El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que suspenderá la aplicación de sanciones y multas relacionadas con la Ley de Transparencia Corporativa para los ciudadanos estadounidenses y las empresas nacionales, tanto bajo las fechas de regulación actuales como en futuras reglas que entren en vigor.
El mismo departamento informó que, en relación con la Ley de Transparencia Corporativa, no se impondrán sanciones ni multas por el incumplimiento de las normativas de reporte sobre la propiedad beneficiaria para los ciudadanos estadounidenses y las empresas nacionales.
Esta suspensión se extenderá incluso después de que entren en vigor los próximos cambios regulatorios. Además, planean emitir una propuesta para modificar la ley, limitando su alcance únicamente a las empresas extranjeras que operan en EE.UU.
Esta medida busca apoyar a los contribuyentes y pequeñas empresas estadounidenses, asegurando que la normativa se ajuste adecuadamente al interés público. El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que esta decisión es parte de una agenda más amplia impulsada por el presidente Donald Trump para reducir las regulaciones que afectan a las pequeñas empresas, que son vistas como un pilar fundamental de la economía estadounidense.
Este movimiento también ha generado preocupación en algunos sectores internacionales, particularmente entre las empresas extranjeras que operan en Estados Unidos, porque podría tener implicaciones indirectas para Colombia.
Mariano Sánchez, CEO de RISKS International, una firma de consultoría especializada en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, expresó su opinión sobre las implicaciones de esta medida para Colombia y las economías internacionales: «Aunque las decisiones que emite el presidente Trump son respetables, hay que decir que las consecuencias directas para la economía colombiana se dan mediante el enfoque de transparencia. Perdemos un terreno que ya se había ganado en materia de transparencia y confianza para realizar negocios con empresas del gobierno estadounidense«.
Sánchez agregó que, al suspender la aplicación de esta ley, se pierde un nivel de confianza crucial sobre quiénes están detrás de las empresas que operan en el país, lo que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas que intentan acceder al mercado estadounidense.
El impacto de esta suspensión también se extiende negativamente a la percepción de seguridad y confianza en los negocios internacionales y podrían verse disminuidas. Según Sánchez, «las empresas extranjeras que no están radicadas en Estados Unidos hacen negocios con esas empresas que sí lo están”.
Aunque la medida está dirigida principalmente a ciudadanos y empresas dentro de Estados Unidos, la eliminación de la obligación de transparencia podría dificultar la evaluación de riesgos por parte de las empresas colombianas que operan con empresas de allá, afectando la percepción de seguridad y confiabilidad en estas relaciones comerciales. Además, podría generar un retroceso en los esfuerzos por fortalecer la transparencia y confianza en los negocios internacionales, un tema importante para la competitividad de las empresas colombianas en un contexto global.
