Latam: tecnológicas definen propuestas para elevar a Gobiernos en favor de expandir la conectividad

En el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, representantes de gobiernos, organismos internacionales y empresas se reunieron en el Wilson Center, en Washington. El objetivo del debate: incluir a 200 millones de latinoamericanos a la economía digital.   

 Con el apoyo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), empresas de telecomunicaciones, tecnología y la industria audiovisual con presencia en América Latina coincidieron este martes en Washington en definir propuestas concretas para los Gobiernos de la región, que permitan avanzar hacia una regulación moderna e inteligente que incentive las inversiones para acelerar el ingreso de millones de personas a la economía digital.

Asimismo, durante este encuentro, el BID anunció su colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en un proyecto titulado ‘Mapa de infraestructura digital’, que tendrá como finalidad ser soporte informativo y promover a través de datos y métricas información de valor para que las inversiones tengan un impacto económico y social en la región. 

El entendimiento fue alcanzado en una reunión de trabajo en la sede del Wilson Center, como parte de la serie “Going Digital in Latin America” del programa latinoamericano del think-tank con sede en la capital estadounidense, en instancias de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. El evento se hizo con el apoyo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y el patrocinio de Vrio Corp.  

En la reunión hubo pleno consenso en que la digitalización está transformando a las economías del mundo a una velocidad inusitada y la región corre riesgos de quedar relegada en la carrera por la falta de incentivos para la inversión y el despliegue de infraestructura y nuevas tecnologías debido a los marcos regulatorios antiguos, las complicaciones burocráticas y a la alta carga impositiva sobre el sector.   

Tras finalizar el evento, Benjamin Gedan, director del Programa Latinoamericano del Wilson Center, comentó: “El sector privado puede contribuir mucho a la conectividad digital en Latinoamérica, siempre que haya incentivos adecuados y colaboración público-privada”.

En la reunión, en la que hablaron representantes de Gobiernos, de organismos y de empresas, hubo coincidencias en que las nuevas formas de conectividad, entretenimiento y de hacer negocios en la era digital, además de las necesidades de inclusión tecnológica en áreas rurales e incluso en zonas urbanas resulta un imperativo para que los sectores público y privado construyan alianzas estratégicas para incluir millones de personas.    

Maryleana Méndez, Secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), viene trabajando junto a Vrio Corp y el resto de las compañías que operan en la región para contar con puntos de acuerdo general para pasar a la acción en alianzas con los gobiernos y adecuar las regulaciones para promover un crecimiento más dinámico e inclusivo de la conectividad y el acceso a la información.  

“Se necesitan regulaciones modernas que impulsen las inversiones. En paralelo, es fundamental la promoción del desarrollo de la infraestructura digital. Con las normas actuales, que generan una enorme cantidad de trámites, es muy difícil poder llevar conectividad a todos los latinoamericanos. Solo a modo de ejemplo: instalar una torre de transmisión puede demandar hasta un año. Es mucho tiempo en esta era”, describió Méndez.  

Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio Corp señaló que un tercio de la población de la región, cerca de 200 millones de personas, está desconectada. “El desarrollo económico y social de nuestros pueblos seguirá con enormes dificultades si no accionamos junto a los gobiernos de la región por una mayor conectividad”, agregó.  

El evento fue realizado en ocasión de las reuniones de primavera del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y como continuidad del proyecto de acuerdo presentado durante las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, con el objetivo de reducir el gap de conectividad (tanto de acceso como de uso). Estas conversaciones se habían iniciado en Barcelona, en un evento convocado por ASIET y Vrio, en el marco del Mobile World Congress, el 1 de marzo.  

Los puntos de acuerdo para la acción en alianzas con los gobiernos de la región que permitan trabajar más intensamente en el despliegue de conectividad para incorporar a 200 millones de latinoamericanos a la economía digital fueron denominados bajo el título “Tomando acción: Alianzas público-privadas para la inclusión digital en América Latina y el Caribe”. 

Los ítems para la acción sobre los que se discutió:  

1.      Desarrollo de una regulación moderna, liviana y flexible. Un modelo de regulación que incentive el desarrollo de la industria en el entorno tecnológico y de mercado actual enfocando en promover la modernización normativa y minimizar la intervención regulatoria.   

2.      Promover el despliegue de infraestructura digital a través de una mejora de las condiciones para la instalación de redes facilitando los trámites administrativos y procesos vinculados con la extensión de la cobertura, como por ejemplo facilitando la compartición voluntaria de infraestructura e impulsando la neutralidad de las redes.  

3.      Adecuar las políticas y prácticas de gestión del espectro radioeléctrico, con un enfoque centrado en la maximización del beneficio social y el uso eficiente de este insumo esencial para la provisión de servicios.  

4.      Reducir las cargas tributarias y eliminar de asimetrías e ineficiencias en el marco fiscal, con un entorno impositivo más simple, equitativo y eficiente en el uso de sus instrumentos. Se propone reducir o eliminar impuestos especiales sobre servicios de telecomunicaciones.  

5.      Se propone promover asociaciones público-privadas para el desarrollo de capacidades y habilidades para el entorno de la economía digital mediante programas educativos, de formación digital y de capacitación laboral. Y difundir la cultura de la ciberseguridad como política de Estado concientizando usuarios digitales acerca de los riesgos en línea.