efectos disciplinarios por incumplimiento de un deber funcional de rango legal.
Las contralorías, por su parte, están llamadas a verificar el cumplimiento del reporte por parte de sus sujetos vigilados y ejercer la vigilancia y control frente a cada obra inconclusa a cargo de las entidades que son sujetos de su vigilancia, considerando que cada una de estas es un foco de daño al patrimonio público.
La Auditoría General de la República (AGR), en su ejercicio de control y vigilancia a los demás órganos de control fiscal está llamada a verificar qué acciones han desarrollado sus vigilados frente al cáncer de las obras inconclusas.
La CGR quien por mandato de la ley tiene “la dirección y coordinación” del Registro Nacional de Obras Inconclusas, en septiembre de 2023 informó que de las 1.753 obras inconclusas y proyectos críticos en todo el país, los departamentos con mayor cantidad de recursos públicos comprometidos en obras inconclusas son: Valle del Cauca ($2,9 billones), Antioquia ($1,1 billones), Tolima ($1,03 billones), Santander ($901.000 millones) y La Guajira ($866.000 millones).
De estos proyectos, 1.054 se encuentran categorizados como obras inconclusas, por un valor de $7.02 billones, mientras que los otros 699 proyectos fueron catalogados como proyectos críticos y su valor ronda los $8.2 billones de pesos.
La AGR, en su Boletín Técnico de marzo de 2024 “Análisis Nacional Consolidado de Obras Inconclusas”, con corte 2023, indica que son 982 la cantidad de contratos de obras inconclusas.
Es importante tener claridad si son 1054 o 982 y es indispensable que Colombia tenga acceso a los datos de obras inconclusas actualizados mensualmente y que los órganos de control verifiquen que así sea o de lo contrario tomen las medidas pertinentes.
Pero, lo realmente fundamental e inaplazable es que se genere un frente común entre los actores públicos (cada uno desde sus linderos funcionales), los privados y entre la ciudadanía, para poner el reflector sobre las obras inconclusas y trabajar juntos apostándole, con esfuerzos concretos, a que se terminen, porque debemos hacer conciencia de que “Lo Público Es Tuyo y Mio”.
