El valor de lo público: la misión que Colombia debe discutir antes de votar

Estamos próximos a un nuevo momento electoral. Una vez más, Colombia tendrá que escoger quién liderará el rumbo del país durante los próximos cuatro años. Y como suele ocurrir en estos momentos, escuchamos planes de gobierno, promesas sectoriales, diagnósticos sobre lo que falta y balances sobre lo que no se cumplió y unos que otros insultos y muchos ataques entre todos los candidatos.

Y si tuviéramos suficientemente desarrollado el deber ciudadano y político; la pregunta de fondo no debería ser únicamente qué promete cada candidato, sino qué entiende cada liderazgo por el valor de lo público.

Esta reflexión llegó a mí a partir del documento A Public Value Framework for Directing Public Finance, del Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP, por sus siglas en ingles) de University College London (UCL), un documento elaborado para Colombia en el año 2024, pero que cobra plena vigencia en el momento actual. El documento plantea la idea del valor público apartándose de la idea de reducirlo a eficiencia, gasto o corrección de fallas de mercado y propone una visión del valor creado colectivamente por el Estado, el sector privado y la sociedad civil, con base en los resultados sociales, ambientales y económicos que una sociedad decide perseguir (Mazzucato, 2023a; Moore, 1995; Ostrom, 1990).

Desde mi experiencia en el sector defensa, liderando iniciativas que buscaban conectar política pública, industria, innovación, bienestar y desarrollo territorial, vivencié algo que no siempre se entiende o se lidera desde lo público: el Estado no solo administra recursos; también puede crear mercados, orientar capacidades, coordinar actores y generar caminos de desarrollo y crecimiento.

Por eso, más que preguntar únicamente cuánto se cumplió de un plan de desarrollo o qué pasó con una política específica, deberíamos preguntarnos algo más estructural: ¿estamos usando las capacidades públicas para crear valor público real?

Y en este sentido Colombia no necesita solamente programas; necesita misiones.

Un enfoque orientado a la misión implica que el Estado defina grandes objetivos nacionales capaces de movilizar al gobierno, al sector privado, a la academia, a las regiones y a la sociedad civil alrededor de propósitos comunes. Según la teoría de Valor Publico promovida por el programa IIPP, en lugar de escoger sectores o proyectos de forma aislada, los gobiernos pueden elegir misiones que requieran innovación, inversión y transformación intersectorial.

¿Qué pasaría si, en vez de escuchar únicamente planes de gobierno, los colombianos exigiéramos misiones país?

Una misión país podría ser, por ejemplo, reindustrializar a Colombia con base en conocimiento, innovación, sostenibilidad y capacidades productivas propias. No se trata de negar nuestras fortalezas actuales. Se trata de avanzar desde una economía excesivamente dependiente de materias primas hacia una economía capaz de producir más conocimiento, más tecnología, más empleo calificado y más valor agregado, que nos lleve a ser más soberanos y autónomos tecnológicamente. Esto podría entenderse como la misión de resolver necesidades en materia de seguridad a partir de desarrollar capacidades industriales, generar empleo, sofisticar proveedores, impulsar innovación, sustituir importaciones estratégicas, fortalecer capacidades duales y conectar sectores como el astillero, metalmecánico, aeroespacial, energético, tecnológico y logístico.

La política de reindustrialización de Colombia, recogida en el CONPES 4129, fue concebida como un catalizador para el crecimiento sostenible e inclusivo, con énfasis en innovación, sostenibilidad, tecnologías digitales, diversificación productiva y reducción de la dependencia de sectores extractivos tradicionales. Pero para que esa visión se materialice, no basta con tener documentos de política. Se necesita gobernanza, coordinación, indicadores comunes, presupuesto alineado y voluntad política.

Y es por esto por lo que el valor público exige, en palabras de Mazzucato un enfoque integral de gobierno: ministerios e instituciones públicas trabajando en colaboración para alcanzar objetivos compartidos, y no operando en silos aislados, y por tanto las misiones permitirían coordinar políticas, herramientas e instituciones para que “el conjunto sea mayor que la suma de sus partes” (Mazzucato et al., 2024).

Y es que, de cara a las elecciones, el debate debería subir de nivel. Colombia no necesita únicamente promesas. Necesita una conversación seria sobre qué misiones nacionales vamos a perseguir y cómo vamos a financiarlas, medirlas y sostenerlas en el tiempo.

Lo público también puede construir futuro. Puede convocar. Puede abrir mercados. Puede orientar inversión. Puede conectar territorios. Puede convertir problemas complejos en hojas de ruta compartidas.Eso exige liderazgo. Pero no cualquier liderazgo. Exige un liderazgo capaz de entender que gobernar no es repartir sectores, sino alinear capacidades. Que ejecutar no es solo contratar, sino transformar. Que innovar desde el Estado no es un lujo, sino una obligación. Y que el verdadero valor de una política pública no está en su formulación, sino en su capacidad de cambiar la vida de las personas.

Frente a todas las propuestas de los diferentes candidatos, ojalá también escuchemos una pregunta más profunda: ¿cuál es la misión de país que estamos dispuestos a construir juntos?

Porque cuando se entiende lo público, en su verdadera dimensión, es la forma más poderosa de crear valor.