Las obras civiles son el lunar de la construcción en Colombia pero no todo está perdido. El avance de los procesos de digitalización da una luz de esperanza para combatir las irregularidades en el sector.
Si bien es ampliamente reconocida la incidencia de la construcción de obras de ingeniería civil en el crecimiento y desarrollo de un país, también es cierto que desafortunadamente, Colombia es un claro ejemplo de recursos malversados en este campo. Durante muchos años los escándalos de corrupción en construcciones han estado a la orden del día de manera casi generalizada en todo el territorio.
Casos muy mediáticos, como el de la troncal de la calle 26 en Bogotá o el túnel de La línea, e innumerables puentes y obras caídas a lo largo y ancho del territorio, aún están presentes en la memoria de miles de colombianos, sin embargo son muchos más los casos que no salen a la luz, por lo que para evitar la proliferación de irregularidades de este tipo, recientemente la Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, el cual a septiembre de 2020 ya superaba 1.400 proyectos con anomalías, los cuales implican inversiones de más de $25 billones del presupuesto.
La Ley del 17 de julio de 2020 (que crea el mencionado registro), dicta que se deben ubicar e identificar este tipo de obras “con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva”.
La legislación llega en un momento muy oportuno pues, a los problemas de este sector históricamente afectado se suma el impacto negativo de la pandemia, lo que llevó a que en el segundo trimestre de 2020 se presentaran variaciones negativas en el Indicador de Inversión en Obras Civiles IIOC (de -18,8% en los pagos y de -24,8% en obligaciones) según datos del DANE, evidenciando claramente el marcado deterioro.
El impulso que se dará a la vigilancia y control mediante el nuevo marco normativo debería, al menos en teoría, favorecer la puesta en cintura de entidades gubernamentales locales y regionales, en temas referentes a la construcción de este tipo de obras. Así pues, estas iniciativas caen como
anillo al dedo teniendo en cuenta los apretones de cinturón que se avecinan en diversos campos con el fin de cuadrar caja, por lo que evitar los derroches y la corrupción es más necesario que nunca para hacer rendir los escasos recursos.
Teniendo en cuenta el alto nivel de corrupción que se presenta en las obras en toda la región, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) elaboró una serie de recomendaciones para que los Estados puedan librarse de este
flagelo. La primera de ellas consiste en establecer reglas y control en la función pública. Esto se puede lograr mediante protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones. Además se debe fortalecer las instancias de auditoría y fiscalización así como mejorar las capacidades de investigación de los departamentos de justicia.
También sugieren combatir la corrupción con mecanismos de entrada a la burocracia política. Aquí tienen que ver los sistemas electorales transparentes, la profesionalización del servicio civil, y aumentar el atractivo de la función pública. Como tercer elemento señalan la importancia de la transparencia y monitoreo ciudadano. Para ello es clave el acceso a información de alta calidad e implementar prácticas de gobierno abierto en las que las entidades públicas difunden su información sin necesidad de que alguien la solicite.
Por último, la entidad recalca que los controles también deben dirigirse al sector privado con un régimen de cumplimiento estricto para las empresas. Para ello se deben regular las actividades de cabildeo y los conflictos de interés, y reforzar los sectores más vulnerables a sobornos, como es la construcción de infraestructura. Poner en marcha estas recomendaciones en Colombia sin duda será un atarea ardua y que tal vez tome muchos años concretar.
Recientemente la CGR dio a conocer los registros preliminares de los departamentos punteros en el listado de elefantesblancos en Colombia. La deshonrosa lista la encabeza: Tolima con 96 de dichas obras, Antioquia con 92 y Boyacá con 84. En cuanto a las ciudades, ocupan el podio Ibagué al liderar el listado con 39 proyectos, seguida de Cartagena (34) y Arauca (29).
Por otra parte, las obras inconclusas identificadas registran un valor de inversión que se aproxima a los $10 billones. Cabe aclarar que estos son proyectos de infraestructura en los que las entidades aún tienen la opción de reinvertir recursos para su culminación o puesta en funcionamiento. Los departamentos que más tienen obras inconclusas son Bolívar, Meta, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Arauca.
Intensificar la supervisión de los recursos en medio del “Plan Marshall” que se avecina para impulsar la economía, es clave para que no se repitan las bochornosas escenas de sobrecostos y obras no entregadas. La importancia de las obras civiles es reconocida también por el Ministerio de Hacienda, entidad que estima que por cada 100 pesos que se invierte en éstas se generan 229 pesos adicionales. Además, recalca que el sector es un importante generador de empleo, pues a él correspondieron el 6,8% del total de ocupados del país en 2019.
La cartera proyecta que obras civiles crecerán un 13,2% durante el periodo de recuperación, escenario que no deja de ser bastante optimista, teniendo en cuenta la posibilidad de rebrotes en algunas zonas del territorio y la opción latente de nuevos confinamientos. En todo caso, hacienda sostiene que será fundamental que para el desarrollo de los 12 proyectos de 5G en el país, se haga un trabajo de fiscalización de los recursos bastante exhaustivo, pues son más de $17 billones los que están en juego en la construcción de las mega obras que esperan aportar a la competitividad del país.
