Por: Angie Tatiana Ortega Ramírez, docente Facultad de Ingenierías de la Universidad de América.
El anuncio de la Resolución 0221 de 2025, mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán, ha generado un intenso debate a nivel nacional. Esta decisión, que afecta a municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, tiene profundas implicaciones ambientales, sociales, económicas y políticas que deben ser analizadas con rigurosidad y en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo.
Para las comunidades locales, la resolución representa tanto una oportunidad como un desafío. La protección de los recursos naturales es crucial para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas que proveen agua, biodiversidad y otros servicios esenciales. Santurbán, conocido como la «estrella hídrica» de la región, es vital para el abastecimiento de agua de miles de personas en Santander y Norte de Santander. En ese sentido, la declaratoria de reserva temporal es un paso clave en la lucha contra la degradación ambiental y el cambio climático, alineándose con las prioridades del gobierno nacional en materia de sostenibilidad.
No obstante, la medida también genera incertidumbre. Muchas comunidades dependen económicamente de la minería, en especial de la extracción de oro, que ha sido un motor de desarrollo para municipios como Vetas y California. La restricción temporal a la explotación minera podría traducirse en desempleo, reducción de ingresos y un impacto negativo en la calidad de vida de sus habitantes, lo que subraya la necesidad de una transición económica justa y planificada.
En este contexto, es clave preguntarse: ¿cómo articular la protección ambiental con el desarrollo económico y la competitividad territorial? La resolución no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para reconfigurar el modelo de desarrollo de la región. Es imperativo que el gobierno nacional y local, en conjunto con la academia, el sector privado y las comunidades, impulsen alternativas económicas sostenibles.
La Universidad de América, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, juega un papel fundamental en este proceso. A través de la investigación y la innovación, la academia puede aportar soluciones técnicas y viables para una transición económica equilibrada. Iniciativas como el ecoturismo, la agricultura sostenible, la bioeconomía y la generación de energías limpias podrían diversificar la economía local y reducir la dependencia de la minería. Sin embargo, esto solo será viable si existen políticas de acompañamiento, inversión en infraestructura y garantías para una transición justa.
Desde un enfoque nacional, esta decisión refuerza el compromiso de Colombia con la conservación de su biodiversidad y la mitigación del cambio climático. No obstante, es fundamental que las políticas ambientales no agraven las desigualdades regionales. La transición hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser inclusiva, asegurando que las comunidades vulnerables no sean las más afectadas por estas decisiones.
La Resolución 0221 de 2025 es un avance significativo en la protección del macizo de Santurbán, pero su éxito dependerá de cómo se implemente y de las estrategias que se adopten para garantizar el bienestar de las comunidades locales. La academia tiene un rol esencial en la construcción de un modelo de desarrollo que logre un equilibrio real entre conservación y desarrollo. Santurbán no es solo un ecosistema; es el hogar de miles de personas que merecen un futuro próspero y sostenible. Lograr ese equilibrio es un desafío complejo, pero no imposible.