Con una reforma laboral ya vigente, una reforma procesal que entrará en vigor en 2026 y una reforma pensional en suspenso ante la Corte Constitucional, el próximo año estará marcado por ajustes, revisiones y debates clave, especialmente con la llegada de un nuevo gobierno.
Colombia entrará en 2026 en un escenario decisivo para el futuro del mercado laboral y del sistema de seguridad social, con tres reformas en momentos muy distintos de implementación y debate. La llegada del nuevo gobierno será decisiva para el rumbo de las reformas. Aunque la laboral y la procesal ya están
promulgadas, cualquier ajuste dependerá de su agenda y capacidad política, mientras que el futuro de la reforma pensional, aún en manos de la Corte, podría redefinirse o corregirse según la postura de los magistrados y las prioridades de la nueva administración.
Mientras la reforma laboral ya está plenamente vigente y transformando las condiciones de contratación y los costos empresariales, la reforma procesal laboral se prepara para entrar a operar en abril de 2026, modernizando los tiempos y dinámicas de los procesos judiciales. En contraste, la reforma pensional continúa suspendida en la Corte Constitucional tras un empate en la votación de noviembre. El conjuez designado para participar en una nueva votación ya aceptó el cargo, por lo que se espera que la Sala
Plena fije una nueva fecha de votación que permita avanzar hacia una decisión final. Este panorama mixto marcará el ritmo legislativo y económico del próximo año.
“En el corto plazo no se prevén nuevas reformas estructurales oficialmente anunciadas, pero el cambio de gobierno puede abrir la puerta a ajustes y nuevas revisiones. Las normas actuales fueron diseñadas bajo un enfoque político particular, pero dependiendo de los resultados electorales del 2026, una nueva administración podría intentar corregir impactos no previstos de la reforma laboral, revisar elementos críticos de la pensional si llega a ser declarada constitucional, o incluso abrir el debate a nuevos proyectos de modificación. Además, es probable que surjan nuevas demandas de inconstitucionalidad, especialmente frente a puntos sensibles del sistema de pilares propuesto para el reconocimiento de las pensiones.” afirma Adriana Escobar, Socia de CMS Rodríguez-Azuero.
Los sectores más intensivos en mano de obra como comercio, servicios, agro, transporte, hotelería y plataformas digitales, seguirán siendo los más expuestos a los cambios introducidos por la reforma laboral, que incrementó recargos, ajustó reglas de jornada y fortaleció obligaciones administrativas. Para estos mercados, el impacto en costos operativos puede ser significativo. En paralelo, si la reforma pensional supera el control constitucional, trabajadores sin régimen de transición deberán adaptarse de inmediato al nuevo esquema, mientras empresas, administradoras y operadores del sistema tendrán que ajustar procesos, plataformas y reportes.
“La llegada del nuevo gobierno será un factor determinante en el rumbo que tomen estas transformaciones. Aunque las reformas laboral y procesal ya están promulgadas, cualquier modificación dependerá de la voluntad política y de la capacidad del Ejecutivo para presentar y tramitar cambios ante el Congreso. En el caso de la reforma pensional, su implementación, o su eventual replanteamiento, dependerá primero del fallo de la Corte y luego de la agenda del nuevo gobierno, que podría optar por corregir, profundizar o rediseñar aspectos claves del modelo planteado.” concluye Adriana Escobar.
El país enfrenta así un 2026 con riesgos evidentes, como un posible aumento de la informalidad, presiones sobre la capacidad operativa de algunas empresas y retos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Pero también se abren oportunidades: mayor protección para trabajadores rurales y de plataformas digitales, avances en formalización del trabajo doméstico, ampliación de la cobertura pensional, mecanismos más flexibles para mujeres y la posibilidad de descongestionar procesos de traslado entre regímenes. En conjunto, Colombia se encamina hacia un año de transición política y técnica que permitirá medir el verdadero alcance, viabilidad e impacto de las reformas que ya están en marcha y de las que podrían redefinirse en los meses por venir.
