»La UPC definida por el gobierno para 2024, dificulta la garantía del derecho fundamental a la salud y la vida de la población de Colombia»

Desde mediados del 2023, diferentes actores del país, dentro y fuera del sector salud, hemos alertado a través de estudios sobre la agudización de la insuficiencia de la UPC para el cubrimiento de las prestaciones y tecnologías en salud incluidos en el plan de beneficios en salud – PBS, situación que se explica parcialmente por el incremento en el costo de las coberturas incluidas, el aumento importante de frecuencias de uso y la dinámica post COVID por prestaciones represadas, sumado al efecto de los traslados masivos de usuarios en medio de adversas condiciones macroeconómicas.

A esta alerta se han sumado desesperados llamados al gobierno nacional sobre el crecimiento de los días de mora con impacto directo en diferentes actores como clínicas, hospitales y proveedores de tecnologías en salud. Actualmente, aún están pendientes por girar los presupuestos máximos de diciembre de 2023 y ajustes a estos presupuestos de las vigencias 2022 y 2023. Debido a esta compleja situación financiera se ha alertado sobre el riesgo de apagón del Sistema de Salud de no realizarse un ajuste adecuado de la UPC (que de acuerdo con los diferentes estudios se encuentra alrededor de 16% solo para parar la grave pérdida que sufre el sistema y sin inclusiones de nuevas tecnologías).

Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución que incrementa la UPC 2024 en 12.01%, sin consulta pública y sin que hasta la fecha haya publicado los soportes técnicos que sustenten dicho ajuste.

Con el ajuste por inflación de la UPC del 2024, lejos de corregirse la insuficiencia manifiesta de la UPC de los últimos años, se agrava por el hecho de realizar nuevas inclusiones al PBS a través de la Resolución 2366 de 2023 y por la destinación del 5% de la UPC al financiamiento de equipos de salud en los territorios. Bajo este escenario, se arriesga la capacidad operativa y la viabilidad financiera de los agentes del sector, y con ello la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la población colombiana. Estas medidas regresivas amenazan además la protección financiera de los pacientes presionando un aumento del gasto de bolsillo en el corto plazo.

Desde la ANDI y sus Cámaras de la Salud -que agremian a los aseguradores, los prestadores y los proveedores de tecnologías en salud- solicitamos una revisión de la UPC que responda a la situación actual de insuficiencia y que haga reales análisis prospectivos de las inclusiones, a fin de que el ajuste se fundamente en un cálculo técnico y completo que garantice que la UPC para 2024 sea suficiente para cubrir las obligaciones del Estado con los pacientes, en concordancia con los múltiples análisis técnicos realizados por las universidades y centros de investigación. De una asignación suficiente de recursos depende el debido funcionamiento del sistema de salud y la garantía de protección del derecho fundamental a la salud y la vida para la población colombiana, los pacientes y sus familias.