¿Regla o pirueta fiscal? Lo que le espera al país con estas ‘jugaditas’
La reciente decisión del Gobierno Nacional de buscar activar la cláusula de escape de la regla fiscal es una señal de alerta para la estabilidad macroeconómica de Colombia y, por ende, para el entorno de negocios en nuestro país.
Y es que las estimaciones actuales anticipan que el déficit podría escalar hasta el 7,8 % del PIB, un nivel solo comparable con la época de la pandemia y que configuraría el peor año fiscal en la historia del país. Por si fuera poco, se prevé que la deuda pública neta superará el 63 % del PIB, un máximo histórico por encima del pico alcanzado durante la pandemia.
Ante la clara imposibilidad de cumplir la meta de déficit fiscal del 5,1 % del PIB proyectada para 2025, el Gobierno está desesperado por mostrarse algo menos incompetente. De ahí que quiera maquillar el problema del déficit abogando al único mecanismo que le queda para justificar el no cumplimiento de la Regla Fiscal.
Recordemos que la regla fiscal, vigente desde 2012, se diseñó como un ancla para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica a largo plazo. La idea es que ella limitara el gasto y el endeudamiento del gobierno.
No obstante, hay una cláusula de escape exclusivamente para situaciones excepcionales. ¿Cuáles podrían ser? Desastres naturales, emergencias económicas graves, crisis sociales, una pandemia, etc.
Sin embargo, en la coyuntura actual, múltiples expertos y analistas coinciden en que no existe un evento extraordinario que justifique la activación. En cambio, la situación fiscal se atribuye a un cúmulo de factores internos: exceso de gasto, bajo recaudo tributario y decisiones de política que generan incertidumbre.
Esta activación formaliza un incumplimiento que, según José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, ya se venía dando desde 2024. De darse este escenario, se tendrían casi cinco años de incumplimiento de la regla fiscal los dos que se llevan con un incumplimiento camuflado, más los 3 que permite esa clausula de escape.
Las consecuencias de esta decisión y del deterioro fiscal son múltiples y tienen impactos directos:
- Deterioro de la calificación crediticia: la activación de la cláusula de escape en el contexto actual es una mala señal. No sorprendería que las calificadoras de riesgo, con una perspectiva ya negativa, respondan con una nueva rebaja en la calificación de la deuda soberana del país. Existe una posibilidad «muy alta» de que Moody’s, la única agencia principal que aún mantiene el grado de inversión para Colombia, lo retire.
- Incremento del costo de financiamiento: junto con lo anterior, lo que esto significa que es la deuda se encarecería y cada colombiano terminará pagando más por ella. Al percibirse Colombia como un país más riesgoso, el acceso al crédito internacional y local se encarece significativamente. Esto se traduce en mayores tasas de interés para la deuda pública, como los TES, que podrían escalar a niveles del 13 % a largo plazo -cuando tuvimos periodos recientes de menos de 5 %-, y también para el financiamiento del sector privado.
- Devaluación e inflación: la mayor incertidumbre y el incremento del costo de endeudamiento ejercen presión al alza sobre la tasa de cambio. Esto encarecerá las importaciones y menguará el poder adquisitivo -el de todos, no solo el de los 4.000 ‘más ricos’-. En consecuencia, la inflación volverá al escenario.
- Pérdida de confianza y reducción de la Inversión: la falta de disciplina fiscal y el debilitamiento institucional generan desconfianza en los inversionistas nacionales e internacionales. Esto perjudicará la llegada de inversión extranjera directa y la inversión general, incluyendo la pública, que ya se encuentra en niveles bajos, limitando el potencial de crecimiento económico.
- Impuestos futuros: la activación de la cláusula de escape anticipa un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) con cuentas desbalanceadas y altos niveles de deuda y déficit. En el mediano plazo, sin mayores ajustes de gasto público, serán necesarios más impuestos.
Adicionalmente, la propuesta del presidente de demandar el Presupuesto General de la Nación de 2025, un presupuesto que él mismo aprobó por decreto, añade una capa de incertidumbre institucional sin precedentes. Aunque analistas lo consideran poco probable, si la Corte Constitucional fallara en ese sentido, podría paralizarse la administración pública.
Esta acción, vista por algunos expertos como una falta de coordinación o un intento de justificar mayor gasto vía deuda, confunde a los mercados y cuestiona la planeación gubernamental.
Así las cosas, la activación de la cláusula de escape, sin una justificación de evento extraordinario, es vista por el consenso de expertos como una decisión desafortunada e inconveniente que erosiona la credibilidad fiscal del país. Las consecuencias directas para el sector empresarial incluyen un encarecimiento del crédito, mayor volatilidad en el tipo de cambio, menor inversión y un panorama fiscal futuro incierto.
