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Industria forestal de Colombia impulsa el desarrollo económico y crecimiento social de las regiones

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Categoría: Noticias
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La industria de la madera tiene potencial para crear progresivamente cerca de 2,5 millones de empleos formales directos e indirectos para campesinos, comunidades afro e indígenas entre 2023 y 2052

Las plantaciones forestales comerciales ayudan a proteger los bosques naturales y aportan a la conservación de la biodiversidad, son cultivos planeados con el objetivo de abastecer de materia prima a la industria y colaborar con el medio ambiente, además de ayudar en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que lo habitan y que históricamente han vivido de los productos del bosque.

Es la generación de riqueza ambiental, social y económica, que mejora la calidad de vida de sus habitantes al llevarles interconexión con los centros poblados a través de nuevas vías terciarias, denominadas vías forestales, que permiten al campesino acceder a la salud y a la educación, vías que también hacen posible al campesino poder transportar sus otros productos agrícolas a los mercados, carreteras que facilitan llevar la infraestructura eléctrica a cada hogar mejorando la calidad de vida, y en general acercando lo que el Estado brinda a sus ciudadanos.

La industria de la madera no solo lleva bienestar a la ruralidad, también la lleva a los centros urbanos al proveer materia prima para la construcción y la fabricación de muebles, puertas, papel, envases, etc. En la generación de energía la contribución se hace a través de la biomasa forestal para producir contribuciones a la matriz energética que en el mediano plazo podrían sustituir en buena medida el uso de combustibles fósiles.

Es por ello que la Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS) desarrolló la iniciativa “Misión país” para impulsar programas de transformación productiva rural, cero deforestación del bosque natural y generación de riqueza en lo social.

Las proyecciones señalan que, si Colombia logra desarrollar la masa forestal, para 2026 se generarían 400.000 empleos formales para campesinos, comunidades afro e indígenas y para 2052 se podría llegar a 2,5 millones de empleos, todos ellos de naturaleza agroindustrial sostenible. Así mismo, se alcanzarían más de 3.000 familias vinculadas con proyectos liderados bajo el modelo de Manejo Forestal Sostenible Comunitario (MFSC), aspecto en línea con el desarrollo de la Bioeconomía planteado por el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 radicado por el gobierno nacional.

Y es que en Colombia, el 80% del territorio nacional tiene vocación forestal, pero sólo el 52% está cubierto de bosques. De hecho, la Región Andina, donde viven cerca del 75% de los colombianos, está deforestada.

La industria de la madera no tala el bosque natural para remplazarlo por plantaciones forestales. Los bosques comerciales se establecen en terrenos con vocación forestal que antes tenían un uso del suelo diferente al de su vocación natural, como la ganadería extensiva.

El director ejecutivo de FEDEMADERAS, Juan Miguel Vásquez Suárez, insistió en que Colombia requiere una mayor integración en su estrategia de desarrollo forestal: “a mayor madera legal y sostenible disponible en el mercado, mayores oportunidades para el desarrollo de esta bioeconomía, menor presión sobre prácticas ilegales, sobre el bosque natural, menor deforestación de los mismos”

Respecto al tema ambiental, los bosques comerciales sirven de hábitat para miles de criaturas, al interior de ellos se han identificado 1.222 especies (651 de flora, 77 de mastofauna y 494 de avifauna). De estas especies, 41 se encuentran clasificadas bajo algún grado de peligro o riesgo de extinción.Finalmente, el director ejecutivo de FEDEMADERAS advirtió que los actores del sector y las empresas reforestadoras, promueven la conservación del bosque natural para mejorar las condiciones ambientales de los territorios en Colombia, pero además están comprometidas con la inversión de recursos en pro del desarrollo social de las comunidades. Así, no impulsar o restringir sus operaciones a través de medidas de política pública a nivel nacional, departamental o municipal, es equivalente a limitar los beneficios sobre sus habitantes.

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