“Colombia es un país privilegiado y no hemos sabido aprovechar esos recursos naturales”
El académico plantea la creación de la Alta Consejería Presidencial para la lucha contra la extracción ilícita de minerales y hace un llamado urgente para que el país tenga una política de estado en materia de lucha contra la minería ilegal, responsable de buena parte de la deforestación que padece el territorio.
La Nota Económica. ¿Es posible avanzar en descarbonización sin debilitar la seguridad energética del país?
Milton Montoya Pardo. Lo primero para decir es que descarbonización no se puede entender como pérdida de la seguridad energética, de la soberanía energética o de la autosuficiencia energética. Es totalmente viable iniciar procesos de descarbonización responsables de la economía colombiana que se apoyen en actividades tradicionales como el carbón o el petróleo, para que, precisamente, sean los recursos derivados los que permitan el apalancamiento y la financiación ordenada, programática y responsable de procesos de sustitución productiva en los territorios que dependen de la actividad minero-energética. Así podremos avanzar en descarbonización del sector, pero como lo dije, la descarbonización debe involucrar otros sectores de la economía como el transporte, la industria y la lucha contra la deforestación. Aquí un paréntesis, es urgente que el país tenga una política de estado en materia de lucha contra la minería ilegal, que es responsable de buena parte de la deforestación que padece Colombia. Sí es viable avanzar en descarbonización sin que eso implique vulnerabilidad energética, pobreza energética o pérdida de la seguridad energética.
LNE. ¿Qué tipo de minería debería impulsar el país: gran escala, mediana o formalización de pequeña minería?
MMP. El país debe avanzar en una política minera que fomente los tres tipos de minería. Hace casi 40 años Colombia no tiene un nuevo proyecto minero a gran escala, son muy importantes y necesarios para el apalancamiento económico de la actividad minera a la economía colombiana desde el punto de vista nacional pero también territorial. Más del 90 % de la actividad minera en el país es de mediana y pequeña escala. Urge acompañar con asistencia técnica, buenas prácticas, aplicación de estándares y fomento de la seguridad minera. Para la pequeña minería, es importante avanzar en formalización que se base en criterios de tradicionalidad y de minería ancestral, y no que se disfrace la formalización minera para legalizar prácticas de minería criminal.
LNE. ¿Qué le falta al Estado colombiano para gobernar de manera efectiva el sector minero-energético?
MMP. Una mirada holística de todo el sector, en donde haya un compromiso estatal de fomentar las cuatro actividades: gas, petróleo, electricidad y minería. Cada día, están más relacionadas entre sí. Miremos cómo la crisis del gas ha afectado al sector eléctrico, o cómo el no tener proyectos asociados a minerales críticos como el cobre incide en nuestra producción industrial. Colombia es un país privilegiado y no hemos sabido aprovechar esos recursos naturales.
LNE. ¿Qué país deberíamos mirar como referencia en regulación minera y energética?
MMP. Cada país tiene sus particularidades de acuerdo a los recursos propios, a su institucionalidad o tradición económica. Pero podemos pensar que el referente en materia minera en la región es Chile, por su política asociada al sector eléctrico. Brasil es otro referente por la creación y el fortalecimiento del sector petrolero. Ojalá la política minero-energética pueda despegar en Colombia, especialmente después de estos cuatro años tan difíciles que hemos tenido.
LNE. ¿Dónde debería trazarse la línea jurídica y económica entre informalidad tolerable y actividad criminal?
MMP. La línea es que la minería tradicional se desarrolle sin el uso de medios mecanizados, sin bulldozer, retroexcavadoras o dragones. esto es esencial. En segundo lugar, el criterio de temporalidad, de cuánto tiempo tiene una comunidad desarrollando la actividad minera anclada a sus tradiciones culturales. Tres, que la tradicionalidad esté asociada a unos volúmenes de extracción que permitan una trazabilidad. Hoy en día hay una línea muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad.
LNE. ¿El país está perdiendo control territorial en zonas auríferas o ese diagnóstico es exagerado?
MMP. De acuerdo a las últimas estimaciones alrededor del 80 % del oro que exporta Colombia proviene de operaciones mineras ilegales. Esto es evidencia de la pérdida del control territorial a cargo del Estado, del auge de la actividad minera ilegal por parte de las organizaciones armadas al margen de la ley, y por supuesto, evidencia la actividad minera de oro como mecanismo para el lavado de activos y la financiación de los grupos criminales.
LNE. ¿Qué decisión estructural, que hoy no se ha tomado, definiría el futuro del oro en Colombia?
MMP. La principal decisión estructural que debe tomar el país es diseñar una política de estado en contra de la extracción ilícita de minerales. Esta política debe tener una visión de carácter transnacional, basada en la cooperación internacional. Ojalá se diseñe en el próximo gobierno y debe involucrar inteligencia militar, integración regional, de países como Perú, Brasil y Venezuela y por supuesto, presencia institucional con identificación de las rutas por donde sale el oro. Incluso, hemos planteado que se cree la Alta Consejería Presidencial para la lucha contra la extracción ilícita de minerales. Que sea esta autoridad la verdadera doliente y que se pueda atacar este fenómeno.
