La Nota Económica

Primeros 100 días de De la Espriella, entre el bombero y el pirómano

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Categoría: Análisis, Economía
EDITORIAL DEL DIA WEB (7)

El Banco de la República proyecta que la economía colombiana crecerá 2,0 % en 2026 y 1,7 % en 2027, con una inflación que cerraría este año en 7,1 %. Ese es el telón de fondo de los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, un periodo en el que tuvo que atender un terremoto, cerrar la financiación del año y presentar un ajuste fiscal de fondo.

La lectura de conjunto es que el Gobierno usó estos tres meses para fijar el rumbo más que para mostrar resultados. Buscó poner orden a las cuentas y la liquidez, le envió una señal de disciplina a los mercados y cambió la política de seguridad. Lo que todavía no puede mostrar, porque no depende solo de él, es el efecto de esas decisiones sobre el crecimiento, la inversión y el déficit.

Gobernar desde la emergencia

El terremoto que sacudió el occidente del país tres días después de la posesión reordenó las prioridades. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejó cerca de 335 muertos y más de 4.500 heridos. Antes que una agenda legislativa, el nuevo Gobierno tuvo que armar un esquema para financiar la reconstrucción.

Ese esquema combina un crédito del Banco Mundial por USD 400 millones, $624.656 millones para el Fondo Milagro y $700.000 millones de regalías, según el balance oficial de los 100 días de la Presidencia. La respuesta financiera fue rápida. La ejecución, en cambio, arrancó lenta, al punto de que el Presidente cambió la gerencia del Fondo Milagro para destrabar la contratación de obras.

El choque también se sintió en el empleo. La tasa de desempleo subió a 9,4 % en agosto, frente a 8,6 % un año antes. En septiembre bajó a 8,0 %, por debajo del 8,2 % de septiembre de 2025, según el DANE. Ese regreso rápido sugiere que buena parte del golpe laboral fue transitorio. Sin embargo, el costo de reconstruir seguirá pesando sobre el presupuesto de los próximos años.

Poner la casa en orden

El frente donde el Gobierno tenía más margen de acción era el fiscal. El punto de partida lo mostró el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). En junio estimó que cumplir la regla fiscal en 2030 exigía un ajuste 1,6 % del PIB mayor que el calculado un año antes, por el incumplimiento de la meta de 2025, un nuevo desvío esperado en 2026 y un menor crecimiento.

Así, el Gobierno actuó en tres tiempos. Por un lado, recortó $13,8 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026, según el balance oficial, con el congelamiento de partidas que no estaban comprometidas.

Por otro, cerró la financiación del año. El Ministerio de Hacienda colocó USD 5.200 millones en bonos globales, a plazos de hasta 30 años y con rendimientos entre 7,05 % y 8,15 %. La demanda fue de 3,3 veces el monto emitido. Después, el Gobierno le vendió USD 2.000 millones al Banco de la República, que así reforzó sus reservas internacionales. La demanda confirma que los inversionistas siguen dispuestos a prestarle al país a largo plazo, aunque los rendimientos recuerdan que ese crédito no es barato.

Finalmente, llevó al Congreso la Ley de Rescate Económico, cuyo primer pilar es la reducción del gasto del Estado. A esa cuenta se suma la salud. El Ministerio de Salud reporta que su plan de choque resolvió pendientes de 514.072 pacientes, cerca de 28 % de la población priorizada, pero la deuda con clínicas y hospitales, cercana a $27,8 billones, es una presión que el ajuste no resuelve por sí solo.

La lógica de la Ley de Rescate

Más allá de su tamaño, lo que define al proyecto es su lógica. Busca gravar menos a las empresas y más al consumo y a las personas naturales. La tarifa de renta de las sociedades bajaría de 35 % a 33 % en 2027 y a 31 % desde 2028, con una sobretasa temporal de 5 puntos para el sector financiero.

En el IVA, los licores, el software, los servicios en la nube y los vehículos eléctricos e híbridos pasarían a la tarifa general de 19 %. Desde 2028 desaparecería la tarifa de 5 % y la lista de bienes excluidos bajaría de 140 a 36 partidas, con un mecanismo de devolución llamado EfectIVA.

En personas naturales, el ingreso que no paga renta bajaría de 1.090 a 720 Unidades de Valor Tributario (UVT). Entre 2027 y 2030 también se cobraría un impuesto al patrimonio desde unos $5.000 millones. En la nómina, la exoneración de aportes a SENA, ICBF y salud, que hoy cubre a los trabajadores de hasta 10 salarios mínimos, quedaría completa solo hasta 2 salarios mínimos y parcial entre 2 y 3.

Para los grandes proyectos, el Régimen Único para Generar Estabilidad (RUGE) ofrecería una tarifa de renta de 20 % a 26 % y estabilidad tributaria por 16 años, a cambio de inversiones mínimas que arrancan en $135.125 millones.

La apuesta es que una tarifa corporativa más baja y reglas estables atraigan la inversión privada, mientras el recaudo se apoya en una base más amplia de IVA y renta personal. Es una fórmula que los centros de pensamiento económico del país han defendido por años. Fedesarrollo respaldó la ampliación del IVA y el esquema de renta de las personas naturales. Anif, por su parte, consideró que la iniciativa va en la dirección correcta.

