El Gobierno radicó su nueva propuesta de reforma tributaria y, como suele suceder con la administración Petro, esto es más un parche apresurado que una solución estructural.
El Gobierno insiste en que su propuesta recaudaría $26,3 billones, suficientes —según ellos— para aliviar el déficit fiscal. Pero los cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) pintan otro panorama: se necesitan al menos $45,4 billones para cumplir con las metas de deuda y déficit establecidas en la regla fiscal.
Dicho de otra forma, incluso si esta reforma pasa sin cambios, el presupuesto de 2026 seguirá desfinanciado, lo que anticipa más ajustes, más deuda o, peor aún, otra reforma tributaria antes de terminar el próximo año.
El problema no termina en las cuentas. El proyecto carga la mano sobre los sectores productivos con un impuesto al patrimonio, ajustes al régimen de dividendos y mayores cargas al sector financiero y al extractivo, que en conjunto podrían representar una caída de 1,2 puntos porcentuales en la inversión privada, según estimaciones preliminares de analistas.
En un contexto de bajo crecimiento, donde el PIB apenas avanzó 0,8 % en el primer semestre de 2025, esta estrategia desalienta el capital productivo y resta competitividad frente a países de la región que han optado por reducir tarifas e incentivar la inversión para dinamizar sus economías.
El discurso oficial de progresividad tampoco resiste un análisis serio. Aunque se promete ‘gravar a los más ricos’, la propuesta incluye impuestos a bienes y servicios de consumo masivo como alimentos procesados, bebidas azucaradas, servicios culturales y hasta a las microempresas.
Esto significa que, en la práctica, el peso del recaudo terminaría cayendo sobre las clases bajas y medias.
A esto se suma un problema político evidente. Con un Congreso fragmentado, un ambiente cargado de desconfianza y un Gobierno que ha perdido capital político, el trámite del proyecto será desgastante. Y aunque se logre una aprobación parcial, el resultado será un texto parchado que difícilmente solucionará el problema estructural de las finanzas públicas. Nunca se ha visto que un Gobierno pida más plata para dejar de gastar (que es uno de los argumentos que esgrimen los defensores del proyecto).
Colombia no necesita otra reforma improvisada. Necesita una que simplifique el sistema, que incentive la formalización y, sobre todo, que promueva el crecimiento económico. Lo que tenemos hoy, en cambio, es una propuesta que amenaza con frenar la inversión, encarecer la vida de los hogares y mantenernos atrapados en el ciclo de reformas cada dos años.
Los 10 puntos clave de la reforma (aunque son 95 artículos cargados de descaro):
- El Gobierno busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación en 2026, una cifra que ya se percibe insuficiente frente a las advertencias del CARF, que estima que el ajuste real debería rondar los $45,4 billones para cumplir con las metas fiscales.
- Se amplía el IVA al 5% para alimentos e insumos agrícolas como café, trigo, aceites, salchichón, chocolate de mesa y pastas. Además, se establece el 19% para licores, telefonía móvil, eventos de entretenimiento como conciertos o espectáculos deportivos, ventas de vehículos usados por intermediarios y juegos de azar. Solo se excluyen los parqueaderos de propiedades horizontales residenciales.
- El impuesto de renta para personas naturales sube con nuevas tarifas marginales que pueden llegar hasta el 41% para residentes, un golpe directo a los ingresos de trabajadores formales y profesionales.
- Se reduce el umbral del impuesto al patrimonio, que pasa de 72.000 UVT a 40.000 UVT, lo que amplía la base de contribuyentes y aumenta la carga sobre patrimonios medios, en nombre de una supuesta progresividad.
- El sector financiero será gravado con 15 puntos adicionales en el impuesto de renta, llevando la tarifa total al 50%, lo que podría trasladarse a mayores costos para los usuarios de servicios financieros.
- Se fortalecen los impuestos saludables y ambientales, incrementando el impuesto al carbono que impacta combustibles como gasolina, ACPM, Jet fuel y carbón. También se amplía el alcance de los gravámenes a bebidas azucaradas, lácteos procesados, carnes frías, panadería, tabaco y alcohol, junto con un gravamen adicional de hasta 15% en renta para el sector extractivo.
- Las iglesias y confesiones religiosas que desarrollen actividades mercantiles deberán declarar y pagar impuesto sobre la renta, un cambio que promete generar controversia política y social.
- Las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares tendrán un impuesto del 30%, incrementando la carga sobre estos ingresos.
- Para las personas jurídicas, se propone reducir el impuesto de renta general del 35% al 30%, una medida que busca dar un respiro al sector empresarial, aunque el impacto real dependerá de cómo se implementen las demás cargas tributarias.
- Se plantea una amnistía tributaria, con descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses para obligaciones morosas con la DIAN, además de una reducción de sanciones relacionadas con obligaciones de la pandemia ante la UGPP, con el objetivo de incentivar la regularización de deudas fiscales.
