Como ‘Proyecto de Inversión Social’ fue presentado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, el nuevo proyecto de reforma tributaria que incluye las medidas para recaudar $15.2 billones, destinados a proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.
El articulado que será radicado el próximo 20 de julio en el Congreso de la República, plantea, en primera medida, una mayor inversión social a través de la extensión de programas como Ingreso Solidario que iría hasta el año 2022, para llegar a un total de 3,3 millones de hogares y del Subsidio a la Nómina (PAEF), que se extendería hasta diciembre de 2021.
De otro lado, en materia de educación, la propuesta contempla mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y continuar brindando estímulos y mejores condiciones a los usuarios de crédito educativo de Icetex.
La inversión total en materia social sería de $8,8 billones en 2021 y de $8 billones en 2022.
Otro de los aspectos clave de la nueva reforma, es que, según el ministro Restrepo, no se tocará a la clase media con impuestos como el IVA, el aumento de la base de las personas naturales que tributan renta o de las pensiones. De igual modo, explicó, que la iniciativa incluye un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022, se contempla, un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero hasta 2025. Medidas que permitirán un recaudo aproximado de $11 billones.
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio, con la reducción de gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos. Además, se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.
De otro lado, el Proyecto de Inversión Social plantea con recursos por $2,7 billones uno de los planes antievasión más ambiciosos que haya tenido el país, con la modernización de la Dian, la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones y la implementación de un sistema de información georreferenciada, para detectar el valor real de los inmuebles declarados.
Así las cosas, la nueva reforma tributaria es el resultado de más de dos meses de consenso con distintos actores de la sociedad como jóvenes, congresistas, beneficiarios de programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales, entre otros, que permitirán, según el ministro de hacienda, José Manuel Restrepo, “darle la mano a los más vulnerables, lograr estabilidad fiscal y contribuir al crecimiento económico del país”.