Ahora bien, ambos centros coinciden en que el cambio en los aportes encarece el empleo formal, en un país donde algo más de la mitad de los ocupados es informal.

No obstante, frente al RUGE difieren. Fedesarrollo considera poco prudente comprometer al país a 16 años de beneficios para grandes negocios, mientras que Anif lo ve necesario porque la tarifa de renta corporativa colombiana está entre las más altas. Como alternativa, Anif propuso posponer la rebaja de la tarifa de renta a cambio de no subir los costos de nómina.

El proyecto también plantea el principal reto político del Gobierno. La campaña prometió austeridad. El texto combina recortes de gasto con más impuestos. Por eso el Gobierno debe convencer a un Congreso donde no tiene mayoría propia de que ambas piezas son necesarias. Si el debate quita la parte de ingresos sin compensarla con más recortes, el ajuste quedaría a medias.

La economía que heredó y la que administra

El DANE reportó que el PIB creció 3,5 % anual en el segundo trimestre, antes del cambio de Gobierno. Casi la mitad de ese crecimiento, 1,7 puntos porcentuales, vino de la administración pública, la defensa, la educación y la salud, que crecieron 10,0 %. La agricultura fue la única rama que restó.

El primer dato completo del nuevo Gobierno mostró un tropezón. El ISE de agosto cayó 0,04 % anual, según el DANE. Las actividades primarias restaron 0,45 puntos porcentuales y la industria y la construcción otros 0,39. El sector público volvió a sostener la actividad con un aporte de 0,57 puntos.

Esa composición es la mitad de la historia. Una economía que crece de la mano del gasto público es justo la que más siente un ajuste fiscal. Si el Estado gasta menos en 2027, alguien debe tomar el relevo. En el diseño del Gobierno ese papel le corresponde a la inversión privada, por lo que la rebaja de renta y el RUGE son la otra cara del recorte. Su éxito se medirá en la formación de capital más que en el recaudo.

Poco de lo que muestran estos datos puede atribuirse al nuevo Gobierno. Entre los riesgos para la economía, el Banco de la República citó El Niño, el terremoto, el conflicto en Oriente Medio y los precios regulados, factores que escapan a la política económica de corto plazo. En la misma lista incluyó los posibles cambios en la política fiscal.

La inflación subió de 6,1 % en junio a 6,3 % en septiembre. La básica, que excluye alimentos y regulados, se ubicó en 6,0 %. El Banco de la República subió su tasa 25 puntos básicos en septiembre y la mantuvo en 12,25 % en octubre. Un ajuste fiscal creíble le facilitaría la tarea a mediano plazo, porque reduce la presión sobre la tasa de cambio y las primas de riesgo, aunque la ampliación del IVA empujaría los precios cuando entre en vigor.

Por los lados del mercado laboral, la población ocupada llegó a 24,2 millones en septiembre, 322.000 más que un año antes. El comercio sumó 162.000 ocupados y la industria 101.000, mientras la agricultura perdió 184.000. Las expectativas también mejoraron. Fedesarrollo reportó que la confianza comercial subió a 28,6 % en septiembre, 5,3 puntos más que en agosto.

Seguridad, el eje de la agenda

La seguridad fue el frente con más decisiones visibles. La Ley 2640 de Sometimiento a la Justicia reemplazó la negociación política con los grupos armados por un esquema de beneficios penales a cambio de desarme y sometimiento. Según el balance oficial, la Policía hizo 47.873 capturas en los primeros 100 días, 654 de ellas por extorsión. Las autoridades incautaron 131 toneladas de cocaína. El Ministerio de Defensa también reportó menos homicidios, masacres y secuestros en agosto y septiembre.

Para las empresas, la seguridad pesa en costos que no aparecen en las cuentas nacionales, como la extorsión, los seguros y los sobrecostos de operar en zonas de conflicto. Por eso es el frente donde el Gobierno tiene más crédito ganado y donde más rápido se verían los efectos sobre la inversión regional.

No obstante, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que la reducción de ciertas violencias no implica que los grupos hayan perdido control territorial. Los ataques con drones contra la Fuerza Pública continúan en regiones como Cauca, Arauca y Norte de Santander.

Lo que dejan los 100 días

Si se separa lo decidido de lo logrado, el balance es algo más claro. Lo que ya produjo resultados es la financiación de 2026. A eso se suma una política de seguridad con más operaciones y capturas.

Lo que está decidido, pero no ejecutado, es la reconstrucción, que tiene recursos y nueva gerencia, pero todavía pocas obras. Y faltan cosas que dependen de otros, como el ajuste fiscal que depende del Congreso y la inflación que responde sobre todo al clima, a los precios regulados y a la tasa de cambio.

Aquí el Gobierno llega con un respaldo que no da mucho margen de maniobra. La encuesta de AtlasIntel ubica su aprobación en 48,3 % a los 100 días, un capital político que deberá administrar en el debate tributario.

Así las cosas, los primeros 100 días dejan un Gobierno que priorizó ordenar las cuentas y recuperar la iniciativa en seguridad, con la apuesta de que la inversión privada reemplace el impulso del gasto público. El trámite de la Ley de Rescate y los próximos datos de crecimiento del DANE dirán si esa apuesta tiene con qué sostenerse.

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