Informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud refleja el estado financiero del sistema de salud y plantea recomendaciones para contribuir a la sostenibilidad del SGSSS.
El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó el informe “Los retos financieros del Sistema de Seguridad Social en Salud SGSSS”, una radiografía del sector salud que resalta la brecha que hay entre los recursos disponibles y las deudas acumuladas desde gobiernos anteriores en contraste con la alta demanda de servicios y tecnologías de salud. El análisis evidencia que la ampliación del derecho a la salud como lo contempla la actual reforma radicada ante el Congreso requiere de financiamiento adicional para lograr cumplir con las expectativas que se tienen.
Los balances financieros de EPS permiten concluir que algunas instituciones pasan por una situación de inviabilidad financiera que se podría acentuar por la presión de ampliar los procedimientos y tecnologías incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). En el cierre del año 2022 las EPS registraron pérdidas de 2,3 billones de pesos. Los ingresos siguen siendo insuficientes al punto que las EPS deben realizar esfuerzos adicionales para capitalizarse y así responder a una demanda permanente y creciente, al tiempo que algunas han tenido que asumir gastos adicionales para atender a los afiliados trasladados de entidades liquidadas.
El comportamiento de las cuentas ADRES y FOSYGA reflejan el rezago histórico entre los recaudos, las apropiaciones, los compromisos y los pagos a actores del sistema.
Entre las recomendaciones de Así Vamos en Salud, considerando tanto la situación financiera actual como lo propuesto por la reforma, se destaca que en las proyecciones se mencionan gastos que hoy no se contemplan en los más de 87,9 billones presupuestados, lo que podría poner en vilo las atenciones que se cubren hoy. Entre estos gastos sin estimación está el caso de las licencias de maternidad extendidas a toda la población.
El estudio también advierte la inconveniencia de encauzar las finanzas en “una cuenta bancaria” por el riesgo financiero, pues ninguna entidad bancaria podría asumir los riesgos de tesorería, encaje, liquidez y contraparte que implicarían esa centralización de los recursos.
Otra recomendación es reevaluar la estructura de los presupuestos máximos y determinar cuáles de estas tecnologías y servicios deberían ser pagadas con recursos de la UPC integral, de manera que se establezca si los incrementos financieros extraordinarios de 2022 y 2023 han sido suficientes.
No menos importante, es la alerta en torno a la necesidad de tomar acción para solventar los problemas de recaudo a través de fuentes como cotizaciones y SOAT en lo corrido de 2023, para asegurar el presupuesto previamente establecido, en vista de que la adición presupuestal tramitada no permitiría cubrir el déficit estimado ni sustituiría el bajo recaudo.
